Niños vulnerables del país, como los que son atendidos en centros del Sename, serán los principales beneficiarios de la entrega de 6,5 millones de pañales que la empresa Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) hará en compensación por haberse coludido con la firma Kimberly Clark para fijar precios elevados de este producto.

Si bien la colusión prescribió pues concluyó en 2009, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) acordó con la CMPC la distribución de cerca de 160 mil paquetes de pañales a las familias más vulnerables del país.

A quiénes se dará

Según explicó el director del Sernac, Lucas del Villar, "estamos hablando de niños que están en centros del Sename, muchos niños que viven en las cárceles privados de libertad junto a su madre y también los que viven en campamentos".

De todos modos, Del Villar manifestó que "no hay ningún monto que pueda restablecer la confianza de los consumidores, pero hemos intentado dar una señal de que las compensaciones deben ser directas".

Los 160 mil paquetes de pañales desechables que serán entregados a los niños más vulnerables, serán distribuidos principalmente a través del programa Chile Crece Contigo.

El cálculo para llegar al número de pañales se estableció por la cantidad de recién nacidos en un año calendario dentro de los hospitales públicos y en el proceso se ha involucrado a la Subsecretaría de la Niñez y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La entrega de los paquetes se hará efectiva en agosto y la medida se enmarca en lo anunciado ayer por el Sernac respecto de los 14 mil pesos que recibirán los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria (PBS), como parte del remanente de la compensación del papel higiénico, dinero que será distribuido en forma automática a través del Instituto de Previsión Social en sus liquidaciones del próximo mes.

En agosto de 2018 concluyó el periodo del pago de la compensación que recibieron más de 13 millones de usuarios, chilenos y extranjeros mayores de 18 años, por el mencionado caso. Tras ello, quedó un remanente de $8.288.551.051, suma que, según anunció la CMPC, será la que distribuirá entre beneficiarios de la PBS. Serán 589.983 personas las que recibirán los $14 mil.

Se supo en 2016

La colusión de precios de los pañales se supo en diciembre de 2016 e involucró a las empresas CMPC y Kimberly Clark entre los años 2002 y 2009.

En el documento de delación compensada que entonces la CMPC entregó a la Fiscalía Nacional Económica, la Papelera reveló que dispuso de "acuerdos de alzas de precios, intercambios de información de alzas de precios, coordinación en la participación en actividades promocionales y acuerdos de posicionamientos relativos de precios".

La CMPC reportó que tales acuerdos "se habrían alcanzado principalmente en relación a pañales de bebé, pero habrían involucrado también a otros productos del negocio sanitario".

La Fiscalía Nacional no pudo investigar el caso, porque al haberse dado entre 2002 y 2009, ya había cumplido los cinco años en los que queda prescrito.

Las instituciones públicas no deben bloquear a usuarios en sus cuentas de Twitter, dictaminó la Contraloría General de la República. Y si lo han hecho, deben desbloquear a los afectados.

El dictamen fue firmado por el contralor general, Jorge Bermúdez, y es un pronunciamiento ante la denuncia de Manuel Lobos González y David Zúñiga Vera. Ambos fueron bloqueados por la PDI en su cuenta institucional de Twitter.

La jefatura jurídica de la PDI reportó al órgano fiscalizador que posee un manual de uso de redes sociales, reservándose el derecho a bloquear las cuentas de usuarios que transgredan ciertas normas básicas. Un ejemplo de ello es el uso de lenguaje violento, soez, ataques a instituciones, autoridades y a cualquier tipo de minorías, entre otros tópicos.

Además, la PDI sostuvo que es facultad exclusiva y excluyente de todo administrador de una cuenta de ese tipo la de aceptar y/o bloquear discrecionalmente a sus seguidores y/o comentarios efectuados.

Derechos y libertades

Sin embargo, la Contraloría resolvió que, de acuerdo con el artículo 5° de la Constitución, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la misma.

También citó el artículo 8° de la Carta Fundamental, que prevé que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Además, consignó que el artículo 19 asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esas prerrogativas.

Asimismo, tal precepto asegura a toda persona "el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes".

Sobre el uso de redes sociales, la Contraloría recordó que se puede usar las tecnologías de la información para apoyar la labor administrativa. La postura halla su fundamento en los principios de eficiencia y eficacia, transparencia y publicidad administrativas y debido cumplimiento de la función pública por los organismos públicos. Por esto, el ente estableció que la cuenta institucional de Twitter de un organismo como la PDI corresponde a un bien de dicho servicio.