El duro debate que viene por la reforma al Código de Aguas
LEGISLACIÓN. Parlamentarios de la Región coinciden en privilegiar el consumo humano y fortalecer capacidad fiscalizadora de la DGA, pero discrepan en la duración de los derechos. REGIÓN. Presidente de los usuarios de la primera sección del Río Aconcagua advierte que las cuencas están agotadas.
Chile es el único país del mundo cuyas aguas están en manos de privados. ¿La razón? El Código de Aguas que se instauró en el año 1981. Por eso, ante el escenario de crisis hídrica que se vive actualmente, se ha instalado en la discusión pública la necesidad de reformarlo, considerando que muchos habitantes de las zonas interiores de la Región deben ser abastecidos con camiones aljibes. A esto se suma que los pequeños agricultores campesinos ven cómo sus cultivos se pierden por la sequía, mientras las laderas de los cerros lucen verdes con grandes plantaciones de paltos.
Frente a ese escenario, se anticipa un intenso debate en el Congreso ya que los parlamentarios de oposición esperan que los derechos de extracción de agua no sean indefinidos, como propone el Gobierno. En tanto, sus pares oficialistas respaldan la propuesta del Ejecutivo, justificándola con el argumento de la certeza jurídica para los grandes empresarios que actualmente detentan los derechos de agua que adquirieron.
La senadora Isabel Allende (PS) planteó que "lo que necesitan los pequeños agricultores para producir es agua. Hoy, el Código de Aguas, aprobado en plena dictadura, separa la propiedad del agua de la tierra y genera un mercado de las aguas en las que el mejor postor, en muchos casos especuladores, se queda con el agua. Como si fuese poco, es sabido que existe un importante robo de agua a los pequeños agricultores por parte de empresarios con mayor poder".
En ese contexto, recordó que "por eso, durante el gobierno anterior hicimos los cambios que requieren los agricultores en el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. De hecho, la reforma que despachamos privilegiaba el consumo humano, que incluye la agricultura de subsistencia y de pequeña escala como un tema prioritario en el uso de las aguas. Incluso aprobamos de que el Estado pueda redistribuir las aguas para privilegiar al consumo humano y la agricultura de subsistencia. Sin embargo, pareciera ser que este tema no es prioritario para la agenda de este gobierno, ya que estamos acercándonos a la mitad de su periodo y aún no hay signos de que se vaya a aprobar pronto esta importante reforma".
Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que "primero, para la modificación del Código de Aguas hay que dar certeza jurídica e hídrica a los cientos y miles de pequeños y medianos agricultores, que son los que tienen la mayor parte de las siembras en nuestra zona y en nuestro país, y en ese sentido, fortalecer las organizaciones de usuarios es fundamental, y por otro lado, privilegiar la utilización del agua para el consumo humano, agua potable y servicios básicos por sobre cualquier otra utilización extractiva o para la minería".
Aguas subterráneas
Asimismo planteó que la Dirección General de Aguas "tiene un rol fundamental, porque si bien tiene las facultades, no tiene las capacidades técnicas ni de recursos humanos para poder llevarlas a cabo. Asimismo, es importante regular las aguas subterráneas; eso hoy día es tierra de nadie, quien encuentra y alumbra agua en su terreno es, automáticamente, dueño de las mismas, y eso, obviamente, puede afectar de gran manera a determinados acuíferos u otras fuentes de agua. Ésta es una situación que no está contemplada en nuestro Código de Aguas y es imperativo poder regularla".
Para la diputada Carolina Marzán (PPD), "lo primero que debe hacer el Gobierno es garantizar el acceso al agua para el consumo humano. Debe haber una fiscalización y un monitoreo de extracción efectiva del recurso del agua".
En ese sentido, estima que "es necesario reactivar la tramitación del nuevo Código de Aguas, pero con lo aprobado en la Cámara de Diputados, no con la indicación que puso el Gobierno. También es necesario que el consumo de agua se limite a los niveles sustentables, y esto no se puede hacer si le damos más fuerza a la perpetuidad de los derechos de aguas, que es lo que está haciendo el Gobierno con la indicación sustitutiva que presentó para la norma actual".
Un máximo de 30 años
A raíz de aquello, subrayó que "es esencial mantener lo que aprobaron los diputados, especialmente desde el punto de vista de asegurar el consumo humano, el de las comunidades y resguardar los caudales ecológicos. Este proyecto establece un nuevo régimen jurídico para los nuevos derechos de agua que se constituyan, estableciendo que éstos ya no van a ser perpetuos como ocurre hoy día, sino que van a ser concesiones de uso de agua, con una vigencia máxima de 30 años, dependiendo de la disponibilidad del recurso, con un caudal ecológico mínimo".
