Cuando se intenta caracterizar la situación laboral del sector portuario chileno se emplean a veces calificativos como "incertidumbre laboral", "precariedad" o "inestabilidad", especialmente para referirse a los trabajadores eventuales.

Durante estos últimos meses, CAMPORT y sus empresas socias han hecho un esfuerzo para construir una base de información que permite caracterizar al grupo de trabajadores que laboran en nuestros puertos e identificar los asuntos que afectan a la industria en este ámbito.

Es habitual referirse a estos trabajadores en función de los distintos contratos: renta fija, renta variable y los aplicables a los trabajadores eventuales. Dentro de este último grupo se encuentra la modalidad conocida como CPPT (Contrato de Provisión de Puestos de Trabajo), que consiste en un convenio entre el empleador y un grupo de trabajadores mediante el cual se asegura un número mínimo de turnos que cubren, al menos, el ingreso mínimo legal.

En el grupo de eventuales "puros" (sin CPPT) están los trabajadores ocasionales y estacionales, que representan el 14,6% a nivel nacional. Ambos tienen en la actividad portuaria un complemento de su ingreso principal y, trabajan en el sector pocos turnos por mes (ocasionales) o pocos meses del año (estacionales). El resto de los trabajadores eventuales se agrupan en esporádicos (que realizan entre 42 y 78 turnos al año y representan al 9.8% a nivel nacional) y regulares (que realizan ente 108 y 288 turnos al año y corresponden al 4,0% del total).

El informe de la Cámara muestra que los niveles de renta y beneficios de los trabajadores portuarios, incluso para los eventuales, son muy superiores a los de la mayoría de las actividades económicas del país.

El 31,7% de los trabajadores, que corresponde a los contratados bajo la modalidad de renta fija o renta variable, tiene ingresos promedio de $1.166.565/mes; el 32,7%, que son los contratados bajo la modalidad CPPT, tiene ingresos promedio de $918.000/mes; el 4,0% que corresponde a los denominados regulares (categoría de trabajador eventual), tiene ingresos promedio de $649.058/mes; y un 7,3%, que corresponde a trabajadores contratados por empresas no socias de CAMPORT, tiene ingresos promedio de $499.500/mes.

Estos grupos, sumados a los ocasionales y estacionales, representan el 90,2% de los trabajadores portuarios de Chile. El 9,8% restante (esporádicos) recibe un ingreso promedio equivalente a dos tercios del ingreso mínimo, dados los turnos que realizan El sistema laboral portuario, que funciona de forma similar en distintos puertos del mundo debido a la variabilidad del arribo de naves y del nivel de actividad, está lejos de ser precario, y resulta poco razonable impulsar acciones para intentar terminar el régimen de contratos eventuales, como se ha planteado.

La iniciativa de limitar la eventualidad no sólo resulta inadecuada para un funcionamiento eficiente de la industria marítimo-portuaria, sino que incluso podría tener efectos contraproducentes para muchos trabajadores del sector, al limitarse sus posibilidades de ajustar la cantidad de turnos que realizan de modo de hacerlos compatibles con otras actividades laborales que muchos desarrollan.

Nuestra legislación urbana, desde hace bastante tiempo ha quedado corta respecto a las dinámicas y las problemáticas urbanas. Buenos ejemplos de esta realidad las hemos evidenciado al momento de observar proyectos que la ciudadanía no aprueba, pero que cumplen con la norma que permite el Plan Regulador Comunal; las limitadas facultades con las que cuenta un Director de Obras para revisar un proyecto, las restricciones que tiene un Asesor Urbano para proponer la planificación de la ciudad, o la complejidad para modificar dichos Planes Reguladores Comunales, o la escasa injerencia que tienen en la calidad arquitectónica que se le puede exigir a los proyectos.

Asimismo, el cuidado de nuestro patrimonio material, prácticamente no cuenta con ninguna herramienta de gestión, por parte del orden institucional. En efecto, se limita a declarar zonas de conservación histórica, inmuebles de conservación histórica, zonas típicas o monumentos nacionales, lo cual se convierte en múltiples trámites y aprobaciones exigentes a las que queda sometido un proyecto en inmuebles de estas características, pero a ningún incentivo para que los propietarios e incluso el estado, puedan invertir en su conservación o recuperación.

Cuando se publica la Ley de Mercado y Transparencia del Suelo en el año 2018, se incorpora un concepto del cual mucha gente rehúye o, por alguna inexplicable razón, teme tratar en la discusión urbana: la plusvalía. Se hace imprescindible para ciudades como Valparaíso, entender la plusvalía como una herramienta clave en el desarrollo de una ciudad, en este caso, una que se ha empobrecido brutalmente en las últimas décadas.

