El Gobierno estudia impulsar protocolos que protejan la libertad de prensa y la seguridad de profesionales que cubren manifestaciones públicas.

Así se planteó ayer en el marco de la reunión que la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, sostuvieron con representantes de la Federación de Medios de Comunicación Social.

El encuentro se llevó a cabo tras las agresiones que el viernes sufrieron periodistas y camarógrafos que cubrían la marcha por el medio ambiente que se realizó en Santiago.

En la cita participaron los presidentes del directorio de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Ernesto Corona; de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Jaime Díaz; y de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Chile (Archi), Eduardo Martínez.

"Como Gobierno no solamente hemos presentado una querella, sino que además les hemos confirmado que estamos dispuestos a mantener la colaboración con los representantes y gremios de los medios de comunicación para establecer los protocolos necesarios que permitan la protección de los trabajadores que cumplen la misión de mantener informados a la ciudadanía", comentó la ministra vocera.

"Con esta violencia se pretende limitar el derecho de las personas a poder informarse de forma amplia, oportuna y veraz (...) Le hemos pedido al Ejecutivo que nos mantenga al tanto de esta situación y que ejerzamos algunos protocolos para que esto no siga avanzando. Estamos convencidos de que no fue una cosa aislada, sino una acción organizada y premeditada, y esperamos que la sociedad como un todo la rechace con fuerza", dijo Juan Jaime Díaz, quien además preside la Federación de Medios.

"No queremos que nuestros trabajadores corran riesgos, como lo que han tenido que sufrir. Por eso vamos a seguir impulsando este trabajo coordinado con el Gobierno y las instituciones policiales", expuso Corona, de Anatel.

Fiscalía y corte suprema

En otra instancia, el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, condenaron las agresiones.

Mientras Abbott dijo que "cualquier agresión que sufra la prensa en el ejercicio de sus funciones es un atentando a la libertad de prensa", Brito planteó que dicha libertad "necesita de garantías" y estas "tienen que ser preservadas".

Aunque ayer en la mañana Felipe Salaberry (UDI) había comunicado a su partido que no había renunciado a su cargo, como lo dieron a entender diputadas de Renovación Nacional tras una cena con el Presidente Sebastián Piñera el lunes en la noche, por la tarde el Gobierno informó que decidió dar un paso al costado. Pocas horas después de reunirse con el jefe de Estado, el propio ex subsecretario de Desarrollo Regional confirmó que ya no seguía en el cargo, pero que tiene la disposición de volver a ser parte del Gobierno.

"Conocidos los hechos que se me imputan, inmediatamente puse mi cargo a disposición del Presidente de la República, hecho que le reiteré hoy, en reunión con él", dijo Salaberry en un comunicado y agradeció que el mandatario le hubiera confiado la jefatura de Desarrollo Regional.

"Por valoración y convicción del gran trabajo que está llevando a cabo nuestro Gobierno, le he pedido que acepte mi paso al costado, para poder enfocarme en la defensa de los hechos por todos conocidos y así no empañar su exitosa labor (...) Una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición del Presidente de la República donde él estime necesaria mi colaboración para continuar con el éxito de nuestro Gobierno", agregó.

Incidente en ñuñoa

La dimisión se produjo cinco días después de que se conociera públicamente que el exdiputado fue acusado de infringir tres veces la Ley de Tránsito al pasarse igual cantidad de luces rojas con su vehículo y amenazar e insultar a un inspector municipal de Ñuñoa, lo que habría ocurrido el pasado 25 de agosto. Él desmintió esta información, dijo incluso que era "falso, de falsedad absoluta", pero el municipio dio cuenta de que sí había una infracción que involucraba al ahora renunciado subsecretario de Desarrollo Regional.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, calificó de "tremendamente injusta" la situación ocurrida con Salaberry. "Se trata de una multa de tránsito. Creo en la versión de Felipe, es la palabra de uno contra la de otro. Se ha generado un gran revuelo mediático y él evaluó que esto lo daña a él, a su familia y al Gobierno (...) Decidió presentar su renuncia y dar un paso al costado, para demostrar contundentemente la falsedad de las acusaciones", dijo la congresista. Añadió que "él ahora está más relajado" y que veló por su familia. "Verse expuesto es difícil de sobrellevar... Creo que efectivamente, por la sanidad de él y por un gesto hacia el Gobierno , es razonable que haya dado un paso al costado".

Iris salaberry

La dimisión de Salaberry se produjo luego de que su hermana Iris, funcionaria del municipio de Ñuñoa que habría hecho gestiones para que se anulara el parte empadronado cursado contra él, también cesara sus funciones.

La semana pasada, el Ministerio Público anunció una investigación de oficio por presunto tráfico de influencias contra Felipe Salaberry, ante esas supuestas gestiones.

El lunes se reveló que Iris Salaberry había sido denunciada por dos emprendedoras a fines de 2016, cuando ejercía como jefa de Fomento de la Municipalidad de Ñuñoa. El alcalde Andrés Zarhi la recontrató en enero de 2019 y este lunes pidió la renuncia de la funcionaria, diciendo que "incurrió en un error", en alusión al episodio de su hermano.