El pasado martes 23, el Tribunal de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella criminal que el alcalde porteño, Jorge Sharp, presentó en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices y encubridores del delito de atentado contra la autoridad y lesiones leves a raíz de la supuesta agresión recibida por el jefe comunal en el sector de Laguna Verde, bajo el contexto de la celebración de audiencias públicas vinculadas al proceso de discusión del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) de Valparaíso.

Compleja situación que se desarrolló el sábado 20 de julio, y en donde, según puntualiza la querella, en instantes en que el alcalde Jorge Sharp se disponía a abandonar las dependencias en las que se desarrollaba exitosamente la actividad antes descrita, "un grupo de aproximadamente seis personas intentó boicotear la actividad de manera abiertamente violenta, con amenazas verbales e intentos de agresiones físicas".

Detalles de la querella

En este sentido, y en palabras del propio alcalde Sharp, la acción judicial agrega que "cuando salía de la reunión, una de estas personas que se encontraban fuera del recinto en el cual se desarrollaba el acto se abalanzó sobre mí, profiriéndome insultos y groserías, procediendo además a sacudirme en forma violenta y con insistentencia cuando intentaba ingresar al vehículo particular de un funcionario municipal que me acompañaba".

Ante esto, Nicolás Guzmán, director del Departamento de Asesoría Jurídica del municipio de Valparaíso, explicó que "con fecha 23 de julio fue admitida a tramitación la querella que interpuso el alcalde Jorge Sharp en contra de quien resulte responsable por el delito de atentado contra la autoridad cometido en su contra y por el delito de lesiones leves cometido en contra de una funcionaria municipal. Ahora se deberán realizar las diligencias solicitadas en la querella y todas aquellas que determine el Ministerio Público".

"Ahora se deberán realizar las diligencias solicitadas en la querella y todas las que determine el Ministerio Público"

Nicolás Guzmán, Director Jurídico

Paolo Navia S.

Un nuevo capítulo se comenzará a escribir durante las próximas semanas en torno al futuro que tendrá la tradicional Plaza O'Higgins de Valparaíso, ubicada a un costado del Congreso Nacional, en el corazón del barrio El Almendral.

Proyecto que fue duramente cuestionado en el Informe Final N° 16 de la Investigación Especial que la Contraloría Regional porteña elaboró en relación con el cumplimiento del contrato de concesión que el municipio suscribió con la empresa Consorcio Valparaíso S.A., para la construcción de un edificio de, aproximadamente, 450 estacionamientos subterráneos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia hecha por el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien solicitó investigar las eventuales irregularidades cometidas por la Municipalidad de Valparaíso en cuanto al control del contrato suscrito en el 2008 con la empresa antes mencionada, indagación que, en definitiva, permitió sacar a la luz una serie de faltas y modificaciones a los contratos realizadas durante la gestión alcaldicia de Jorge Castro (UDI), antecedentes que inclusive fueron enviados por el alcalde Jorge Sharp al Ministerio Público, ante la posibilidad de que exista algún indicio de delito.

Trama judicial

Sin embargo, y pese al tenor de las conclusiones contenidas en el Informe Final de la Contraloría Regional de Valparaíso, el futuro del proyecto para la construcción de los 450 estacionamientos subterráneos y para la renovación de la Plaza O'Higgins se decidirá en los tribunales de justicia.

Esto, luego que la empresa Consorcio Valparaíso S.A. interpusiera una demanda contra el municipio en el Cuarto Juzgado Civil porteño, acción judicial en donde, en primer lugar, la firma solicita que se establezcan como oficiales los plazos pendientes para entregar el proyecto, lo que en consecuencia, permitiría que no se hagan efectivas las multas por un supuesto retraso en la entrega de la Plaza O'Higgins, permitiendo además que el contrato se mantenga vigente.

"En el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso se encuentra radicada la demanda interpuesta por Consorcio Valparaíso S.A. en contra de la Municipalidad de Valparaíso. En este sentido, la concesionaria está demandando al municipio el cumplimiento del contrato e indemnización de perjuicios para que, en concreto, se declare por el tribunal que tiene mayor plazo pendiente para poder desarrollar la obra y así poder entregar la plaza", declaró Nicolás Guzmán, director del Departamento de Asesoría Jurídica del municipio de Valparaíso.

Al respecto, el directivo municipal recalcó que "el municipio ha efectuado todas sus defensas en la etapa de discusión, por lo que esperamos que el tema sea resuelto por el tribunal para poder poner la Plaza O'Higgins a disposición de la comunidad a la brevedad".

La audiencia de conciliación entre ambas partes fue fijada para el próximo 8 de agosto, cuando se podría llegar a un acuerdo judicial que permita, de una vez por todas, culminar las obras de uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía porteña.

Finalmente, y en torno al proyecto, Patricio Cáceres, encargado de operaciones del municipio porteño, precisó que "estamos a la espera del trámite en Serviu para la aprobación de pavimentos en las aceras y en las calzadas afectas en la renovación de la plaza".