La dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), respondió a las aseveraciones planteadas por el Consejo de Guardaparques de Chile en referencia a la desvinculación de Pablo Mira de la dirección regional Valparaíso, descartando que la medida se debiera a su posición contraria al acuerdo de excavaciones arqueológicas en el archipiélago Juan Fernández. "La dirección ejecutiva de Conaf tomó la decisión en base a lineamientos de carácter administrativo que no guardan relación con los trabajos que promueve en el archipiélago el historiador de origen holandés, Bernard Keiser, en búsqueda de un tesoro de origen español presuntamente enterrado en la zona en el siglo XVIII", dice la misiva. Asimismo, la entidad recalcó que su principal misión es la conservación de los recursos naturales y culturales existentes en las áreas silvestres que protege el Estado "entre ellas, por supuesto el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, que además ostenta la condición de Reserva de la Biósfera. Por este motivo, cualquier tipo de intervención en esta zona será fiscalizada con la mayor rigurosidad". El texto finaliza destacando el nombramiento de Sandro Bruzzone, jefe regional del departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental y profesional con amplia trayectoria dentro de la institución, como director interino de Conaf Valparaíso.

Francisco Meneses V.

Luego del revuelo provocado por la salida de Pablo Mira de la dirección regional de Conaf, la entidad informó en un comunicado que la decisión se debió exclusivamente a temas administrativos; no por su oposición al protocolo de acuerdo del Ministerio de Bienes Nacionales con los representantes del historiador holandés, Bernard Keiser, para realizar excavaciones que confirmen o descarten la existencia de un tesoro en el archipiélago Juan Fernández (ver nota relacionada).

Aun así, para algunas personas persisten las dudas respecto del manejo de una operación extractiva en un parque nacional, que a la vez es Reserva Mundial de la Biósfera.

Al diputado independiente ex DC, René Saffirio, le llama la atención el hecho de que "hayan tenido que despedir al director regional de Conaf, para dar curso a una resolución tomada por el ministro de Bienes Nacionales en un área que pertenece al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), donde cualquier actividad, sobre todo si se refiere a alguna que afecte el medio ambiente, está prohibida".

El legislador que representa a la Región de la Araucanía recordó que hay compromisos del Estado de Chile a nivel internacional, relacionados con la protección de la flora y fauna endémica del territorio insular.

"Es un despropósito difícil de calificar el que se autorice el ingreso de maquinaria pesada, en una semana que todo el país está pendiente de otras cosas, a una zona protegida con el objeto de buscar un tesoro", señaló Saffirio.

A raíz de lo anterior, el parlamentario pedirá información a la cartera que dirige Felipe Ward, para esclarecer la situación surgida con el protocolo.

"Solicitaré que se me envíe la resolución dictada por el ministro y qué tipo de labores involucra la autorización, porque esto puede, incluso, dar pie para que se configure la causal de destitución del ministro, a través de una acusación constitucional, por haber dejado de cumplir la ley", planteó.

Las justificaciones

El diputado insiste en que la autorización de las excavaciones arqueológicas en el sector de Puerto Inglés, de la isla Robinson Crusoe, vulnera los tratados firmados por el Estado, a la vez que pone en una posición incómoda a Sebastián Píñera, en su afán por posicionar a Chile a la vanguardia de la protección medioambiental.

"No sé que autoridad moral va a tener el Presidente de la República para recibir un premio por sus políticas de conservación de los recursos naturales y protección de la naturaleza, y la COP 25", dijo.

Saffirio agregó que sería bueno saber la forma en que Felipe Ward "va a justificar el ingreso de maquinaria o la realización de cualquier excavación o autorización referida al archipiélago. Esto es, y pido disculpas por la expresión, francamente demencial".

Para recabar información acerca del protocolo de acuerdo entre Bienes Nacionales y el equipo de Keiser, el legislador intentó solicitarlas vía Ley de Transparencia en la página web de la secretaría de Estado, pero no pudo acceder a la plataforma.

"Es muy curioso que justo en medio de esta polémica, los requerimientos de transparencia, a través de la web del Ministerio de Bienes Nacionales no están habilitados", aseguró.

Respecto de la declaración del ministerio en la que el terreno donde se harán las excavaciones arqueológicas no superan el 0,0004% de la superficie del parque nacional, Saffirio estimó que se trata de un discurso repetido, ya que"no es un problema de este gobierno, a todos los gobiernos se les abre el apetito con los bienes nacionales. No pueden concebir que el Estado siga siendo dueño de zonas tan ricas y que con la lógica del extractivismo y la rentabilidad, no se le esté sacando rentabilidad económica", precisó.

Medidas de control

René Saffirio anunció que su equipo de asesores legales comenzará a estudiar las formas pertinentes para revertir la decisión de Bienes Nacionales.

"Eso significa Contraloría, también la fiscalización de la información obtenida oficialmente a través de la Cámara, del Ministerio de Bienes Nacionales, de Conaf, del Ministerio de Agricultura y no descarto, en absoluto, la posibilidad de una acusación constitucional para la preservación, aunque sea de un metro cuadrado, del archipiélago Juan Fernández", cerró.

En tanto, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) coincidió con la óptica de Saffirio, al estimar que Ward pasó por alto "su deber constitucional de conservar la naturaleza, cediendo al lobby privado de un proyecto arqueológico que no cuenta con evidencia creíble, porque se viene haciendo desde el año 98 sin resultados". Asimismo consideró que esta medida, en la antesala a la cumbre COP 25, no sería racional "porque hacemos el ridículo a ojos del mundo entero".

El parlamentario también tomará medidas para verificar la legalidad de la decisión de Bienes Nacionales. "Llevaremos los antecedentes a Contraloría para que se pronuncie sobre la ilegalidad porque se han vulnerado principios constitucionales, cuestión que legalmente nos puede permitir activar una acusación constitucional", expresó Ibáñez.

Víctor Torres (DC), también pedirá información sobre el acuerdo para esclarecer las responsabilidades de los órganos involucrados y definir las medidas a tomar. "El martes nos vamos a reunir, espero que parlamentarios de toda la oposición, para evaluar la situación y requerir información para que sepamos quien es el responsable de esto y quien autorizó", expresó.

La diputada María José Hoffmann (UDI) respaldó el protocolo firmado el 10 de septiembre y desestimó la posibilidad de una acusación constitucional, el último recurso planteado por René Saffirio.

"La decisión de Conaf apoyada por Bienes Nacionales, si están los resguardos de conservación y protección necesarias, me parece que es el camino correcto. Hablar de acusación constitucional es una desproporción total que refleja lo perdida que está la oposición", dijo la representante gremialista, quien añadió que "la oposición confunde permanentemente las herramientas de fiscalización y esta es una señal más".

"Solicitaré que se me envíe la resolución dictada por el ministro y qué tipo de labores involucra la autorización"

René Saffirio, Diputado independiente