Los seis megaproyectos que dejó a medias la empresa Puerto Principal
REGIÓN. Obras en Sto. Domingo, Petorca, Valparaíso, San Antonio y Viña, quedaron inconclusas. Core inició investigación a firma.
La grave crisis en la última fase de las obras de restauración del tradicional Teatro Municipal de Viña del Mar, a cargo de la empresa Ingeniería Construcción Puerto Principal, cuyo contrato fue caducado por el municipio por serios problemas de pago a los trabajadores y a varios proveedores -entre ellos la empresa que estaba a cargo de restaurar las puertas originales del inmueble- es sólo una parte del entramado de proyectos que la firma dejó inconclusos o con serios problemas durante el último año en la región.
Al 90% de avance que, según afirma el municipio viñamarino, tiene el edificio artístico en la Ciudad Jardín -los trabajadores aseguran que la cifra es bastante menor-, se suman cinco megaproyectos más: el edificio consistorial de Santo Domingo, con un 60% terminado y cerca de $8.596 millones de inversión del municipio; el ascensor Villaseca, en Valparaíso, con un 85% de obra terminada y una inversión del Ministerio de Obras Públicas de $3.300 millones; la Escuela Municipal Ramón Barros Luco, también de Valparaíso, que alcanzó un 50% de la obra y se adjudicó por $5.654 millones provenientes del Gobierno Regional; las viviendas sociales Mirador I y II de San Antonio, proyecto Serviu que fue entregado con graves fallas, y la Plaza de Armas de Petorca, con un 70% de avance y unos $2.500 millones de inversión del Gobierno Regional (Gore).
Este último caso es uno de los más preocupantes. Hace algunos días se dio comienzo al proceso de liquidación del contrato por abandono de las obras. El consejero regional Miguel Pérez, de Petorca, contó que "quedó abandonada la plaza más cara de Chile. Se buscaba transformar una plaza que ya existe del centro. Es una vergüenza que en la comuna más pobre de la Quinta Región se hayan aprobado recursos de casi $2.500 millones para una plaza que no se terminó".
El representante complementa que "la gente está indignada. Esto se abandonó hace una semana atrás, yo vi personalmente que se retiró todo, alcanzaron a hacer algo mínimo, habían puesto unos adoquines y después los sacaron. Aquí hay recursos del Gobierno Regional que han sido mal administrados". Se ubicó al municipio, pero no hizo comentarios.
Fernando Rodríguez, alcalde de Santo Domingo, expuso que la obra del edificio consistorial alcanzó apenas el 60% y tuvieron que dar término al contrato con la empresa por graves incumplimientos.
"Estamos en un proceso de verificación en terreno de los avances efectivos para la elaboración de las bases y una nueva licitación. Nos hemos enfocado en retomar las obras a la brevedad ante la irresponsabilidad y mala gestión de Puerto Principal, empresa que al momento de la licitación contaba con el respaldo, experiencia y solvencia necesarios para la adjudicación. Lamentablemente, no fue posible que la empresa que quedó en segundo lugar terminara las obras, por lo cual esperamos tener resuelta la nueva licitación antes de fin de año".
Además, aseguró que están asesorando a los trabajadores y subcontratistas impagos y que el equipo jurídico municipal está preparando las acciones legales "que sean necesarias para buscar las responsabilidades correspondientes".
Valparaíso
En el caso del ascensor Villaseca, el seremi del MOP, Raúl Fuhrer, precisó que actualmente se está haciendo una revisión exhaustiva al contrato "para identificar responsabilidades que pudieran darse en la ejecución de las obras. El contrato ha sido interrumpido y si bien va a haber una pausa en el proceso, se espera a la brevedad definir el nuevo programa para terminar el 15% faltante de obras".
En cuanto a la Escuela Ramón Barros Luco, desde la Municipalidad de Valparaíso expusieron que la obra lleva un 50% de avance en primera instancia, pero al igual que su par viñamarino hizo con el Teatro Municipal, también pondrán término anticipado al contrato por incumplimientos graves. El director de Asesoría Jurídica, Nicolás Guzmán, explicó que las obras atrasadas no se han desarrollado dentro de los tiempos legales. Se procederá "con todas las medidas de resguardo del inmueble, así como de las obras y de los materiales que están al interior de la escuela".
El administrador municipal, Claudio Opazo, precisó que planificarán "la conclusión de estas obras dentro de los plazos más próximos".
En San Antonio también hubo problemas con viviendas sociales del conjunto Mirador I y II por fallas como filtraciones e inundaciones en las obras que fueron entregadas en enero de este año. El director regional del Serviu, Tomás Ochoa, dijo ayer que la empresa no cumplió con los plazos para subsanar los errores observados por los técnicos y las familias, por lo cual se vio obligado a iniciar "el proceso de cobro de la garantía para finalizar dichas observaciones".
Investigación del Core
Con todo esto, el core Miguel Pérez, quien también es presidente de la Comisión de Fiscalización, anunció que a propósito de lo que ocurre con Puerto Principal se encuentra elaborando un informe de las empresas a las que se ha entregado grandes proyectos en los últimos años para ver su estado de cumplimiento, el que espera entregar al pleno la próxima semana. "Se sabrá cuáles empresas, de qué forma han terminado o abandonaron las obras, y qué han hecho los municipios para solucionar esto. Hoy los cores estamos muy alertas para que no vuelva a ocurrir lo de Viña del Mar y que los recursos sean bien aprovechados".
"Es mucho mayor en la Cuarta región"
El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) develó que "esta empresa no solamente tiene problemas con proyectos en la Quinta Región, tiene un hoyo financiero que se provoca en la Cuarta Región con el Gobierno Regional, de entre $3 y $4 mil millones". El consejero regional Manuel Millones (UDI) plantea que "se deberán inyectar presupuestos adicionales luego del proceso de licitación o revaluación. Acá no funcionó ninguna alerta y esto también debe ser parte de una investigación". El diputado Andrés Celis (RN) evalúa pedir a la Contraloría que revise los contratos de Puerto Principal con organismos públicos.