Como gremio hemos advertido al país que estamos viviendo una crisis de acceso a la vivienda. Múltiples factores han conspirado contra la posibilidad de satisfacer los requerimientos de los chilenos, pero entre los que más inciden destaca el alza de precios por el encarecimiento de la construcción, debido principalmente a un aumento sostenido del valor del suelo.

Entre otras razones, esto a su vez responde a las restricciones normativas. Así, el precio de las viviendas ha aumentado durante los últimos 10 años a un ritmo mucho mayor que los ingresos de las personas, dificultando el acceso de las familias.

Junto con ello, a nivel regional la inversión en construcción ha estado muy debilitada, debido a una menor actividad derivada de la incertidumbre por las reformas impulsadas por el gobierno, la pérdida de confianza de los inversionistas, la escasez de suelo urbano y por el propio encarecimiento de la construcción.

Pero a este cuadro debemos sumar el que durante los últimos meses nuestra actividad y sus más de 70 mil empleos en la región, se ha visto muy afectada por el cuestionamiento a anteproyectos y permisos de obras y por la ausencia de reglas claras para el desarrollo de las ciudades, tal como lo hemos visto en diversas comunas.

En efecto, proyectos de distintas características e impactos urbanos, se han visto amenazados de manera sistemática. Y si bien es cierto, a la mayoría se les ha aplicado regulaciones urbanas o ambientales vigentes, no es menos cierto que muchos de ellos cuentan con las autorizaciones legales correspondientes y el respaldo de empresas de prestigio que hacen un importante aporte al desarrollo regional.

La verdad es que muchas iniciativas han sido obstaculizadas por la acción grupos ciudadanos que, con intereses muchas veces legítimos, presionan a las autoridades para que tomen decisiones favorables a sus posturas, animados por la poca capacidad de maniobra que les deja el impacto público y el costo político de éstas.

El problema es que en esto se arrastra a autoridades, medios de comunicación y la opinión pública, validando visiones sesgadas y post verdades y trabando proyectos debidamente tramitados y en regla. Y, lo que es peor, generando un cuadro de antagonismo entre buenos y malos, que es nefasto para nuestro desarrollo.

Como consecuencia, cada vez es más difícil construir las viviendas que la población demanda. Y, por extensión, la tendencia al alza de los precios no tiene señas de revertirse. Sólo un dato: el déficit habitacional en la región llega a 72.489 viviendas.

Por todo esto, hoy es necesario que la comunidad sepa que los constructores levantamos nuestros proyectos, ahí donde lo permite la ley y cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes. Y por ello se han conseguido los permisos. Y que además hoy no nos deja satisfechos sólo cumplir la ley. Como gremio hacemos acciones concretas por promover que nuestros socios vayan más allá de los mínimos legales, generando un relacionamiento positivo con la comunidad basado en el respeto y las buenas prácticas.

Pero más allá de todo, la falta de certeza jurídica para las inversiones y las trabas que enfrenta esta actividad dinamizadora de la economía regional, están expresando los graves efectos de la carencia de planificación urbana y de visión de largo plazo para construir nuestras ciudades. Y todo esto no hace más que desnudar nuestra falta de consensos básicos como comunidad, acerca del desarrollo urbano.

Ante esto, creemos que uno de los principales desafíos que debemos enfrentar para alcanzar el desarrollo es avanzar hacia una nueva regulación urbana que, reemplazando el actual sistema de planificación territorial y a través de consensos y nuevas definiciones en torno a densificación, política de arriendo y uso y precio del suelo, nos permita hacer frente a la creciente crisis de acceso a la vivienda y generar un desarrollo más equitativo.

Los propagandistas de la tiranía que oprime al pueblo chino suelen sugerir que los integrantes de éste aman al despotismo que los subyuga y consideran a la democracia y los derechos humanos como una ridícula e ineficaz exquisitez occidental incompresible e innecesaria para la milenaria cultura confuciana. Pocos días después del trigésimo aniversario de la atroz matanza de la plaza de Tiananmen de Beijing, cuando semanas de manifestaciones que clamaban por democracia fueron aplastadas por tanques, esa descarada mentira ha sido una vez más refutada, en esta ocasión desde Hong Kong.

Desde fines de marzo, cientos de miles, tal vez incluso millones de habitantes de aquel territorio se han lanzado a las calles para impedir la aprobación de una ley de extradición que permitiría que quienes se encuentren en Hong Kong sean puestos por sus autoridades políticas a disposición de los tribunales del resto de China, carentes de independencia, subordinados al Partido Comunista y propensos a usar falsos cargos para perseguir a los disidentes políticos.

¿Se debe esta erupción de malestar, mayor aún que las de 2003 y 2014, a que Hong Kong padece lo peor de la dictadura que actualmente lidera Xi Jinping? No. Cuando Margaret Thatcher acordó en 1984 devolver ese territorio, entonces colonia británica, en 1997 a China, exigió como condición que durante 50 años Hong Kong mantuviera sus propios sistemas jurídico y económico. Gracias a eso, aunque ahí no hay democracia, sí existe Estado de derecho y libertades fundamentales garantizadas, aunque el Partido Comunista se ha esforzado por erosionarlos. Y en el plano económico, Hong Kong tiene un ingreso per cápita ajustado por poder de compra de US$64.000, que se sitúa entre los de Suiza y Estados Unidos, mientras el conjunto de China tiene uno de tan sólo US$18.000, levemente inferior al de República Dominicana. Los honkoneses son los chinos que más protestan simplemente porque son los únicos que pueden hacerlo sin poner excesivamente en riesgo su libertad y su vida.

La situación es mucho peor en el resto de China, como muestra lo que padecen disidentes como el premio Nobel de la paz de 2010 Liu Xiabo, encarcelado por efectuar una declaración colectiva que reclamaba democracia, y que murió en cautiverio en 2017, luego que se le denegara autorización para viajar a Europa a recibir tratamiento médico. Pero el mayor infierno se vive hoy en la región de Sinkiang, donde habita la minoría étnica uygur, principalmente de fe musulmana, cientos de miles de los cuales, que ascienden probablemente al 5% de la población de la zona, se encuentran recluidos en "campos de reeducación", sin que apenas se hable de ello entre otros.

Todo esto debemos tenerlo muy presente en unos tiempos en que parlamentarios nuestros críticos de aquella satrapía han denunciado los intentos de su embajador en Chile por acallarlos, y en que éste se da el lujo de aparecer en nuestra prensa diciendo mentiras tan pueriles como que en China hay democracia. Y, por cierto, hay que tenerlo también presente ante al entusiasmo de muchos por permitir que aquella terrible tiranía sea la que controle un posible tren rápido que una nuestra ciudad con la capital.