El abogado Francisco Cox, quien representa a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, frente la acusación constitucional que ingresó la oposición en su contra, declaró ayer que, en caso de ser destituida, la secretaria de Estado podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el daño que significaría para su carrera política. Ayer fue el tercer día de discusión en la Cámara de Diputados y, en paralelo, el legislador (PPD) Pepe Auth dijo que la acusación "moriría" ahí por falta de argumentos.

La acusación constitucional, dijo Cox en Radio Universo, "es la máxima sanción que se le puede administrar a un ministro. (...) Lo estamos sacando de circulación (...), de la vida política; y eso está dentro de los derechos de la convención americana".

El abogado experto en Derechos Humanos mencionó casos ocurridos en Perú y Ecuador, donde miembros de los Tribunales Constitucionales fueron sacados de sus cargos por consideraciones políticas. "Efectivamente, si es que se violan derechos, la ministra Cubillos podría recurrir a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explicó.

Cox agregó que esto dependerá de cómo se desarrolle el juicio, pero afirmó estar seguro de que la acusación ni siquiera será aprobada en la Cámara: "Se va a rechazar por argumentos jurídicos", señaló.

Alrededor de 2.800 personas en la comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos, permanecían hasta ayer sin suministro de agua potable, tras ser cortada el 11 de septiembre por la presencia de hidrocarburos (compuestos derivados del combustible con el que funciona la planta). El intendente Harry Jürgensen afirmó que "podríamos tener perfectamente 15 días" sin servicio.

"Podríamos tener perfectamente 15 días de no atención de servicio de agua potable normal", dijo la autoridad, al desconocer una fecha concreta de reposición, tras reunirse con especialistas en el tercer Comité de Operaciones de Emergencias (COE).

"Uno tiene que hablarle a la comunidad en función de los antecedentes que hay y en función de la verdad, entonces no tenemos un antecedente que me pueda decir si esto puede durar 15 días, una semana, un mes", sostuvo Jürgensen.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, señaló que durante la noche del jueves la Fiscalía liberó las zonas afectadas, razón por la que es posible trabajar en la limpieza de la planta, lo que fue encargado a una empresa externa.

"Estamos iniciando los trabajos, una empresa externa para hacer la limpieza y de alguna forma todo lo que son las redes", aseguró la autoridad comunal, ante los siete kilómetros de redes que posee el sistema hídrico de Puerto Octay.

"No estaba autorizada"

La fiscal a cargo de la investigación, Leyla Chahín, tras revisar la planta, dijo que "no estaba autorizada" y cuenta con "nulas medidas de seguridad, nulo proceso científico, que al menos yo advierto. En este lugar existía un eventual foco de contaminación".

"Es extraño cómo llegó (el hidrocarburo a la planta de agua), porque supuestamente no había en el lugar ningún tipo de elemento que pueda contaminar", agregó el intendente.

"No tenemos un antecedente que me pueda decir si esto puede durar 15 días, una semana, un mes"

Harry Jürgensen, Intendente de Los Lagos