Cristián Labbé es condenado a tres años de cárcel por apremios ilegítimos
JUDICIAL. Fallo en contra de coronel del Ejército en retiro refiere al caso de un joven detenido en 1973.
El coronel de Ejército en retiro Cristián Labbé Galilea fue sentenciado a 3 años de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos, "en su carácter de lesa humanidad". El ministro en visita Álvaro Mesa también determinó que el exalcalde queda suspendido de poder desempeñar "cargo u oficio público durante el tiempo de la condena".
El juez consideró en su fallo que Labbé fue autor de torturas contra Harry Cohen en noviembre de 1973, en Panguipulli, Región de Los Ríos.
Ningún beneficio
En su resolución, expuso que no se le concede a Labbé "ningún beneficio alternativo" y que, en consecuencia, tiene que cumplir la pena efectiva.
No obstante, podrá abonar los días que ha permanecido privado de libertad: del 18 de abril al 15 de mayo de 2017, en prisión preventiva, y del 15 de mayo al 6 de junio de 2017, en arresto domiciliario.
Cohen, de 26 años en 1973 y estudiante de Electrónica, viajó a Futrono desde Santiago, porque ayudada a familiares con un negocio. Fue detenido al día siguiente en la residencia de los mismos.
Allí irrumpió un grupo indeterminado de militares "boinas negras" los cuales procedieron a allanar el lugar y detener a la víctima y a otra persona, para luego sufrir una serie de apremios por parte de Labbé, según sostiene la resolución, entre los cuales se relatan amenazas e interrogatorios.
Luego, con otros presos, fue trasladado en helicóptero hasta Panguipulli, donde fue interrogado por tres militares.
"Dichos apremios se prolongaron en diferentes episodios, para posteriormente y al cabo de unos días ser dejado en libertad", concluye el dictamen.
"pudo identificar la voz"
En la sentencia se añade que la víctima "pudo identificar la voz de aquel oficial corpulento descrito (...) quien en forma burlesca realizaba reiterados alcances a su origen semita" y que "en dicho interrogatorio conectaron electrodos en su tobillo y muñecas, los cuales en forma sistemática producían descargas eléctricas cada vez más intensas, al mismo tiempo en que era interrogado".
El juez condenó al Estado a pagar una indemnización de $30 millones a la víctima.