La diputada Camila Flores (RN) presentó hace unos meses, junto a otros parlamentarios de Chile Vamos, una moción para regular la circulación nocturna de los menores de edad, aunque la iniciativa aún duerme en el Congreso, pues "mientras el Gobierno no le dé urgencia, que se le ha pedido al ministro (secretario general de la Presidencia) Gonzalo Blumel en repetidas ocasiones", no se ha podido poner en discusión, planteó la legisladora.

En cuanto al contenido del proyecto, expuso que "busca entregarle facultades a los municipios para que puedan establecer un horario protegido para la circulación de los menores de edad en rangos horarios. Nosotros habíamos propuesto que sea entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, sin perjuicio de que los municipios, los alcaldes, pudiesen establecer un horario distinto".

Atendiendo a lo planteado por los concejales quilpueínos en cuanto a que actualmente no se puede generar una ordenanza sobre esta materia porque iría contra la Constitución, Flores señaló que "por eso tiene que aprobarse este proyecto primero, porque mientras esta facultad sea constitucional y no se regule por estas vías, entraríamos ahí en un conflicto, una colisión de derechos, y por lo tanto, podría ser declarada inconstitucional. Por eso que es tan importante entregarles esta herramienta que hemos ingresado junto a un grupo de colegas hace varios meses atrás, y una vez salvada esta ley, no tendrían ningún problema los alcaldes para poder generar un decreto para regular los horarios, porque estarían amparados por la ley. Esta es una moción, pero probablemente, tendríamos que ver también los alcances constitucionales que tendría, por cierto".

Si bien vencía ayer el plazo para interponer algún último recurso en la causa contra la exconcejala limachina Cynthia Marín, la defensa de la condenada a cinco años y un día por estafas reiteradas interpuso el pasado jueves un recurso de queja en la Corte Suprema, con el objetivo de rebajar la condena a cinco años, de modo que la exedil pueda cumplirla en un régimen de libertad vigilada y no en presidio, como obliga la actual sentencia.

"Hay dos cosas: primero, en la Corte de Valparaíso tienen que dar cuenta de la reposición que presenté y en la Suprema de la queja. La queja apunta a que la Suprema ordenó resolver cuatro aspectos: calidad de funcionaria pública; si era estafa o fraude; el tema del dolo; y el tema de si era delito continuado o delito reiterado. Los tres primeros temas la Corte de Apelaciones los resolvió en la sentencia de reemplazo, pero del último resolvió la mitad del problema planteado", expuso el abogado de Marín, Juan Carlos Manríquez.

Delito continuado

En tal sentido, explicó que "simplemente en un par de considerandos, la sentencia de reemplazo afirma que son dos delitos de estafa reiterados, por tanto, eso hace subir la pena a 5 años y un día, pero no se hace cargo de los alegatos que habíamos planteado, tanto en el recurso de nulidad como en el segundo de intervención oral ante la Corte, respecto a que se estimaba que en realidad no se trataba de un delito reiterado de estafa, sino que de un solo delito continuado; y al ser un solo delito continuado, la pena baja a cinco años".

Ahondando en ese punto, el abogado defensor de Marín agregó que "como la Corte Suprema ordenó resolver esos cuatro puntos y el cuarto no fue resuelto en su totalidad, quedan dos alternativas: o lo falla la Suprema o ésta lo devuelve a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que complemente".

Una vez que ocurra aquello, la actual sentencia de cinco años y un día "podría bajar a cinco años, aunque, obviamente, no lo puedo asegurar", planteó Manríquez.

En cuanto al tiempo que debiera tomarse la Corte Suprema para resolver este último recurso, el jurista estima que podría ir desde 10 días a unos tres meses, por lo cual pidió "la suspensión de la orden de detención, tanto en cuanto se estén tramitando estos recursos". Con esto se asegura de que a su defendida no la puedan tomar detenida si no se han resuelto las acciones que interpuso.