"Se abalanzó sobre mí, (…) procediendo además a sacudirme en forma violenta"
Jorge Sharp
Alcalde de Valparaíso, en querella por agresión en su contra
"Sabemos el nombre, la dirección y el teléfono del presunto remitente"
Sebastián Piñera
Presidente, sobre encomienda con explosivo en Comisaría
El nombramiento de María Angélica Repetto como ministra de la Corte Suprema ha sido un acontecimiento que no ha pasado inadvertido en nuestra región. Su designación se ha celebrado efusivamente como una victoria regionalista, siendo este aspecto (el regional) destacado incluso por la propia aludida ante los medios de comunicación.
Pero, ¿No es curioso que algo que debiera parecernos de lo más normal, como la promoción de un juez, provoque tanta efervescencia en una región? Precisamente ese es el problema. Lo que puede parecer cotidiano en un país cualquiera, no lo es en Chile, uno de los países más centralistas del mundo.
El centralismo es una realidad tan arraigada en nuestra cultura que incluso abarca el aspecto judicial. Un reciente informe del CEP (Hernando y Sierra) revela que entre 1990 y 2019 el 80,9% de los nombramientos de ministros de la Corte Suprema recayó sobre un juez que desempeñaba previamente sus funciones en Santiago (34 de 42 ministros).
Estas cifras son contundentes y nos llevan a plantear la siguiente interrogante: ¿Qué razón explica esta predilección por los jueces santiaguinos?
Parece difícil justificar este fenómeno sin caer en eufemismos. Si argumentamos que la razón de fondo consiste en la mayor aptitud de los sentenciadores de la capital, tendríamos que concluir que en Chile existen dos tipos de justicia. Por un lado, tendríamos una justicia de primer nivel, integrada por jueces revestidos de una preparación intelectual superior, a tal punto, que incluso son merecedores de ser promovidos al máximo cargo de la carrera judicial. Y por otro lado, tendríamos una justicia de segunda categoría, la justicia de las regiones, aquella compuesta por jueces que -salvo excepciones- no son suficientemente dignos de ascender.
Ciertamente, una explicación como la anterior sería inaceptable de cara a la ciudadanía, pero es lo que cualquier persona puede concluir basándose en las estadísticas.
Por otra parte, esta tendencia no sólo entrega una señal nefasta a los usuarios del sistema judicial (aquellos que han visto vulnerados sus derechos), sino también a los propios magistrados. No es razonable que un ministro de una Corte de Apelaciones ubicada fuera de la capital tenga que asumir que sus opciones de llegar a la cima del escalafón judicial son mínimas en comparación a sus colegas de Santiago. El panorama no deja de ser paradójico, ya que quienes deben revelarse ante la desigualdad ante la ley son, a su vez, víctimas del mismo flagelo.
Para evitar estos cuestionamientos urgen medidas contundentes que evidencien la realidad de las cosas, esto es, que en todas las regiones hay jueces preparados para llegar a la cúspide del poder judicial. Una buena medida para ello sería establecer por ley que un cierto porcentaje de los ministros de la Corte Suprema deban provenir de Cortes de Apelaciones fuera de la Región Metropolitana. Quizás ahí podremos hablar de un verdadero compromiso con la igualdad de oportunidades dentro del poder judicial. De lo contrario, nuestros jueces deberán esperar otros 20 años para que se les reconozca su trayectoria y sean considerados, en el mejor de los casos (al igual que Repetto), como la segunda alternativa.
El alevoso asesinato de don Nicolás Tirapegui cometido en su propia hacienda ha conmovido al pueblo de Los Angeles. Las autoridades, el juez del Crimen, el Gobernador y un escribano, salieron el viernes, a las 14.30 horas para levantar el sumario. Se dice que se ha aprehendido a algunos de los autores de este crimen.
LONDRES, 25.- Al fin llegaron a un arreglo el Primer Ministro Lloyd George y los mineros ingleses, a través del Comité Ejecutivo de la Federación Inglesa. De este modo terminó la huelga que tuvo a 250.000 trabajadores de brazos caídos. La paralización estaba amenazando a varias industrias importantes de Gran Bretaña.
El magistrado del Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, cursó una orden de detención contra el dirigente marítimo y presidente de la FEMACH y de COMACH, Wenceslao Moreno Avila, por una denuncia de "apropiación indebida de fondos" que presentaron en febrero pasado dos estibadores jubilados de esta ciudad.
Las 480 familias de la Villa Hanga Roa, emplazada a un costado de la Ruta 68 en el sector de Rodelillo, proyecto de viviendas sociales que surgió el año 2006 y que finalmente se concretó en el 2010, tras sortear los múltiples vaivenes administrativos y financieros que implican una iniciativa de esta envergadura, ven con preocupación que el sueño por el que tanto lucharon quede truncado por la desidia de las autoridades de turno. Transcurridos diez años aún no se concretan las medidas de mitigación que debía realizar el Serviu.
Las cerca de 50 toneladas de material que se deslizaron del talud que soporta a parte de los block de departamentos, genera gran preocupación entre los residentes de los bloques 3 y 4, que, desde sus ventanas, observan que la ladera está a menos de tres metros de las construcciones y una nueva lluvia o movimiento telúrico puede generar nuevos desprendimientos. Si bien tras el desmoronamiento del lunes se convocó a un comité de emergencia en el que participaron Serviu, Municipalidad de Valparaíso, Onemi, Sernageomin y Gobernación Provincial, donde se adoptaron las primeras medidas para resguardar la seguridad de los residentes de la villa, existe una serie de situaciones que mantienen inquietos a los vecinos.
El Serviu, a través de su director regional, Tomás Ochoa, anunció trabajos para superar la emergencia, pero no existe claridad sobre los montos que se requieren y los resguardos que se deberán adoptar para retirar más de 250 metros cúbicos de tierra y evitar que el terreno sufra nuevos desmonoramientos.
Desde el Concejo Municipal fueron mucho más drásticos en su conclusiones y apuntaron directamente a la responsabilidad del Serviu, que hace 10 años debió haber realizado los muros de contención en las laderas, como parte de las medidas de mitigación -también incluyen la accesibilidad y una rotonda- que aún quedan por ejecutarse. Tal retraso generó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) aún no haya aprobado la recepción final para la urbanización del sector, impidiendo con ello que los dueños puedan realizar la escrituración de sus propiedades e inscribirlas en el Conservador de Bienes Raíces.
Han pasado diez años. Para muchos una eternidad para que se cumplan los compromisos suscritos por organismos públicos, sin embargo, como muchas cosas que ocurren en Valparaíso, parece a nadie importarle.
De no ser por este lamentable episodio, los habitantes de villa Hanga Roa tendrían que seguir esperando, resignados. Sin embargo, nadie asume las responsabilidades políticas de este descalabro.
Según informó la DOM en el pasado Concejo Municipal, el talud artificial que dejó la empresa constructora alcanzó ahora los 70 grados de inclinación, "una situación riesgosa porque la altura de ese talud es de alrededor de los 14 metros y el Block 4 de ocho pisos está a metro y medio del borde".
Si alguien no hace algo a tiempo, sólo queda esperar que dicha negligencia no provoque una tragedia mayor.