Redacción

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, aseguró ayer que "no he tenido aún algo más específico" sobre la condena que deberá cumplir el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena -conocido también como "comandante Ramiro" -quien será extraditado por la justicia brasileña por el asesinato del senador Jaime Guzmán. Brasil puso como condición hace algún tiempo que las sanciones no sobrepasen los 30 años, poniendo en duda la cadena perpetua.

Según fuentes de Gobierno, citadas por el portal Emol y por radio Cooperativa, Hernández Norambuena arribaría hoy durante la mañana al país.

Tras reunirse con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, Carroza dijo que "no he tenido aún algo más específico" sobre la pena que recibirá el exfrentista, quien en un principio fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, por la muerte del exsenador Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Brasil, sin embargo, puso en su momento la condición de que las sanciones no superaran los 30 años, antecedente que fue recalcado por el abogado del exguerrillero, Alberto Espinoza, quien señaló además que, en caso de no respetarse la rebaja, se trataría de una "ilegalidad". Ante ello, Carroza dijo desconocer los acuerdos pactados entre ambos gobiernos: "Lo que es importante es saber que hay ciertos tratados que cumplir y, en ese sentido, el problema está en el presidio perpetuo, de acuerdo a los acuerdos que hay, esa es una piedra de tope".

Sobre el acto de extradición, cuando aún no se confirmaba el posible viaje del exfrentista a Chile, el ministro Carroza señaló que "esto es un acuerdo, porque la extradición yo la solicito a la Corte Suprema y la Corte una vez que accede, la solicita al Poder Judicial del otro país. Si este accede, como ocurrió en Brasil, lo deja en manos del Ministerio de Justicia. En el fondo, tanto el Ejecutivo de Brasil como el de Chile son los que tienen que decidir cómo se va concretar esta extradición".

La abogada defensora de Hernández, Sabrina Bittencourt, dijo al portal brasileño "G1" que ingresó una solicitud de hábeas corpus al Tribunal Supremo de aquel país para que "Ramiro" no vuelva a Chile sin conocer los términos del acuerdo entre ambas partes.

Brasil condenó en 2002 a Hernández por el secuestro del empresario Washington Olivetto. Desde ahí, ha cumplido con 16 de 30 años de cárcel, tiempo que Bittencourt espera que en Chile sea descontado.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó "el compromiso que tenemos por defender este proyecto educativo" que es el Instituto Nacional (IN), establecimiento educacional emblemático que ayer inició sus clases con gas lacrimógenos arrojado por Carabineros para dispersar a los encapuchados que nuevamente lanzaron piedras y bombas molotov hacia la calle. Otros cientos de estudiantes, para escapar de los gases, botaron una puerta, mientras que algunos policías resultaron heridos. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, amenazó con cerrar el año académico, y la jornada terminó con una reunión entre las autoridades ya mencionadas junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Cubillos, al terminar la cita, afirmó que en ella se veló por el "resguardo del derecho de la educación del Instituto Nacional, por lo tanto, hoy día reafirmar la continuidad de los estudios de quienes están en el Instituto Nacional, reafirmar también el compromiso que tenemos por defender este proyecto educativo en el cual se han formado miles de generaciones buscando en el establecimiento lo mejor de la educación pública chilena".

"Es evidente que aquí hay una violencia ideológica muy fuerte de un puñado de violentistas empeñados en destruir el IN", dijo la secretaria de Estado, advirtiendo que esto "no lo van a lograr y, por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy es reafirmar ese compromiso por defender el derecho de los estudiantes a seguir sus estudios en el Instituto Nacional y, al mismo tiempo, lo que se está anunciando también es proseguir con todas las acciones legales para que quienes salgan sean aquellos que lo quieren destruir".

Carabineros heridos

Ante lo ocurrido en la mañana de ayer, el IN suspendió las clases durante todo el día, al "no existir garantías suficientes y velando por la seguridad de nuestros estudiantes y funcionarios".

Los alumnos señalaron que Carabineros lanzó bombas lacrimógenas para controlar los disturbios ocurridos afuera, ingresando el gas a las salas. En videos de redes sociales se ve a adolescentes tosiendo y a algunos en el piso.

En tanto, un carabinero resultó con cortes, debido al supuesto lanzamiento de objetos contundentes. Junto a él, otros cinco efectivos resultaron con lesiones diversas.

El Partido Socialista (PS) cortó ayer relaciones con el Gobierno debido a que la ministra vocera, Cecilia Pérez, vinculó a la tienda política con el narcotráfico, lo que fue calificado de "inaceptable". Las palabras de la secretaria de Estado fueron en el contexto de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que impulsa el PS.

"La vocera ha agredido a los parlamentarios socialistas, a los senadores, a los diputados y también al partido", afirmó el senador por la Región Metropolitana, Carlos Montes. Por esto, los legisladores acordaron "suspender el diálogo con el Gobierno mientras no clarifique sus dichos, mientras la vocera no dé los fundamentos, y si los tiene, que los entregue a la justicia".

"No logramos entender cuál es el afán de la vocera de insultarnos tan brutalmente. Esto es inaceptable para nosotros", agregó el representante de Los Lagos en la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros.

Pérez, al ser consultada ayer por la acusación constitucional contra Cubillos, dijo que "uno solamente puede hacer una reflexión, una reflexión a compartir con los chilenos: ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico".

"Están muy equivocados si creen que los chilenos son tontos", siguió la ministra, afirmando que "se dan cuenta que a través de este argumento o acción de tratar de enlodar a una ministra que ha liderado una cartera como es la de Educación, (...) para ocultar lo que no han querido decirle a los chilenos con transparencia, partiendo por el presidente del PS, que es la relación eventual que tienen con el narcotráfico".

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) ayer abrió las postulaciones a establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados en la Región Metropolitana, donde se registraron peak de 120 requerimientos por minutos, además de fallas en la página web. El Ministerio de Educación informó que en las primeras cuatro horas de funcionamiento del sistema se recibieron más de 20 mil postulaciones efectivas, lo que equivale a un 13% de las cerca de 150 mil que, se estima, se deben realizar en Santiago. A los problemas técnicos en la plataforma, denunciados por apoderados, se sumó una supuesta falta de información, la que fue denunciada por diputados del PPD y dirigentes de la Cones, Aefen y Corpade en Contraloría. "No ha sido oportuna, no ha sido suficiente y reviste caracteres de falsedades en gran parte de los informativos que ha entregado el Mineduc. Nos parece grave", dijo la diputada Cristina Girardi.