En Valparaíso los servicios de transporte de trolebuses se iniciaron en diciembre del año 1952 como transportes del Estado. Luego -en 1982- pasarían a manos privadas, cuya mayor participación actualmente corresponde aún a la familia Massai. Este medio de transporte si bien muestra desventajas en cuanto a su rapidez y falta de autonomía en conducción, se identifica por la ciudadanía por ser no contaminante, ligero y expedito; es un servicio tranquilo y seguro, con alta mitigación acústica y baja tasa de accidentabilidad en comparación con el transporte vía microbuses del Gran Valparaíso. Además, el trolebús de Valparaíso es una obra viva de la ciudad y un monumento histórico aún en funcionamiento.

Hoy los trolebuses con una flota de 22 máquinas (de fabricación estadounidense y suizo entre otros) participan del 15% del transporte público de Valparaíso y entre sus características operacionales destaca su frecuencia de 4 minutos, en una línea (recorrido) única que va desde Av. Argentina hasta la Aduana vía calle Colón, moviendo hasta 3 millones de pasajeros por año. Por otro lado, en materia de sostenibilidad los trolebuses funcionan con energía eléctrica (corriente continua) y proyecta la inclusión de ERNC (Energías Renovables No Convencionales) con paneles solares, los cuales permitirían inyectar energía al sistema minimizando la demanda eléctrica actual.

Con casi 70 años de operación en el transporte público de Valparaíso, este precursor de la electromovilidad no ha logrado una estabilidad y crecimiento en su servicio; por el contrario, el modelo de administración privado subsidiado por el Estado, año a año ha tenido que lidiar con los costos operativos de esta empresa los cuales llegan aproximadamente a $ 360 millones sumado a los de mantención, reparación y reposición de material.

Paradójicamente ha trascendido -en declaraciones de la empresa y del Ministerio de Transporte- que este patrimonio de nuestro puerto nuevamente corre serio peligro de desaparecer, demostrando de forma fidedigna que este medio de movilización ha adolecido de una política clara por parte del Estado y los gobiernos de turno en aras de preservar, modernizar o incrementar su cobertura de servicio.

En la actualidad, diversos estudios de movilidad proyectan que una línea por Pedro Montt - Aduana y con una frecuencia de 4 minutos permitiría movilizar a millones de personas durante un año en el plan de Valparaíso, con una tecnología que podría contribuir a la reducción de la congestión y los índices de contaminación atmosférica y acústica, los cuales son registrados a diario en las arterias principales de la comuna puerto.

Sin embargo, el actual diseño urbano del plan de Valparaíso, sumado al modelo de administración y gestión de esto medio de transporte, impiden que se implementen estos planes para el trolebús.

Entonces la inclusión del Trolebús Eléctrico Modernizado en los nuevos corredores de transporte público en la ciudad de Valparaíso y la emergente tecnología de buses eléctricos que complementen este patrimonio, avisoran respuestas al futuro de la movilidad porteña, congruente con la sostenibilidad en las ciudades que incluye las dimensiones económicas, ambientales sociales e institucionales acordes a Valparaíso y su crecimiento en calidad de vida ciudadana.

La gratuidad en la educación superior es una política de Estado, avalada por ley de la República, que valoramos por beneficiar a los sectores más vulnerables y por responder a una aspiración de amplios sectores de la sociedad chilena. Para miles de jóvenes y sus familias, significa la tranquilidad de ingresar y egresar de la universidad sin endeudarse.

Lamentablemente, el sistema tiene defectos y falencias que deben ser corregidos. No es posible que esta política de Estado termine trasladando parte importante del costo que significa su implementación a las universidades que la apoyan. Es doblemente contradictorio porque, por una parte, se deja de atender a los alumnos más vulnerables y, por otra, se atenta contra la calidad de las instituciones.

Uno de los principales problemas está en que la gratuidad solo abarca la duración nominal de las carreras, lo que constituye una irrealidad aquí y en la gran mayoría de los países del mundo. En general, los estudiantes sobrepasan este tiempo en cerca de dos años, un promedio que además es mayor en las regiones de Chile. Por ejemplo, en 2017, los estudiantes de universidades regionales sobrepasaron la duración de sus carreras en 2,6 años, mientras los de Santiago lo hicieron en 2,04 años.

Los principales afectados son los estudiantes más vulnerables. Llegan a la universidad con menos herramientas y más brechas socioculturales y de conocimientos. Debido a su condición, algunos de ellos se ven obligados a mantener otras actividades en paralelo, afectando el cumplimiento de esos tiempos y, al no cumplir la duración definida, pierden la gratuidad y enfrentan el fantasma del endeudamiento.

En vez de apoyarlos, el Estado los abandona justo en esa fase final de sus carreras, lo que genera una inmensa frustración. Por haber tenido gratuidad, solo pueden acceder a una rebaja del 50 por ciento del arancel durante el período en que sobrepasen la duración de su carrera, rebaja que nuevamente es en contra de las universidades que han apoyado a la gratuidad.

