El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, criticó al Gobierno por no decretar emergencia agrícola antes en las zonas afectadas por la sequía.

Esta semana, el Ejecutivo decretó tal condición para 17 comunas de la Región Metropolitana, que se suman a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. En Maule, también están pidiendo que se tome la medida por la falta de lluvias que ha afectado tanto a los cultivos como a la ganadería.

Ariztía aseguró a Radio Cooperativa que "no es habitual que haya que echar mano a declarar zona de emergencia en el mes de agosto, septiembre".

"Lo normal era que estas reacciones o decisiones fueran adoptadas por enero, febrero, marzo, abril. Estamos en una situación demasiado compleja: Sin nieve en la cordillera, claramente habrá una disminución de agua importante", agregó.

Ariztía detalló que la mortandad de animales por la sequía es dramática: "Simplemente no tienen agua ni forraje. Es una realidad que estamos viviendo día a día (...) Hay mucho ganado que prácticamente no tiene solución. Ya no hay forma de trasladarlo porque se esperó mucho tiempo por la posibilidad de que cayeran unas lluvias que no cayeron... Ahora no resisten ni siquiera el traslado en camiones".

Precios

Sobre si esta sequía podría afectar los precios en las Fiestas Patrias, Ariztía sostuvo que en las carnes no debiere haber precios mayores, sobre todo porque "las grandes importaciones de carne provienen de los países vecinos".

"Quien pretenda un aumento de precios, simplemente es especulación", expresó.

Respecto de verduras, dijo que "es distinto" pero igualmente desestimó que haya aumento de precios, pues "las estaciones del clima se van trasladando hacia el sur y hoy tenemos en la zona sur grandes producciones de hortalizas que antes no existían".

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que el Gobierno está tomando "medidas drásticas" por el caso que indaga la Fiscalía ante la falsificación de documentos de identidad. La causa ya tiene a una decena de formalizados, nueve de los cuales están en prisión preventiva. Entre ellos, hay un funcionario activo del Registro Civil, otros que ya no están en la institución y particulares.

"Ha habido una situación muy compleja y nosotros hemos tomado medidas drásticas. Hay varias personas destituidas, hay muchos que están en manos del Ministerio Público", manifestó Larraín.

Sobre la gravedad de los hechos, explicó que los documentos no son alterables sin la complicidad de funcionarios. El fiscal adjunto de Pudahuel, Rodrigo González explicó que los acusados se proveían de documentos para que personas que de otro modo no habrían podido dejar Chile, pudieran circular libremente por países donde tienen prohibición de ingreso.