La ministra de Educación, Marcela Cubillos, expresó su confianza en que habrá diputados que analizarán "de buena fe" la acusación constitucional presentada contra ella por un grupo de oposición. Un día después de presentado el libelo por once legisladores, la autoridad insistió en que la acusación "se funda en hechos falsos y no tiene fundamento jurídico".

En entrevista con Radio Duna, la secretaria de Estado criticó que se le acuse de no implementar la ley "con el debido entusiasmo y ahínco", porque esto no es una infracción en sí misma. "Yo desafío a que me digan qué ley no estoy cumpliendo", expuso la titular del Mineduc, quien reafirmó que está cumpliendo todas las leyes "al pie de la letra".

Planteó que ella está ejecutando el programa del actual Gobierno y que "por suerte la Constitución permite gobernar con ideas políticas distintas".

Correos electrónicos

La ministra fustigó que uno de los puntos de la acusación fuera enviar correos electrónicos a los apoderados respecto del proyecto "Admisión Justa", levantado por el Gobierno.

"Defiendo el derecho a hacerlo", respondió Cubillos y preguntó por qué no informar las políticas educacionales. "Lo hacemos mes a mes con información del Ministerio de Educación", precisó y añadió que los legisladores que consideraron que eso era ilegal, fueron a la Contraloría, donde les dijeron "que es legal" lo que hizo.

También defendió el derecho a estar en desacuerdo con una ley aun cuando le corresponda aplicarla. "Es bien increíble que digan que boicoteo las leyes", complementó.

Cubillos apuntó a la oposición por decir que, cuando hacen cambios a las leyes, llevan a cabo "reformas", y que cuando el actual Gobierno los quiere realizar, se les llame "contrarreformas". Cuestionó además que ni siquiera se sabe si el texto de la acusación que ya conoció es el definitivo.

"NO ES LA víctima"

Desde la Democracia Cristiana (DC), el jefe de la bancada de diputados, Gabriel Ascencio, afirmó en un video que la ministra es responsable de infracciones constitucionales y legales, por lo que "debe sufrir las consecuencias de las ilegalidades que ha cometido". A su juicio, ella "debió irse hace mucho rato", pero ahora queda "en manos del Parlamento".

Adelantó que "hoy es mucho más posible que tengamos los votos necesarios" para aprobar el libelo y que los temas de "desprolijidad" del mismo ya están superados.

También indicó que el Gobierno inició una campaña comunicacional que "pretende instalar a la ministra como víctima, cuando en realidad no es la víctima (...) Las autoridades no pueden hacer lo que se les ocurra".

El líder de la Falange, Fuad Chahín, aseguró que esta acusación tiene "más sustento" que la que se hizo contra Yasna Provoste en el año 2008.

El diputado democratacristiano Gabriel Silber calificó como una "inadmisible injerencia" que el exsenador Andrés Zaldívar, también de la DC, planteara que el proyecto que reduce a 40 horas la jornada semanal de trabajo es "inconstitucional".

"Resta independencia y credibilidad al Consejo de Asignaciones Parlamentarias que su presidente se refiera al mérito y constitucionalidad de proyectos actualmente en trámite en el Congreso!", escribió el legislador en Twitter.

"En mi experiencia de ministro de Hacienda y presidente del Senado varias veces, proyectos muy similares a este han sido declarados inconstitucionales...", dijo Zaldívar al Diario Financiero. "Si los trabajadores van a trabajar cinco horas menos, el Estado, para cumplir algunas de las funciones que tiene que cumplir, tendría que contratar más gente y eso tiene un costo. Entonces, en general, en todo lo que sea servicios se va a requerir aumentar la dotación", argumentó.

También salió a confrontarlo el diputado DC Matías Walker. "Don Andrés es muy bueno para los números, fue ministro de Hacienda a los 28 años, fue presidente de la Comisión de Hacienda, pero lo suyo no es el derecho constitucional", dijo al término de la reunión de la bancada transversal por las 40 horas con el abogado constitucionalista Patricio Zapata, la que se hizo en la sede del Congreso en Santiago.

Zapata, que integra el equipo que defenderá el proyecto si es llevado al Tribunal Constitucional, expuso: "Estos temas deben ser discutidos en este edificio -y en el otro menos lindo que hay en Valparaíso- y no en los tribunales".

Tiempo en familia

La diputada Camila Vallejo (PC), autora de la iniciativa, rechazó la crítica del Banco Central sobre que los costos laborales se incrementarían entre un 15% y un 29% si se aprueban los proyectos de sala cuna universal, el de pensiones y el de las 40 horas. "Probablemente los economistas no ven esto, no tienen idea de lo que pasa en las salas de clases, de lo que pasa en las familias, de lo que están sufriendo muchos niños que están siendo abandonados, no porque los padres quieran abandonarlos, sino porque no pueden estar más tiempo con ellos", aseguró.

Por otro lado, David Bravo, economista que lidera el grupo convocado por la CPC para estudiar el tema, planteó que el proyecto de adaptabilidad del Gobierno "era bueno", pero "se distorsionó" para "competir" con el de las 40 horas.