Paola Passig

Cuando faltan menos de 24 horas para que el PS concrete finalmente la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, el diputado de la tienda Juan Santana, miembro de la Comisión de Educación, analiza los por qué y para qué se decidió utilizar esta herramienta: le defensa del legado de Bachelet en materia de educación pública. Ingresada, se deberá conformar una comisión que evaluará el requerimiento que se votaría en la Sala de la Cámara la primera semana de octubre. Si se aprueba, deberá pasar al Senado.

- ¿Qué opina el resto de los partidos de oposición?

- Tuvimos una reunión esta mañana (ayer) para recibir sus aportes. Los vamos a analizar para incorporar estos capítulos a la presentación que se ingresará este jueves y que tendrá la firma de toda la oposición, desde el Frente Amplio hasta la DC.

- ¿El PS alcanzará a incorporar estos insumos tomando en cuenta que se presentará mañana jueves?

- Son insumos que ya vienen elaborados y muy trabajados por parte de los equipos legislativos del resto de las bancadas. Los vamos a estudiar de aquí a mañana (hoy), pero tenemos la mejor disposición de que este texto tenga la mayor cantidad de antecedentes que permita evidenciar algo que nosotros hemos observado durante todo este tiempo y es que Marcela Cubillos está vulnerado obligaciones que tiene como ministra y con eso está vulnerando la ley. Si estos antecedentes provienen de sectores que generen la mayor transversalidad, mucho mejor.

- ¿Cuál es el foco?

- El objetivo final no tiene que ver con la ministra Cubillos en particular, sino que también con cómo defendemos leyes que fueron aprobadas democráticamente durante la anterior administración y que buscan fortalecer la educación pública.

- El diputado Guillermo Ramírez (UDI) ha calificado la acusación como un "wantán jurídico". ¿Qué le parece?

- Habría que preguntarle al diputado Ramírez si es un wantán jurídico que los servicios locales de educación no se estén implementando como corresponden. Si es un wantán jurídico, que el Ministerio de Educación no realice los concursos que corresponda para designar, por ejemplo, al director titular de la Dirección de Educación Pública. Si es un wantán jurídico, que la ministra se haya abocado durante este tiempo más que a informar sobre el sistema de admisión, a desprestigiarlo a través de los medios y de los instrumentos que tiene el Ministerio que son para la difusión de leyes de la República. Ahora, si él cree que la defensa de la educación pública es un wantán jurídico, bueno, quizás sea la mirada ideológica que tiene la derecha en esta materia. Por tanto, lo que va estar en juego en esta acusación tiene directa relación con quienes están por ayudar y fortalecer la educación pública y quienes están por desmantelarla.

- El oficialismo insiste en que no tiene sustento y que es más bien un punto político.

- Mire, hay parlamentarios y dirigentes de partidos de gobierno que nos han señalado en pasillos que la ministra de Educación tiene méritos suficientes para ser acusada constitucionalmente.

- ¿A qué lo atribuye?

- Además de todo lo señalado, impulsa proyectos de gran impacto mediático, lo que demuestra que busca un efecto comunicacional inspirado, quizás, en un interés electoral. Eso es legítimo, pero no puede estar sobre su interés como ministra.

- Por el hecho de haber logrado aunar a toda la oposición, ¿puede ser el punto inicial de una nueva etapa de mayor coordinación?

- Claramente, es un desafío tremendo. Las acusaciones constitucionales traen consigo desafíos para quienes las impulsan de poder convencer a la mayor cantidad de parlamentarios de que se está llevando adelante por un objetivo en común: reivindicar la defensa de la educación pública traducida en leyes que fueron aprobadas en la última administración. Por ejemplo, buscaban eliminar los instrumentos de discriminación que tenía el anterior sistema de admisión; crear una nueva institucionalidad en la Secretaria de Educación Superior para que los problemas que se producen en las universidades y en los ITP se puedan abordar. También tiene que ver con la desmunicipalización. Entonces, lo que está en juego es una defensa irrestricta a los avances que se lograron en el último tiempo en materia de educación pública. Quienes quieran desmatarla y fomentar la privatización, que lo digan. La ministra de Educación tiene el legítimo derecho a tener un punto de vista, pero ella, como autoridad, no puede vulnerar leyes cuya implementación es parte de sus obligaciones. Ella no puede tratar de imponer su sesgo ideológico por sobre leyes aprobadas democráticamente. Al final, lo que busca es que las leyes aprobadas con Bachelet fracasen.

- No hay dudas.

- Estamos convencidos de que hay méritos jurídicos suficientes. Hay algunos antecedentes de este texto que utilizó la entonces oposición para acusar constitucionalmente a la entonces ministra Yasna Provoste. O sea, Provoste fue destituida por mucho menos.

"Es legítimo que la ministra tenga su punto de vista, pero no puede tratar de imponer su sesgo ideológico por sobre leyes aprobadas democráticamente. Ella busca que las leyes aprobadas con Bachelet fracasen"