Así, las mismas universidades que ya incurrían en costos adicionales para paliar las brechas con que sus estudiantes vulnerables llegan desde la enseñanza media, ahora tienen que soportar una nueva carga.

Rectores y parlamentarios conscientes de este problema lograron que se aprobara el uso del 30% de los recursos recuperados del Fondo Solidario de Crédito Universitario para compensar y cubrir los déficits que se generan por la aplicación de esas disposiciones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó esa parte de la ley de presupuesto 2019, al estimar que debía ser iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo por incidir en el gasto fiscal.

Discrepamos de esta decisión, ya que al utilizar los recursos recuperados por este fondo no se hace uso de los fondos generales de la nación ni se altera el presupuesto nacional.

El problema persiste, dejando en la incertidumbre a los estudiantes más vulnerables y empeorando la situación económica de las universidades, que aun así mantenemos nuestro compromiso social con esos jóvenes que merecen un futuro mejor. Esperamos una pronta solución, que ponga como límite el promedio real de duración de los estudios universitarios y no el nominal, pues es una ficción que no se cumple en Chile, en el resto del mundo y menos en regiones.

El anuncio hecho por el ministro de Ciencias, Andrés Couve, respecto de la instalación en Valparaíso de la nueva seremi macrozonal central de esta disciplina, es una de las noticias más relevantes que se hayan dejado caer en el último tiempo por los casi 15.400 kilómetros cuadrados -ciudades, pueblos, archipiélagos, islas, sitios eriazos y peladeros incluidos- de nuestra abandonada Región, tan huérfana de padre, madre y migajas de cariño.

Será que perdimos tanto tiempo creyendo que las soluciones vendrían desde la clase política (¡qué ilusos que fuimos!), que dejamos de ver -como el ciego de los dedos mágicos de la fábula de Esopo- a los científicos y pensadores que eran la respuesta, sino a todos, a gran parte de nuestros problemas e incertezas.

Couve, como su tío Adolfo -pintor renegado y escritor imposible, que terminara ahorcado por sus propios demonios en Cartagena- ha convivido gran parte de su vida entre axones y dendritas, con la estricta creencia de que la sencilla fórmula de 1 científico/mil habitantes debe ser aumentada de la mano del ignominioso 0,38% del PIB dedicado a la ciencia e investigación.

Pero hay esperanza y consuelo en la Región -no seamos tan papanatas tampoco- y justo es reconocer el trabajo de Ramón Latorre, de la dupla Girardi & Chahuán con el Congreso del Futuro y el del también senador Pugh, surgido de un minúsculo 2,14% de votos, pero cuyo sueldo es a todas luces plata bien gastada para la cantidad de horas y esfuerzos que ha dedicado a posicionar a la ciudad como centro neurálgico de investigación, ciberseguridad y otras ciencias que a nadie más le importan.

Es, asimismo, el minuto de las universidades, de que los rectores entiendan y asuman que su rol es mucho más relevante que el de los partidos; que si hay salida posible a estos días aciagos, ésta necesariamente pasará más por los pasillos de la Santa María, los salones de la PUCV, los patios de la UPLA, las discusiones en el aula magna de la UV, las piscinas de cultivo de pescados de Juan Manuel Estrada en la sede de la UNAB de Quintay, las exposiciones de Rafael Torres en el Baburizza, las tertulias de Juan Carlos García en el Centro de Neurociencias, las ediciones de la estupenda Jovana Skármeta (como diría Herralde) en los estantes de la Severín y las charlas del Puerto de Ideas, que por las farandulizadas comisiones de la Cámara Baja, las sesiones del Core o los concejos municipales donde la mitad duerme.

Escribe Martín Hopenhayn: "Lo difícil es saber si Couve logró creer en sus propias Meninas más que en ser un Velázquez ya imposible, que se sacrifica por una religión en crisis y paga en este mundo el costo de no traicionarla jamás".

Responde Couve: "Yo creo que lo único importante es no coger el camino fácil, a pesar de que por eso uno caiga a la cama y lo vea todo negro. Aunque la exigencia sea enorme, uno tiene que hacerle siempre el empeño a eso que le queda grande". Poco después se despachó su obra póstuma titulada Cuando pienso en mi falta de cabeza, una verdadera biografía de la derrota.

Su sobrino Andrés lo está intentando. Al menos, bastante más que varios de sus colegas de gabinete en cuanto a Valparaíso se refiere, quizás con la honrosa excepción de Cristián Monckeberg y uno que otro que aún entiende que trabaja para la gente.

Todo lo demás: la sequía, los troles, la indefinición portuaria, el desempleo y las agresiones medioambientales ya pasaron a ser problemas exclusivamente nuestros. En eso estamos solos.

Ahora, que el desafío nos quede grande, tampoco debiera ser tan grave. Al menos lo habremos intentado. ¿No cree usted?