Claudio Ramírez
Una de las aristas que se abrió en el marco de las reuniones efectuadas por el bloque transversal que busca la concreción del muelle exclusivo para cruceros en Valparaíso apunta a la normativa actual que impide, en este caso a la empresa portuaria, tomar en cuenta -para la viabilidad de la obra- los beneficios que podría acarrear para la ciudad y la región, más allá de lo que los números indican en términos de rentabilidad y modelo de negocios.
"La EPV no tiene herramientas legales para tomar una decisión distinta a la que definitivamente tomó", comentó el diputado Marcelo Díaz (PS) añadiendo que esto es una señal más de la necesidad de actualizar la ley de puertos. Ante ello, subrayó que el único escenario para levantar la estructura es que el Presidente le de prioridad.
"Al ejecutivo le estamos proponiendo una ley portuaria distinta con, por ejemplo, concesiones de más de 30 años. En otros lado existen concesiones de hasta más de 100 años y, desde ese punto de vista, seguro que los resultados de rentabilidad del muelle serían distintos", remarcó el diputado Rodrigo González (PPD).
Una visión distinta tiene el diputado Andrés Celis (RN) quien recalca que el tema pasa también por otras consideraciones. "A mi juicio no es necesario modificar la ley de puertos, ya que si el Estado quiere construir un muelle puede hacerlo en áreas no concesionadas. El tema es de voluntad política y de priorización del proyecto. Ahora bien, si lo que se quiere es construir el muelle en áreas concesionadas, evidentemente habría que modificar la ley de concesiones, para aumentar los plazos y que fuese más atractivo para las empresas que tienen allí sus concesiones", indicó el parlamentario.
Para el diputado Jorge Brito (RD) "muchos de los malos comportamientos de la empresa portuaria de Valparaíso se relacionan con el Sistema de Empresas Públicas que se comportan como empresas privadas y muy malas, y la metodología con la cual evalúan este tipo de proyectos de inversión es la que se usa para iniciativas privadas".
En tal escenario agrega que ese análisis no considera una serie de beneficios. "No se toman en cuenta los impactos positivos para todo el resto de actividades económicas y culturales asociadas (...) le pediría al Gobierno que utilice los mismos criterios que usa para construir un puente", dijo.
"La actual Ley de Puertos establece como máximo 30 años de concesión que es un plazo razonable para inversiones que son mucho más altas que la necesarias para construir el muelle de cruceros. Si algunos creen que la solución pasa por ampliar los años de concesión están profundamente equivocados ya que los últimos años aportan muy poco a la rentabilidad social del proyecto", subrayó el diputado Osvaldo Urrutia (UDI).
"Si lo que se quiere es construir el muelle en áreas concesionadas, evidentemente habría que modificar la ley de concesiones"
Andrés Celis, Diputado (RN)
"No se toman en cuenta los impactos positivos para todo el resto de actividades económicas y culturales asociadas"
Jorge Brito, Diputado (RD)