Cores esperan respuesta de la Contraloría para acudir al TER
REGIÓN. En la fase final está la presentación que un grupo de consejeros elabora tras conocerse informe del "Caso viáticos", que detectó diversos pagos irregulares.
A la espera de la resolución final de Contraloría en aquellos casos donde se presentó un recurso de reposición, un grupo de consejeros regionales continúa trabajando en una presentación al Tribunal Electoral Regional (TER) que podría afectar a los cores en ejercicio mencionados en el Informe Final N° 78/2019 de Contraloría, que detectó pagos irregulares por concepto viáticos de alimentación, traslados y viajes.
Cabe consignar que en el denominado "Caso Viáticos", una auditoría que a fines del año pasado realizó el órgano contralor en el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, detectó graves anomalías en el pago de cometidos y viáticos a un grupo de cores en ejercicio y exconsejeros. Fiscalizadores auditaron los recursos utilizados entre 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018.
El caso más complejo afecta al core Mauricio Araneda (UDI), quien, producto de estos hechos, en julio pasado fue formalizado por el delito de fraude al fisco reiterado y permanece con medidas cautelares. En al menos tres ocasiones, Araneda participó en cometidos en las ciudades de La Serena e Iquique, donde se realizaron jornadas de capacitación. Sin embargo, retornaba el mismo día, cobrando la totalidad del viático que le correspondía, además del reembolso por uso de taxi y boletas de combustible. El monto total del fraude bordea los $800 mil, recursos que ya fueron restituidos.
El otro core mencionado en el informe es Percy Marín (RN), quien junto al ex consejero Carlos Briceño, se les cuestiona por "pagos improcedentes" respecto a la residencia habitual informada, lo cual les permitió cobrar millonarias sumas en viáticos por concepto de alimentación, alojamiento y reembolso de combustible, "sin que pudiera acreditarse indubitadamente que las residencias habituales correspondieran a aquellas informadas al Core", detalla el informe.
En el caso de Marín, los montos cuestionados superan los 9 millones 500 mil pesos, mientras que a Briceño se le observaron pagos por $5 millones 600 mil.
Según Contraloría, los hechos detectados en el informe del 19 de mayo pasado constituyen una eventual transgresión al principio de probidad administrativa, lo cual debe ser analizado por el TER, "a requerimiento de cualquier miembro del Consejo Regional".
El core Marín, a través de su abogado Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso de reconsideración a objeto de dejar sin efecto las observaciones, acción de la cual aún no existe respuesta por parte de Contraloría.
Dejar un precedente
Sobre las acciones a seguir, la consejera Nataly Campusano (FA), afirmó que "este tema se está trabajando desde hace un buen tiempo, con la calma pertinente, con la metodología jurídica y también pensando en los tiempos políticos. La presentación ante el TER va a estar y estamos trabajando con otras fuerzas del Consejo Regional, el tema no ha quedado olvidado. El objetivo principal es dejar un precedente para que nunca más ocurra un hecho de este tipo en el Core".
El core Mario Sottolichio (PPD) afirmó que "estamos evaluando en forma separada la situación que afecta a los cores Araneda y Marín. El primero ya fue formalizado por el delito de fraude al fisco reiterado, un delito grave, mientras que, en el caso de Marín, Contraloría aún no resuelve sobre la reconsideración presentada ante las observaciones por supuestos cobros irregulares de viáticos. Eso es aún materia de Contraloría y esperamos que pueda ser precisado lo más pronto posible".
Sottolichio subrayó que, en el caso del core Araneda, el tema es más complejo, ya que "la misma formalización da cuenta que hubo una conducta reiterativa y el hecho fue denunciado por el propio intendente. Haremos la consulta al TER si con los antecedentes entregados por Contraloría se puede sacar alguna conclusión. Si los antecedentes dan para solicitar la destitución, por supuesto que la vamos a solicitar, ya que se estaría vulnerando el principio de la probidad administrativa".
La core Tania Valenzuela (FA) aseveró que "estamos por finalizar el trabajo con un equipo de abogados que tomó la causa para presentar una demanda al TER. Creemos que, pese a lo que pueda determinar esta instancia, nuestro deber es colocar a disposición todos estos antecedentes para determinar si existen o no responsabilidades administrativas y políticas, no podemos seguir haciendo vista gorda cuando hay eventuales irregularidades, venga del sector que venga".
"Si los antecedentes dan para solicitar la destitución, por supuesto que la vamos a solicitar. La ley no establece plazos"
Mario Sottolichio, Consejero regional
Mella: "Mayor probidad en la política"
El core DC, Cristián Mella, también partidario de acudir al TER, puntualizó que "es importante que con todo esto podamos saber si hay responsabilidades, ya que, en caso de haberlas, debemos hacer valer todos los medios que la ley nos permite para evitar que en el futuro existan posibles actos de este tipo. Respecto a la bancada DC, espero que todos podamos hacernos parte de esta iniciativa, sería un signo hacia la ciudadanía de que queremos hacer las cosas distinto y de que estamos trabajando por mayor probidad en la política". Añadió que en los próximos días recibirán una actualización del trabajo "de un grupo de abogados con el que hemos contado para este proceso".