EFE

Rusia apuesta por la economía boliviana, que crecerá este año entre 4 y 4,5%, al mostrar su interés en la exploración de yacimientos de litio bolivianos, la energía, la agricultura y grandes proyectos de infraestructura.

Los gobiernos de ambos países firmaron ayer, en presencia de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bolivia, Evo Morales, una serie de acuerdos de cooperación, entre los que destaca el que permitirá desarrollar la industria boliviana del litio.

"Hemos abordado el interés del empresariado ruso en la exploración de yacimientos de litio bolivianos", dijo Putin tras reunirse con Morales en el Kremlin, donde explicó que en los proyectos que se lleven a cabo se utilizará "alta tecnología ecológicamente limpia".

Bolivia cuenta con una de las reservas más grandes de litio del mundo en los salares de Uyuni, Potosí y Coipasa.

El Ejecutivo boliviano inició el proyecto de industrialización con una serie de plantas piloto y este año el país andino prevé producir unas 400 toneladas de carbonato de litio, fase previa para la fabricación de baterías. Empresas alemanas y chinas ya participan en proyectos en Uyuni y en Coipasa, según el Ministerio de Energías de Bolivia. Empresas rusas se han sumado al interés.

"En trece años que llevamos en el Gobierno, seis hemos sido los primeros en crecimiento en Sudamérica", celebró el Presidente boliviano, cuyo Ejecutivo proyecta un crecimiento del 4,5% del PIB para este año.

Más inversiones

Los gobiernos acordaron aumentar el volumen de inversiones y de comercio.

En esa línea, Putin anunció que Rusia participará en un programa de conversión de vehículos de transporte y pasajeros a motores de gas y que se intensificará la cooperación en agricultura. "Espero que pronto sean suministrados al mercado ruso productos agrícolas de origen boliviano, incluida carne de ternero", expresó Vladimir Putin.

En energía, destacó la inversión de 500 millones de dólares por parte del gigante gasístico ruso Gazprom en el desarrollo de la industria de petróleo y gas en Bolivia, así como la construcción del Centro de Investigación Nuclear y Centro Tecnológico en El Alto, el que dedicará su labor al uso pacífico de la energía nuclear y a la investigación energética, médica y agroalimentaria.

"Estos acuerdos permiten seguir garantizando una mayor inversión, más comercio (...) Que gane Bolivia y que gane Rusia. Y para Bolivia, pero también para América Latina, es muy importante la presencia de Rusia por muchas razones de carácter geopolítico", sostuvo Evo Morales.

Francia aprobó un impuesto a empresas tecnológicas gigantes como Google, Amazon y Facebook, pese a las amenazas de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles sobre las importaciones procedentes de Francia.

La votación en el Senado francés se produjo horas después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara una investigación sobre el impuesto bajo la misma premisa utilizada el año pasado para investigar las políticas de tecnología de China, que condujo a la imposición de unos aranceles sobre productos chinos por 250 mil millones de dólares.

El impuesto representa un gravamen del 3% sobre los ingresos en Francia de las compañías digitales con ventas globales de más de 750 millones de euros (844 millones de dólares) al año y unos ingresos en el país europeo por encima de los 25 millones de euros. El impuesto afecta principalmente a las empresas que usan los datos de los consumidores para vender publicidad en internet.

Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas, dijo que los "gigantes económicos" muestran "atributos monopolísticos" y no sólo quieren "controlar una cantidad máxima de información y ganar dinero con esos datos", sino también evitar impuestos.

Vincent Lambert, un hombre en estado tetrapléjico que encarnó en Francia el debate sobre el derecho a una muerte digna, falleció ayer, nueve días después de que se le retirara la alimentación e hidratación artificiales que lo mantenían con vida desde hace más de diez años.

Lambert, antiguo enfermero de 42 años, murió en el hospital de Reims, en el noreste del país. Quedó tetrapléjico y totalmente dependiente tras un accidente de tráfico en 2008, poco después del nacimiento de su hija, y desde 2011 los médicos habían descartado toda posibilidad de mejora.

La ausencia de un testamento vital había mantenido enfrentado a su entorno: sus padres, católicos tradicionalistas, se oponían a retirarle el tratamiento al considerarlo una eutanasia encubierta y defendían que su hijo no era un enfermo terminal.

Gran parte de su familia, empezando por su mujer y tutora legal, Rachel Lambert, alegaban que Lambert había dejado claro en el pasado que le angustiaba vivir sus últimos días en estado vegetal.

El equipo médico del hospital inició el protocolo de fin de vida el 2 de julio, cuatro días después de que el Tribunal Supremo reabriera la vía para hacerlo.

Era la tercera vez que lo iniciaban, pero en las dos anteriores los padres lograron frenarlo con procedimientos de urgencia ante la Justicia.

La eutanasia no es legal en Francia, pero desde 2016 se autoriza aplicar una "sedación profunda y continua" a un paciente en estado irreversible.

Con esa normativa, los facultativos pueden retirar los medicamentos que lo mantienen vivo artificialmente así como la nutrición y la hidratación, mientras que le siguen administrando analgésicos para evitar que sienta dolor.

Tras conocer su muerte, los padres de Lambert manifestaron que se trataba de "un crimen de Estado".

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió aumentar la presión sobre Filipinas por los posibles excesos de su guerra contra las drogas y aprobó una resolución que encarga a la alta comisionada, Michelle Bachelet, que su oficina haga un seguimiento de la situación y prepare un informe de ella.

La iniciativa fue de Islandia, a la que secundaron la Unión Europea y países latinoamericanos, todos ellos preocupados porque las ejecuciones extrajudiciales en redadas antidrogas que quedan en la impunidad. Chile se abstuvo.

Motivo de alarma

En su informe al inicio del actual periodo de sesiones del Consejo, Bachelet denunció que las muertes y las ejecuciones extrajudiciales continúan en Filipinas y que incluso las 5.425 muertes confirmadas por el Gobierno deberían ser ya motivo de gran alarma.

A ello agregó que las autoridades deberían dar "información completa y transparente sobre las circunstancias de esas muertes", así como de las investigaciones que se estén realizando, lo cual serviría para disipar cualquier falsa acusación y que las autoridades recuperaran la confianza. Esta vez, a Bachelet se le pide que presente un informe sobre la situación en junio de 2020.

En Filipinas se registra una media de 27 ejecuciones extrajudiciales al día, según difundió Amnistía Internacional.

Islandia decidió presentar una resolución tras dos años de contactos con el Gobierno que no dieron resultados positivos. Para dar la posibilidad de mantener ese diálogo abierto, se optó por pedir al Gobierno del Presidente Rodrigo Duterte que tome todas las medidas para prevenir los asesinatos y las desapariciones forzadas, y que colabore con la ONU permitiendo que sus representantes de derechos humanos visiten el país sin ser intimidados.

Filipinas reaccionó muy molesta a esta resolución, que consideró "políticamente motivada" y basada en informaciones falsas, y adelantó que la ignorará.