Cristián Rodríguez F.

Nuevamente, la Municipalidad de Zapallar se encuentra en el ojo del huracán por una serie de irregularidades que en el último tiempo ha ido detectando la Contraloría Regional de Valparaíso. Si ya el 25 de junio el organismo advirtió que un total de 6.790 horas extraordinarias -equivalentes a unos $ 28 millones- pagadas en 2016 no se encontraban debidamente justificadas, dos semanas después, el 11 de julio pasado, otra investigación dio cuenta de graves anomalías relacionadas al programa "Recuperación patrimonial y ferroviaria", que buscaba reeditar el antiguo trayecto del "Tren de la Esperanza" del sector de Catapilco.

De acuerdo al informe final número 320/2019, el municipio -también en 2016- contrató una consultoría para elaborar un plan de gestión cuyo principal objetivo era desarrollar todas las líneas de trabajo que se necesitaban para poner en funcionamiento el servicio del tren con fines turísticos.

Sin embargo, la Contraloría detectó que la consultoría no cumplió con dicha finalidad e, incluso, durante la investigación la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Zapallar confirmó que "no se generaron iniciativas, programas o acciones basadas en el mencionado plan de gestión".

Por lo mismo, el organismo decidió iniciar un reparo por $ 9 millones, el que se suma a otro de $ 19,3 millones por la contratación de una segunda consultoría para elaborar una ingeniería de diseño para construir un centro cultural y comunitario también en Catapilco, pero cuyo contrato debió ser cancelado anticipadamente puesto que el municipio no contaba previamente con un estudio de perfil.

Acciones legales

En total, el reparo iniciado por la Contraloría en su último informe supera los $ 44 millones, al acreditarse, además, pagos a honorarios por trabajos "imprecisos" y "genéricos", y un estudio por $ 5 millones para rescatar la historia local y el patrimonio intangible del tren de Catapilco que "no ha sido utilizado para ninguna actividad o proyecto municipal".

Una situación que terminó por desatar la molestia al interior de la administración del alcalde Gustavo Alessandri (Ind. pro UDI), a raíz de que las últimas irregularidades ocurrieron en 2016, durante la gestión del exalcalde Nicolás Cox.

Por lo mismo, el jefe comunal informó ayer que -aunque la Contraloría no derive los antecedentes al Ministerio Público- decidieron iniciar acciones legales al detectar que entre 2012 y ese año se pagaron $ 350 millones que "no fueron aprobados ni presentados al Concejo Municipal de la época, lo que representaría una clara falta administrativa".

"Como municipio presentaremos todas las acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades en estos graves hechos ocurridos durante la anterior administración municipal. No tengo cómo cambiar el pasado de la municipalidad, pero estamos construyendo el presente y proyectando el futuro de nuestra comuna. Por eso, llegaremos hasta las últimas consecuencias para establecer responsabilidades en este caso", advirtió el alcalde.

En esa línea, Alessandri recordó que los resultados de una auditoría que realizaron el año pasado también fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de la Contraloría.

Edil y funcionarios

El alcalde de Zapallar también se refirió al primer informe de la Contraloría, que cuestiona el pago de horas extraordinarias a una actual concejala de la comuna. Al respecto, si bien Alessandri señaló que "me preocupa la situación", aclaró que "el municipio tomará todas las medidas no importando que aparezca mencionada una concejala o funcionarios".

"Presentaremos todas las acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades"

Gustavo Alessandri Alcalde de Zapallar