¿Era necesaria la muerte de otro estudiante para reflotar la tarea pendiente de seguridad en la Av. España? Pregunta incómoda, pero necesaria tras la trágica muerte de un joven en esa vía, la tercera más transitada del país.
Y hablamos de otro, pues hace años un alumno de la U. Santa María falleció atropellado en la avenida y tras ese hecho se levantó la actual pasarela frente a esa casa de estudios superiores.
Así, el tema de la seguridad está siempre presente y debió acompañar al recarpeteo de la calzada ejecutado en 2018 a un costo de $ 4.050 millones. Los recursos, acordados en agosto de 2017 por el Gobierno Regional (Gore), sumaron $ 5.200 millones aportados por el mismo Gore, el Ministerio de Transportes y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La diferencia entre gasto en recarpeteo y el monto acordado sería empleada en trabajos de seguridad, exigencia ineludible dado el movimiento de la vía, la velocidad imprudente a que circulan muchos vehículos y la cercana presencia de peatones en varios puntos de su trazado.
Sin embargo, tras el fatal accidente mencionado y la puesta en actualidad del tema seguridad, aparece que hay un proyecto del Serviu sobre la materia que, de acuerdo a lo informado por el intendente, Jorge Martínez, "está en observaciones finales". Esto en circunstancias que las alertas sobre seguridad en la vía vienen en un informe de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito de 2017, materia que se reflotó en mayo de 2018 junto con la ejecución de los trabajos de recarpeteo, obras que, entre paréntesis, están "adornadas" por un sumario de la Contraloría por anomalías en la fiscalización que debía ejecutar el Serviu.
Finalmente, junto al proyecto pendiente, aparece el eterno escollo del financiamiento. No hay claridad sobre quién pondrá los recursos. El Serviu le pasa la cuenta al Gobierno Regional, pero el Consejo Regional mira para otro lado, pues nadie le ha planteado esa posibilidad.
El consejero Percy Marín (RN), sin desestimar el pago, pide conocer el costo de la iniciativa, para la cual el Serviu habría anunciado montos variados de $ 700 millones y $ 1.300 millones, y plantea la posibilidad de financiamiento compartido. Más tajante es su colega Manuel Murillo (PPD), que apunta a la responsabilidad de Transportes y Vivienda (Serviu) en la materia.
Y así, en suspenso y confuso está el panorama. El nuevo caso fatal exige claridad y acciones en terreno para que esos hechos no se repitan, garantizando seguridad en la ruta para vehículos, sus ocupantes y también para peatones. Todo esto sin olvidar la ineludible responsabilidad de los conductores de vehículos, la necesidad de controles de velocidad y también de autocuidado de peatones que muchas veces imprudentemente cruzan la transitada avenida.