Lo cierto es, que en aquellos territorios que cuentan con las características necesarias para declarar una conservación histórica, ciertos edificios nuevos y de mayor altura irrumpen el paisaje, atentando muchas veces, con una imagen ordenada, coherente y armónica de ese barrio, pero tampoco es justo, para los propietarios o habitantes de estos barrios, que queden condenados al deterioro del tiempo, sin contar con recursos que permitan invertir en esas propiedades que por su propia naturaleza, tienen una limitación de su plusvalía, además de mayores costos de conservación.

Igualmente, existen zonas "jóvenes" en las ciudades, donde existen las condiciones que permitirían recibir proyectos con mayor densidad y/o altura, sumado a que por obra y gracia del Plan Regulador Comunal, cuentan con una normativa generosa.

Al ver el panorama completo, tampoco parece ser justo, que estos propietarios, sin haber realizado un mayor esfuerzo, capten esta enorme plusvalía, mientras los otros, sólo reciben una carga por parte del estado al declarar que su barrio o inmueble posee atributos patrimoniales.

Es de toda lógica, desarrollar una herramienta que permita transar o negociar esta plusvalía, asi los primeros puedan vender, aquella capacidad de desarrollo inmobiliario no aplicable sobre sus inmuebles patrimoniales a aquellos de las zonas "jóvenes", obteniendo un recurso valioso, al que se le exija un porcentaje obligatorio de ser invertido en la conservación. Asi se obtendrían recursos directos y de origen privado, para la conservación de las dañadas zonas patrimoniales y se libera al estado de una necesidad, de la cual nunca se ha podido hacer cargo. A esto se le ha llamado en otras partes del mundo: derechos transables. Existe, funciona y es necesario.

Bastante iluso habría que ser para pensar que el Gobierno le transferirá mil millones de dólares a la Municipalidad de Valparaíso, tal como solicita el alcalde Jorge Sharp basado en Dios sabe qué cálculos, a menos de dos meses de que comience el año electoral que definirá los próximos gobernadores regionales, jefes comunales y consejeros regionales, y que, con toda seguridad, reconfigurará el imaginario político de la Región de Valparaíso.

Tampoco hay que ser pitoniso para aventurar que la mesa técnica anunciada para resolver el calamitoso estado de los inmuebles y potenciales derrumbes en la ciudad terminará de la misma forma en que han acabado todas las instancias de esta laya, como lo fueron el proceso posterior a los incendios (¿en serio nadie sabe que los estanques australianos instalados a precio de oro en la parte alta de los cerros son un fiasco, que el plan de reconstrucción dejó mucho que desear o que el gran negociado del desastre fue el arriendo de maquinarias?); las de seguridad (¿se hizo algo concreto tras el asesinato del geólogo canadiense Peter Winterburn o ya nadie se acuerda de él? A modo de dato, sólo esta semana fue posible ver cómo asaltaban a punta de pistola a un par de muchachos en el primer descanso de la escala Concepción; el video está a disposición, por si quieren); o sobre criterios anticipatorios de catástrofes.

Valparaíso tiene una herida mucho más grande de lo que piensan -con enternecedora inocencia- los jovencitos que asumieron el municipio como práctica profesional, o de lo que son capaces de ver los grandes políticos de ese oficialismo cada vez más distante y errado en su sintonía ciudadana.

Un guiño de lucidez, Macarena Carroza dixit:"De lo único que hay que salvar a Valparaíso es de su histórica pobreza. Todos los temas que queremos superar radican ahí. Todo lo que emprendamos, pensemos y planifiquemos debe tener esa visión: que los porteños puedan elegir y no adaptarse permanentemente a circunstancias precarias".

Tal es el desastre que nos convoca. Guardar silencio, acaso la alternativa más cobarde, no es válida ni responsable cuando en Santiago se solazan con la discusión entre si la cifra de viviendas a demoler es la que dice el exalcalde Jorge Castro, la de Sharp o la del ejército de arquitectos que pululan por la ciudad (y no, no nos referimos a Carroza, sino a su generosa camada de colegas) hablando con total impunidad de absolutamente todo (transportes, política, gentrificación, finanzas, et al) sin, por supuesto, jamás haber levantado un dedo de advertencia por lo ocurrido en Aldunate esquina Huito, ni en el megaincendio, ni en Condell 1490, ni en el último recoveco de aquel atronador silencio que hoy horroriza.