Los diputados de Renovación Nacional Paulina Núñez, Bernardo Berger, Harry Jürgensen, Frank Sauerbaum y Aracely Leuquén, liderados por Camila Flores, presentaron ayer un proyecto de ley que busca tipificar las relaciones sexuales entre humanos y animales, más conocido como zoofilia, como un delito.

"El proyecto pretende modificar el Código Penal para crear la figura de la zoofilia o conocido internacionalmente como bestialismo. Esto a propósito de los hechos de los que tomamos conocimiento hace unos días atrás de una gatita en la comuna de Quilpué que fue violada y la dejaron en las peores circunstancias físicas", sostuvo la diputada Flores.

La legisladora RN, creadora de la iniciativa, condenó que este tipo de situaciones ocurran en nuestro país "donde distintos animales son violados por seres humanos, y la verdad es que las consecuencias son muy terribles. Para nosotros nuestras mascotas son parte de nuestra familia, no son objetos a los que no se les puede proteger jurídicamente".

Aclaró que "nuestra legislación no contempla la zoofilia como en otros países, donde uno de los pioneros ha sido Francia. Buscamos modificar el artículo 291 del Código Penal para incorporar una condena penal asociada de 541 días a tres años de cárcel, más las multas correspondientes en UF". "Asimilar esta pena a la más alta que contempla el maltrato animal, en los casos que tienen resultado de muerte del animal, a la zoofilia, nos parece que es lo correcto", concluyó.

La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) lamentaron la decisión que tomó la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados que rechazó la prórroga del proyecto, que retrasaba por 24 meses la entrada en vigencia de la nueva ley que regula la pesca de la jibia y que elimina el método de arrastre.

VOTACIÓN decisiva

Por 9 votos en contra y 4 a favor, la instancia mostró su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, la que fue objeto en los últimos días de un rotundo rechazo por parte de pescadores artesanales.

"Hoy (ayer) ganó la violencia, las malas políticas públicas y no los argumentos. Condenamos la violencia y las amenazas al gobierno, parlamento y a Chile entero de parte de un sector minoritario de la pesca artesanal", señala una declaración pública firmada por la presidenta de ASIPES, Macarena Cepeda.

"Se ha destruido una actividad productiva en base a argumentos falaces, ideológicos y alejados de la información científica y técnica, desconociendo las realidades regionales. La decisión que tomaron algunos parlamentarios no genera progreso para el país ni menos para la región", agrega el documento que advierte que lo que sucede con la actividad se replica en otros ámbitos de la economía.

Incertidumbre

"No nos sorprende esta situación, porque lo que está ocurriendo con la pesca industrial se está también replicando en otros sectores productivos y económicos del país, generando incertidumbre sobre las condiciones para invertir y trabajar", remarca la declaración.

Desde Sonapesca, el gerente general de la asociación, Héctor Bacigalupo, declaró que "vemos con preocupación que un sector minoritario impone sus criterios sobre la base de la violencia y las amenazas. Se está cometiendo un enorme error, que afectará el empleo directo e indirecto de 4 mil familias".

Hay que subrayar que la Ley de la Jibia regula la pesca del calamar y prohibe el método de arrastre como mecanismo para su extracción.