La parlamentaria advirtió que "existe una sobredotación de derechos de agua que se han otorgado a particulares, muchos de ellos no se utilizan y son los pequeños agricultores los más perjudicados, porque en muchos casos son ellos los que no tienen acceso a los derechos de agua. Esto tiene que cambiar, esperamos que se le coloque suma urgencia al nuevo Código de Aguas, pero sobre todo que los senadores rechacen la indicación del Gobierno y se mantenga lo que salió de la Cámara".
En tanto, el diputado Pablo Kast (Evópoli), planteó que "es importante abordar las caducaciones de los derechos de aprovechamiento respecto al mal uso o al no uso del recurso hídrico. Esto no sólo en cuanto a multas en el uso malicioso del mismo, sino que también el derecho a caducar".
Fiscalizar por cuencas
Asimismo, estima que "debiera existir una mayor facultad del Estado para contar con una autoridad competente en la materia, una entidad centralizada, con capacidades reales de fiscalizar y coordinar la distribución del recurso hídrico por cuencas - no sólo por secciones - y que vaya mas allá de las asociaciones o los distintos gremios que hoy tiene parcializada la gestión del recurso hídrico en las cuencas".
En tal sentido, Kast estima que "necesitamos fiscalizadores para hacer esta coordinación, sobre todo por una especial potestad en los momentos de escasez hídrica para que puedan generar excepciones en el caso de urgencias para priorizar el consumo humano. Por asuntos humanitarios, tiene que existir una prioridad del consumo humano por sobre el uso productivo".
A su vez, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), sostiene que "la situación de fondo es que tenemos un modelo de institucionalidad del agua que es insostenible, y las empresas agrícolas exportadoras de paltas u otros productos acaparan derechos de agua, hay un sobre otorgamiento de derechos de agua, y por otro lado, una sobre explotación también de las cuencas, las napas, los ríos, entonces, ese modelo es insostenible".
En esa línea, hizo notar que "la reforma al Código de Aguas que está en la comisión de Agricultura del Senado es parcial, es sólo para el 10% de los derechos de agua que todavía no se entregan, pero acá se necesita hacer una reforma profunda al Código de Aguas que beneficie en primer lugar el consumo humano, en segundo lugar los pequeños productores, la pequeña agricultura campesina familiar, pequeños crianceros, ganaderos, etcétera, y obviamente, los fines productivos, pero haciendo un modelo que sea sostenible".
Latorre enfatizó que "Chile no puede ser una potencia agroalimentaria con este modelo insostenible en que se está vulnerando cotidianamente el derecho humano al agua".
Por parte del Gobierno, el seremi de Agricultura, Humberto Lepe, planteó que "nosotros necesitamos que el Código de Aguas se reforme, porque la verdad es que tiene ya muchos años de vigencia, dice muy poco respecto a las aguas subterráneas, no dice nada respecto de aguas nuevas, por lo tanto, necesitamos un nuevo Código".
No obstante, Lepe hizo notar que "la única diferencia que tenemos hoy día es que para nosotros es relevante tener certeza jurídica respecto del agua. La agricultura tiene que hacer inversiones a largo plazo y el Ministerio de Obras Püblicas está pensando en embalsar agua en el largo plazo. Para eso necesitamos saber cuáles son titulares del agua, y desde nuestra perspectiva, queremos certeza y saber que el titular del agua cuenta con ella no a un plazo fijo, sino que en forma indefinida, pero que la use, y en eso estamos de acuerdo, porque el que no usa agua no tiene ningún sentido que la mantenga".
Para el diputado Diego Ibáñez (FA) "la solución a mediano y largo plazo, radica en proteger los glaciares de la gran minería y extracción ilegal de agua, democratizar la gestión del recurso que hoy le da más poder a quien tiene el dinero para comprar más derechos de agua, e invertir desde el gobierno regional en obras de infraestructura que fortalezcan la red de agua potable rural (APR)".
"El Código de Aguas, aprobado en plena dictadura, separa la propiedad del agua de la tierra y genera un mercado de las aguas en las que el mejor postor, en muchos casos especuladores, se queda con el agua"
Isabel Allende, Senadora (PS)
25% de la sequía es por el factor humano
La diputada Carolina Marzán (PPD) hizo notar que "la Dirección Meteorológica de Chile explicó que un 25% de la responsabilidad en la sequía es del factor humano, relacionado fundamentalmente con el sobre consumo agrícola. Además, asegura que de no haber más precipitaciones en lo que queda del año, 2019 sería el más seco de la última década. Lo que es gravísimo y debemos tomar medidas a nivel nacional, no sólo en mi distrito que es uno de los lugares que más ha sufrido esta catástrofe ambiental".
