La ministra de Educación, Marcela Cubillos, sostuvo ayer una reunión con representantes del Colegio de Profesores, donde efectuó una "propuesta alternativa" para intentar poner fin a la paralización que ya suma seis semanas. A las pocas horas, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, llamó a finalizar el paro a través de un video que colgó en redes sociales.

"Están sintiéndose los síntomas de desgaste, el cansancio de algunas partes (...) Nos parece que es momento de que tomemos lo que nos ofrecieron, hagámoslo cumplir, repleguemos el movimiento, depongamos el paro, justo antes de las vacaciones", dijo Aguilar.

El documento se votará mañana por los docentes en cada región y ofrece discutir la deuda histórica en agosto, así como un bono a los educadores diferenciales, pero no considera a los parvularios.

La propuesta entregada por el Gobierno al Magisterio señala que el pago de la deuda histórica (que data desde 1981) se comenzará a discutir en agosto, extendiéndose por un año. En la mesa participarán el ministerio, la Dirección de Presupuesto, parlamentarios de las comisiones de Educación y Hacienda, además del Colegio de Profesores.

Bono a diferenciales

El texto revelado también señala una "nueva asignación para las profesoras de educación diferencial, asociada a la especialización en inclusión educativa o social para estudiantes con necesidades educativas especiales".

Quienes cumplan con un curso certificado podrán tener derecho a una "asignación especial de $ 45.000 trimestrales, sobre una base de 44 horas", dice la oferta del Gobierno.

Pese a esto, Educación dejó fuera de la "propuesta alternativa" a los educadores de párvulos, quienes también reclaman mejoras salariales.

"Hemos dado respuesta a los planteamientos del Colegio de Profesores en el marco de un diálogo que consideramos fundamental y confiamos que permita recuperar la normalidad del sistema educativo, en beneficio de los niños y jóvenes que requieren una educación de calidad", señaló el Gobierno y agregó que los días de clases no efectuados durante el conflicto, "deben ser recuperados", para que los docentes no tengan descuentos en su salario.

Redacción

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, confirmó ayer el inicio de una investigación por la supuesta mal administración de cientos de vacunas contra la influenza en el Colegio Alicante del Valle, en Puente Alto, luego de que varios apoderados denunciaran que una enfermera que no habría cambiado agujas ni jeringas al momento de las inoculaciones. Asimismo, los padres, que contrataron de manera particular a la profesional, dudaron sobre si efectivamente recibieron algún medicamento.

"Lo primero es saber cuánta gente se vacunó, luego qué tipo de vacunas se tenía en el lugar y esclarecer si efectivamente se utilizó el mismo material para diferentes personas", dijo Oyarce al visitar el establecimiento donde a fines de junio falleció un menor a causa de la influenza, razón por la cual los apoderados buscaron vacunas para ellos, sus hijos y los profesores, La situación se tornó más apremiante debido a la escasez de dosis en los recintos de salud capitalinos, por lo cual se recurrió a una enfermera privada que alcanzó a atender a 745 personas.

"No podemos aclarar ni decir fehacientemente si se utilizó (la misma aguja) hasta que no tengamos claridad del total del proceso, y además no olvidar que esto está en la Fiscalía, de tal manera que cada uno hará su propia información", indicó Oyarce.

La seremi agregó que "a las personas que fueron vacunadas (hasta la tarde de ayer) no les ha pasado absolutamente nada, no hay información de que haya algún problema o registro de alguna situación de salud hasta el momento. Aquí hay una preocupación por la duda del uso de agujas utilizadas y la inquietud de que la vacuna fuera o no fuera antiinfluenza".

Oyarce, asimismo, detalló que "tenemos algún antecedente de que también" habría ocurrido una situación parecida en Maipú, la cual mantiene a Salud "en proceso de información".

Tenencia de medicamentos

"Está en investigación cómo una persona particular tenía 700 vacunas, dado que la vacuna es un fármaco termolábil, que es autorizado por la institución de salud pública. Por lo tanto, requiere de un proceso de resguardo en cámara de frío. Lo otro es que esto debería haber estado asociado a una farmacia, o a un botiquín, a un servicio de vacunatorio particular de los cuales nosotros tenemos autorizados", señaló la seremi metropolitana de Salud.

La mujer cobraba $7.000 por cada supuesta vacuna: "Si alguien abusó de esta situación para lucrar hay, que perseguirlo con todo el rigor de la ley", dijo el alcalde Germán Codina.

La Justicia italiana condenó ayer a cadena perpetua a siete exmilitares chilenos por su participación en la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980, donde desaparecieron 23 ciudadanos italianos entre Chile, Perú Bolivia y Uruguay. En total, los condenados suman 24 personas, entre ellos un expresidente peruano.

Los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chahuán, Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama figuran en la lista de 24 sentenciados, junto al exmandatario peruano Francisco Morales Bermúdez.

El Tribunal de Apelación de Roma con su veredicto de ayer modificó la sentencia de 2017, que establecía sólo ocho cadenas perpetuas pero absolvía a 19 imputados por haber prescrito los delitos, fallo que en su momento decepcionó a las familias demandantes.

Los 24 políticos y exmilitares fueron condenados por homicidio voluntario y deberán también pagar los costos del juicio e indemnizaciones a familiares y asociaciones que componen la acusación.

Búsqueda

El proceso comenzó con la denuncia en 1999, en Italia, por parte de un grupo de familiares de desaparecidos, un año después de que se ordenara la detención en Londres, Inglaterra, de Augusto Pinochet, tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.

Desde aquel momento, fueron buscados los responsables por la desaparición de una veintena de ciudadanos latinoamericanos con orígenes italianos, opositores políticos y activistas de izquierda, quienes desaparecieron en la Operación Cóndor.

El veredicto de ayer es "una gran victoria de la Justicia", explicó a la agencia de noticias Efe la abogada Alicia Mejía, que representa a los parientes de Jaime Patricio Donato Avendaño, miembro de la Junta Central del Partido Comunista chileno y desaparecido en 1976.

Asimismo, hasta Roma se desplazó ayer el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, Diego Jiménez, quien aseguró que el fallo supone "un remanente de justicia impecable. (...) Hoy es posible decirle a la impunidad que no pasará, que es posible esperar justicia", afirmó.

"Es un mensaje simbólico para las nuevas generaciones de que debemos construir la memoria, que quienes cometieron semejantes crímenes no van a quedar en la oscuridad", agregó la autoridad.