El almirante (r) Edmundo González manifestó, en entrevista a este Diario, su lógica preocupación por la derogación de la Ley Reservada del Cobre. Uno de los aspectos relevantes de esta nota guarda relación con erradicar la idea de que esta surgió bajo el alero del Gobierno Militar.
González puntualiza que todo partió en 1938 con la ley de arrendamiento de tierras fiscales en Magallanes, que tenían por objetivo un financiamiento estable de las FF.AA., y de ahí en adelante se hicieron modificaciones hasta llegar la asignación del 10% de las ventas que realizaran las empresas nacionalizadas de la gran minería.
Junto con esto, criticó que se haya legislado sin tener una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa que debería ser el pilar en el cual se ordene el resto de las políticas.
El fin de la ley, advierte, implica transparentar compras de armamento que no pueden ser de conocimiento público y aseveró: "El riesgo es que nuestro enemigo va a saber perfectamente lo que estamos comprando".
Aunque en gran medida sus aseveraciones resultan acertadas, de lo que no se hace cargo mayormente el almirante es de que la pérdida de confianza, tal como señalaba uno de los lectores en la sección de cartas, surge producto de los errores cometidos por sus pares en el Ejército y en Carabineros donde, de acuerdo a las investigaciones que se han llevado cabo, se abusó hasta la saciedad de la reserva de los gastos, llegando a cometer abusos como la compra, bajo este concepto, de regalos de cumpleaños y matrimonios y entregas de dinero en efectivo a otros generales.
Es cierto que, como dice González, citando el refrán "hecha la ley, hecha la trampa", pero resulta discutible cuando señala que "las leyes no se hacen para pungas ni deshonestos". Bajo estos conceptos, tendríamos que dar por perdida la batalla contra la corrupción, en ese sentido, no siendo un argumento válido para que se deje de legislar en esta materia.
Asimismo, una compra pública de armas puede cumplir, justamente, el rol disuasivo que deben tener las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Pretender que, antes de la derogación de la ley, nuestros vecinos no sabían lo que estábamos adquiriendo, suena más bien a ingenuidad y que fue tremendamente matizada en estas mismas páginas por el subsecretario de las FF.AA.
En definitiva, la historia reciente ha demostrado que el enemigo al que hace referencia el ex comandante en jefe de la Armada, no eran nuestros vecinos, sino los excesos de un puñado de nuestros propios generales, hoy investigados y, en algún caso, formalizados por delitos tales como malversación o lavado de dinero.