"Por asuntos humanitarios, tiene que existir una prioridad del consumo humano por sobre el uso productivo"
Pablo Kast, Diputado (Evópoli)
"Existe una sobre dotación de derechos de agua que se han otorgado a particulares, muchos de ellos no se utilizan y son los pequeños agricultores los más perjudicados"
Carolina Marzán, Diputada (PPD)
"Es importante regular las aguas subterráneas, eso hoy día es tierra de nadie"
Andrés Longton, Diputado (RN)
Regantes estiman que no deben otorgarse más derechos
Para el presidente de los regantes de la primera sección del Río Aconcagua, Javier Crasemann, la discusión sobre la reforma al Código de Aguas está mal enfocada. "En el contenido de todas las modificaciones no hay nada que sirva para mejorar la situación de disponibilidad", indicó y que por eso espera que los actuales derechos sigan a perpetuidad y que no se otorguen nuevos.
Al respecto, explicó que "cuando empiezan a hablar de la naturaleza de derecho, que para los nuevos derechos va a ser a concesión y no a perpetuidad en toda la zona central - que es la afectada por la sequía- están declaradas agotadas las cuencas, o sea, no debiese haber nuevos derechos. Por lo tanto, es una discusión que no tiene ningún destino".
En cuanto al hecho que Chile sea el único país del mundo que privatizó el agua, planteó que "el cambio climático nos afecta tengamos el sistema que tengamos; aquí hay mucho de mito, como que el Código de Aguas de 1981 separó el agua de la tierra y eso es la causa de una serie de barbaridades que ocurren hoy en día, pero el libro de propiedad de las aguas, separado de los bienes raíces, de tierra, es de 1915, y existe un libro en los conservadores de bienes raíces donde se registran las aguas de forma separada de la tierra".
Infraestructura
A su juicio, "lo que se necesita para enfrentar la sequía es un programa de inversiones monumental, que no se ha querido enfrentar por 100 años, que incluya embalses de cabecera, revestimiento de canales, mejoramiento de la situación de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), para que no sufran los problemas que tienen hoy en día. Es una tremenda inversión".
Bajo ese contexto, reconoce que "tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir todos, privados y Estado, qué es lo que tenemos que hacer, pero para concitar esa unión y que todos se metan la mano al bolsillo, que todos pongan recursos, tienes que dar certeza, tranquilidad y calma de que las reglas del juego no se van a cambiar. Entonces, si te pones a discutir ahora si es una concesión por 30 años o es a perpetuidad el derecho de agua, la verdad es que se resta gente que podría invertir".
Con respecto a la regulación de las aguas subterránteas, Crasemann estima que "hay mucho que avanzar en eso, hay que crear las comunidades de usuarios de aguas subterráneas; tiene que empezar a tramitarse este tema ya que se han cometido errores garrafales por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) otorgando derechos más allá de las capacidades de las cuencas en varios valles".
En cuanto a aumentar las capacidades de fiscalización de la DGA para velar por que no haya usurpación de agua, se mostró de acuerdo, señalando que "eso es tremendamente necesario; tiene que ser una fiscalización profunda y en conjunto con organizaciones de usuarios, que son los que realmente saben los lugares donde hay más problemas. De hecho nosotros, como primera sección, somos los que estamos ofreciéndonos como primeros voluntarios para que nos fiscalicen, sobre todo en la extracción de aguas subterráneas, y que continúen haciéndolo en el resto del valle porque creemos que es tremendamente necesario y cuentan con todo nuestro apoyo".
Por su parte, el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Llayllay, Víctor Beltrán, remarcó que "hay pequeños agricultores que no tienen agua para sus regadíos pero, al contrario, vemos que la plantación de monocultivos sigue extendiéndose y aumentando de forma significativa. Acá hay que cambiar el Código de Aguas".
"Lo que tenemos que saber es cuánta agua hay y priorizar el consumo humano por encima de los otros consumos"
Javier Crasemann, Pdte. Regantes Primera Sección Río Aconcagua
Error del Estado al incentivar paltos
En cuanto a los monocultivos de paltos en las laderas de los cerros, Crasemann estima que "no debiese seguir ocurriendo que todas esas plantaciones, por ser nuevas superficies de riego, fueran financiadas, y por lo tanto, incentivadas por el Estado a seguir creciendo. Fue un error del Estado que se entrometió en empujar el crecimiento de plantaciones artificialmente, en lugares donde no estaban las condiciones hídricas suficientes para hacerlo, y hubo un desmedro de las antiguas superficies de riego, lo que eran los valles cultivados, la parte plana, ellos tenían menos puntaje al momento de concursar o poder disponer de recursos del Estado para la tecnificación, porque había prioridad para las nuevas superficies de riego, que eran los cerros, y se pusieron paltos".