Cristián Rodríguez F.

A contar de la medianoche de hoy, y por un periodo de un año, comenzará a regir la declaración de zona de catástrofe que el lunes de la semana pasada decretó el Presidente Sebastián Piñera en las 36 comunas continentales de la Región de Valparaíso, en respuesta a la grave escasez hídrica que por más de una década enfrenta la zona y que amenaza con mantenerse.

La inédita decisión obligó a que este lunes el intendente Jorge Martínez -quien asume como la autoridad responsable de la coordinación y ejecución de todas las medidas- citara a una sesión extraordinaria de la mesa hídrica de Valparaíso, seguida por un Comité Operativo de Emergencias (COE).

Las reuniones continuaban anoche para afinar las primeras medidas que autoriza adoptar el Decreto N° 104, entre las cuales destaca la mayor disponibilidad de recursos desde los fondos nacionales de emergencia, además de poder solicitar otros financiamientos provenientes de distintos organismos del Estado.

"Nuestro intendente regional ha liderado las mesas de trabajo en las que han participado los gobernadores provinciales y también los servicios competentes en la materia, que nos ha permitido barajar las diferentes líneas a seguir con sentido de urgencia, tal como lo ha solicitado el Presidente Sebastián Piñera", informó ayer a este Diario la seremi de Gobierno, Leslie Briones.

En ese contexto, la vocera regional agregó que la entrada en vigencia del decreto "nos permitirá dar mayor fluidez a procedimientos técnicos y administrativos que trabajaremos de cara a los vecinos afectados por esta situación".

Flexibilidad financiera

Si bien la declaratoria de catástrofe radica en el Ministerio del Interior y por ello el decreto también amplía las facultades del intendente, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, explicó a este Diario que el objetivo central de considerar a la región como una zona de catástrofe es que "faculta al Estado a tener una mayor flexibilidad en temas financieros que son de su responsabilidad".

"Cuando se declara una zona como catástrofe tiene una importancia mayor en el sentido de que la mirada del gobierno central pasa a ser distinta, con una mayor flexibilidad en los temas financieros entre el sector público y el privado. Por ejemplo, permite la condonación de deudas por contribuciones o la flexibilidad para condonar deudas de algunos servicios estatales", comentó el secretario de Estado, quien ayer recorrió las obras de revestimiento del canal "Arriba" ubicado en Catemu, cuya inversión de $ 188 millones fue financiada por la Comisión Nacional de Riego.

Otra de las medidas que se permiten en una zona de catástrofe, de acuerdo a lo que explicó el intendente cuando se tomó la resolución, es la posibilidad de realizar adjudicaciones directas que agilicen la llegada de ayuda. También faculta al Ministerio del Interior a aceptar donaciones para asistir a los damnificados con la sequía, quienes a su vez podrán recibir distintos subsidios o ayudas sociales a raíz de la emergencia.

Y aunque la facultad que mayor respaldo podría llegar a tener en la región sería la de contar con recursos adicionales, Walker precisó que la declaratoria no necesariamente obliga a disponer de financiamientos extras. "No siempre viene aparejado de nuevos recursos -sino que el Estado tiene otras disposiciones-, a menos que así lo decrete el Presidente de la República", expuso.

Escenario agrícola

En lo que le compete al Minagri, el ministro Walker confirmó que el decreto de emergencia agrícola -que data del 8 de agosto- continuará su aplicación en paralelo a las declaraciones de catástrofe y de zonas de escasez hídrica.

Por lo mismo, aseguró que seguirán atentos al comportamiento que vayan teniendo los sectores ganaderos y agrícolas de la zona interior, dado que no está cerrada la puerta a entregar mayores recursos en caso de que sea necesario.

"Efectivamente, estamos abiertos a ir evaluando esta situación para ver la magnitud del daño y del problema en la Región de Valparaíso. Vamos a acompañar a los agricultores en esta emergencia por escasez hídrica y si es necesario disponer de mayores recursos para ir en ayuda de ellos, lo vamos a evaluar y hacer", confirmó el secretario de Estado.

En esa línea, el ministro recordó que con la declaratoria de emergencia se destinaron automáticamente $ 400 millones para forraje, insumos, medicamentos y alimentación para la apicultura. Además, se aumentó de $ 3 mil a $ 7.200 millones el presupuesto regional de la Comisión Nacional de Riego, enfocado en obras de riego, tecnificación, bocatomas, revestimiento de canales, telemetría, entre otras.

Justamente, el mismo decreto permitió que esta semana 96 usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) de Casablanca se beneficiaran con recursos -que en su totalidad alcanzaron los $13,5 millones- para la compra de alimento para ganado o para insumos veterinarios.

Ayuda "transversal"

A la espera del anuncio que seguramente realizará hoy o mañana temprano el intendente respecto a las medidas que se tomarán, durante esta semana diferentes parlamentarios y organizaciones han entregado las prioridades que, a juicio de ellos, debiesen ser atendidas con mayor urgencia.

Una de ellas fue la agrupación "Aconcagua Región", que llamó a evitar una "visión centralista" en las soluciones que se adopten. "No queremos que la autoridad regional tenga un sesgo centralista en sus decisiones y, tal como lo hemos visto en muchos proyectos, los recursos se queden sólo en el Gran Valparaíso", expuso el secretario general de la agrupación, Claudio Gómez.

Aprueban comisión

La jornada de ayer también estuvo marcada por la aprobación -por 62 votos a favor, 27 en contra y 18 abstenciones- de una comisión investigadora que se abocará a indagar la actuación que desde 2010 a la fecha han tenido los diferentes órganos del Estado para enfrentar la escasez hídrica.

El documento señala que se evaluará el proceder que han tenido los ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Medio Ambiente e Interior, además de todos los servicios dependientes. "Se hace necesario realizar una evaluación de la forma en que se están destinando recursos y aplicando instrumentos en esta materia, de modo de contar con una visión sistemática para ajustar el rumbo y proponer nuevas soluciones de cara a los desafíos de la sequía y del cambio climático", indica el texto.

"Vamos a acompañar a los agricultores en esta emergencia y si son necesarios más recursos, lo vamos a evaluar y hacer"

Antonio Walker, Ministro de Agricultura

es la forma ni el modo de solución"

Tras las protestas que realizó un grupo de manifestantes de La Ligua y Pullally la tarde del domingo en la Ruta 5 Norte, la gobernadora de la Provincia de Petorca, María Paz Santelices, fue clara en señalar que "no es la forma ni el modo de solucionar un tema que es mundial, que nos afecta a todos y que debemos atender sentándonos en la mesa a conversar y buscar las soluciones que son reales".

"Hoy tenemos una situación crítica, que es la sequía y el cambio climático, que nos perjudica a todos por igual. Y estamos buscando soluciones a través de diferentes planes, como el Plan Petorca, los fondos de emergencia o los decretos agrícolas o de catástrofe. Por lo mismo, como Gobierno no vamos a permitir que personas irresponsables se tomen los caminos atentando contra la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, arriesgando a niños, jóvenes y adultos a accidentes graves que pueden ocasionar hasta la muerte", advirtió Santelices, insistiendo en que "la Gobernación siempre va a tener las puertas abiertas para buscar soluciones reales a problemas actuales de nuestros vecinos".

En esa materia, el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez -cuya esposa fue detenida en la protesta-, anunció la presentación de acciones legales contra quienes resulten responsables de la "usurpación del agua en la provincia". "Estamos preparando una demanda contra las personas que están sancionadas. Vamos a pedir una reparación por los daños provocados a los ecosistemas", dijo el alcalde a Radio Bío Bío.