Los incendios forestales no tienen precedentes este año en Brasil, desde que en 2013 comenzó su monitoreo desde el espacio.

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por sus siglas en portugués) ha registrado, entre enero y agosto de este año, un aumento de alrededor del 83% en comparación con el mismo período en 2018. Son más de 74.000 incendios desatados hasta agosto en todo el país, el número más alto desde 2013.

Esto significa que ha habido unos 40 mil incendios más que en igual periodo de 2018.

Solo desde el jueves, el INPE ha observado más de 9.500 incendios forestales.

Más de la mitad (52,6%) han sucedido en la selva amazónica, de acuerdo al organismo. Esto es especialmente preocupante dado que la selva tropical más grande del mundo es una reserva vital de carbono que ralentiza el ritmo del calentamiento global.

La Amazonía alberga cerca de tres millones de especies de plantas y animales, y un millón de indígenas.

Los conservacionistas culpan al Presidente Jair Bolsonaro por la difícil situación de la selva, diciendo que ha alentado a los madereros y agricultores a quemar la vegetación para "despejar" la tierra.

Científicos aseguran que la selva tropical ha sufrido pérdidas a un ritmo acelerado desde que el líder ultraderechista asumió el cargo en enero.

Ong

Ayer, Bolsonaro sugirió que activistas podrían estar detrás de los incendios, como venganza por el recorte de los fondos que el Gobierno les entregaba. No presentó evidencia y no dio nombres para apoyar su tesis.

"Podría haber... no lo estoy afirmando, acciones criminales de estas 'ONG' para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil. Esta es la guerra que estamos enfrentando", dijo.

Los incendios también sacuden a países como Bolivia o Paraguay. En Bolivia, una serie de incendios, en más de tres semanas, consumieron alrededor de 500 mil hectáreas de bosque y pastizales.

Ali Maray (25) nació cerca de Homs, en Siria, y huyó de la guerra que lleva ocho años devastando su país, con cientos de miles de muertos y millones de personas que partieron al exterior buscando refugio.

Inesperadamente tuvo que emigrar a Sudán, escapó de un golpe de Estado -el pasado abril-, fue estafado y maltratado en Libia, decidió cruzar el mar Mediterráneo en una barcaza para hacerse de un futuro en Europa. Tras naufragar, fue rescatado por el navío "Open Arms", donde pasó 18 días bloqueado.

Maray es uno de los más de 150 migrantes que estuvo, estas últimas semanas, de pasajero en el barco de la ONG del mismo nombre, del que ayer finalmente desembarcaron 83 en el puerto de Lampedusa, en Italia, luego de que la Fiscalía de este país lo permitiera.

Los migrantes -más de un centenar entre los 83 desembarcados, unos veinte que se tiraron al mar y los evacuados por razones médicas-, que vivieron hacinados en la cubierta del barco, pasaron su primera noche en un centro de acogida en la isla italiana después de haber sido examinados por médicos. Ahora esperan a conocer su futuro tras confirmarse que cinco países de la Unión Europea (España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo) se los repartirán, mientras el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pidió a Madrid que se haga cargo y acelere el mecanismo de distribución.

"En mi ciudad perdí a más de 25 amigos y a más de cien personas conocidas", relató Maray al diario español El País.

Decidió irse a Sudán porque no le exigía visa y, luego de varias peripecias, está en Italia. "Ahora vuelvo a estar vivo", manifestó.

Agencias

El Gobierno del Presidente Donald Trump anunció el fin de un acuerdo que ha protegido a los inmigrantes menores de edad, que impide que permanezcan detenidos más de 20 días, en un intento por frenar la inmigración de familias indocumentadas, que se ha disparado en los últimos meses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dio a conocer en un comunicado "una regla final" destinada a acabar con las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, vigente desde 1997, que será publicada en el Registro Federal mañana y entrará en vigor en 60 días desde entonces.

El Acuerdo Flores establece protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.

El secretario del DHS, Kevin McAleenan, explicó en Twitter que la acción "aborda una debilidad impuesta por los tribunales a la ley de inmigración, que impidió que el DHS detuviera a familias unidas durante más de 20 días y codifica compromisos críticos sobre las condiciones para los menores bajo cuidado federal". A su juicio, la medida "elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños".

Pese a que ya había adoptado pasos para frenar el flujo migratorio, la Administración de Trump ha puesto el dedo aún más para reducirlo, después de que en mayo se batiera la cifra récord de 132.870 detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera con México, de las que 84.491 correspondieron a unidades familiares (que las autoridades definen como individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal).

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas indicó que investiga "el tráfico de niños y los documentos fraudulentos" que se usan para aprovechar "vacíos legales en la migración de las familias".

Dicha agencia argumenta que hay casos de menores usados por adultos con los que no tenían ninguna relación para la entrada ilegal al país, dado que las autoridades deben liberar a los pequeños en el tiempo establecido en el Acuerdo Flores, lo que obliga a iniciar la regularización de las familias.

Tal acuerdo "originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años", pero se ha ido prorrogando sin que las administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva, explicó el DHS. Esta entidad añadió que, tras la medida, el Acuerdo Flores "terminará por sus propios términos y la Administración de Trump continuará trabajando por un mejor sistema de inmigración".

Este paso ha sido criticado por numerosas organizaciones. "Cualquier esfuerzo por reformar o enmendar esta regla debería funcionar para mejorar la atención y las condiciones, no debilitar estas protecciones críticas y permitir el encarcelamiento indefinido de niños inmigrantes", expuso Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo de defensa de inmigrantes cofundado por Mark Zuckerberg y Bill Gates.

Mientras, el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Tom Perez, calificó la medida de "inmoral" y afirmó que muestra "la crueldad infinita de esta Administración".

La presidenta de la coalición Families Belong Together, Jess Morales Rocketto, auguró en un comunicado que "esta norma separará a más familias y traumatizará a innumerables personas en el proceso".

El Acuerdo Flores surgió tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones en 1985 en nombre de Jenny Flores, una adolescente de 15 años que huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en EE.UU. Tras varios años de litigio, se llegó a un acuerdo con el Gobierno de Bill Clinton en 1997.