Plantean que ejecutivos de Enap deben ser suspendidos de sus funciones
CONTAMINACIÓN. Querellante, alcalde de Quintero y parlamentarios dicen que los seis funcionarios que serán formalizados tienen que ser alejados de sus cargos mientras dure la indagación.
El anuncio de la formalización de seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) por las intoxicaciones ocurridas en agosto del año pasado en Quintero y Puchuncaví y que fue solicitada al Juzgado de Garantía de Talcahuano por la Fiscalía del Biobío tras sostener la hipótesis de mala manipulación del crudo iraní "Iranian Heavy", ha generado diversas reacciones por parte de quienes han estado vinculados al proceso.
El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, el diputado Diego Ibáñez (CS) y el abogado querellante Remberto Valdés, fueron directos y plantearon que los funcionarios de la estatal deben ser suspendidos de sus cargos mientras dure el proceso legal que debe ser fijado por el tribunal.
Para el senador Francisco Chahuán (RN), en tanto, quien fue el primero que denuncio a la estatal y solicitó la investigación al Ministerio Público por la causalidad de los hechos, los ejecutivos que serán indagados no deberían en este periodo tomar decisiones importantes en la empresa.
Bajo este escenario, Edmundo Piraino Suez, gerente de Enap Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de Enap Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de Enap Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, Enap Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de Enap Refinerías Biobío, y Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinerías Aconcagua, tendrían que, a juicio de los consultados, alejarse de sus cargos mientras estén en calidad de imputados.
"Yo creo que todas las personas que están en este proceso deben ser separadas de sus cargos para que no interfieran en la investigación. Tanto en este caso como en cualquier otro, lo mínimo que hacemos, por ejemplo las municipalidades, es que cuando hay algún director que está comprometido en una investigación es internamente separado del cargo. Si ellos no tienen nada que ver, tendrán que retomar sus funciones; y si tienen responsabilidades, tendrán que asumirlas", aseveró el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco.
La misma visión compartió el abogado querellante, Remberto Valdés, quien postuló que "resulta razonable que estas personas dejen de tener influencia dentro de la operación de Enap durante la investigación. Si un gerente general de una compañía trae un veneno tóxico por 68 millones de dólares por un negocio frustrado e invierten más de 7 millones de dólares en poder procesarlo y más encima envenenan, lo menos es que esa persona dé un paso al costado asumiendo su responsabilidad".
El jurista fue crítico y además planteó que los ejecutivos de Enap deben sustentar su defensa con un abogado particular o a través de la Defensoría Penal Pública, por cuanto, a su juicio, "Enap no debe solventar las defensas penales de personas naturales porque ese es dinero de todos los chilenos y no corresponde que se gaste o se invierta en defensas de personas y no institucionales".
"que se haga cargo"
La opinión de los parlamentarios Ibáñez y Chahuán es similar a lo planteado por el alcalde de Quintero y el abogado querellante en relación a "dar un paso al costado", pero difieren de la defensa.
El diputado de Convergencia Social, quien presidió la Comisión Investigadora Quintero- Puchuncaví, precisó que "si está abierto un proceso contra ellos, corresponde que sean suspendidos de sus funciones".
En cuanto a su defensa legal, Ibáñez dijo que ello "está en el marco de la acusación frente a una empresa porque es una contaminación histórica. Corresponde que la empresa se haga cargo de representar a sus trabajadores porque ellos hacen el trabajo por la empresa".
Aclaró que la contaminación no corresponde a una sola empresa, sino que a una situación histórica, y así lo demuestran los episodios por intoxicación en la zona que han seguido ocurriendo, por lo que, aseveró, las empresas deben transparentar sus procesos.
En tanto, el senador Chahuán puntualizó que en base a "la evaluación que uno hace, al menos (los ejecutivos) deberían ser marginados de la toma de decisiones durante el transcurso de la investigación judicial. Desvincularse podría ser una alternativa, pero a lo menos debieran marginarse de la toma de decisiones para no afectar la propia investigación".
Respecto al patrocinio legal de los funcionarios de Enap que serán formalizados, argumentó: "Que la defensa esté financiada por Enap implica también un compromiso en las responsabilidades civiles, eventuales y posteriores, responsabilidades que son de la compañía. Acá, obviamente, la defensa debería ser de cada uno de los imputados".
eventual ampliación
Frente a la fecha de formalización que tendrá que ser fijada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano, según precisaron desde la Fiscalía del Biobío, el senador Francisco Chahuán planteó que se debería analizar por parte del Ministerio Público la ampliación de la formalización ante la eventual configuración de otros delitos.
La Fiscalía, dijo, "ha formalizado solamente por el artículo 291 del Código Penal y nosotros creemos que frente al cúmulo de antecedentes podría estudiarse la ampliación. El artículo estipula presidio menor en su grado máximo y acá estamos señalando que los daños provocados son de tal magnitud que efectivamente ameritan que se puedan configurar otros tipos penales".
El senador recalcó que "de acuerdo a los propios correos internos de la compañía, uno podría sostener que incluso pudo existir, eventualmente, ocultamiento de información y una obstrucción a la justicia".
En tanto, la alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos, expresó que "estamos cansados de investigaciones que no llegan a nada, por lo que para nosotros es altamente meritorio que existan personas que vayan a ser formalizadas, porque eso significa que se está avanzando por los caminos de una investigación correcta. Ahora, lo importante es que estás investigaciones continúen; y si existen más responsables, que estos sean de igual manera individualizados y castigados. Nadie puede estar por sobre la ley".
Defensa de la empresa
Si bien Enap no se pronunció frente a la petición para que los ejecutivos que serán formalizados sean separados de sus cargos y a los cuestionamientos a la defensa corporativa que tendrán, la estatal sí se refirió al proceso penal que tendrán que enfrentar los funcionarios del Biobío y Refinería Aconcagua.
El abogado defensor del grupo que será formalizado, Cristián Muga, reconoció que "es positivo que la investigación avance a la etapa de investigación formalizada porque significa contar con todas las posibilidades de defensa, aportar todos los antecedentes y demostrar su inocencia. Aquí se trata de un grupo de colaboradores de Enap que han cumplido sus funciones con profesionalismo y es, por lo demás, muy injusto que se les pretenda hacer responsables de una situación que se arrastra por años y que es resultado de un conjunto de actividades en la bahía. La formalización no es sorpresiva, pero nos parece injustificada".
El jurista explicó que "existen causalidades alternativas y otro tipo de episodios distintos a este tipo de actividades que explican de mejor manera lo que ocurrió en ambas localidades", consignando que "las maniobras de descarga y posprocedimiento elaborados con crudo iraní no han sido las causantes de los episodios de contaminación ni en Aconcagua ni en Talcahuano".
Muga refutó el expediente de la Fiscalía, que cuenta con 20 tomos y consta de 350 páginas, para formalizar a los ejecutivos y postuló que "este no es un problema de testigos, este es un problema técnico". Según el abogado, "todos los hechos que se imputan ocurrieron en la semana que está entre el 17 y el 21 de agosto del 2018 y si se revisan las estadísticas que maneja la propia Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), se da cuenta que con posterioridad a esa fecha los episodios de contaminación y de afectación a la salud han continuado".
Aclaró que el 24 de agosto, un día después del segundo evento contaminante en la zona, donde resultaron 130 niños con síntomas de intoxicación, Enap "dispuso la paralización absoluta de las faenas en el terminal Quintero y, no obstante eso, se produjeron más de 1.500 casos posteriores de intoxicación".
Subrayó que "luego existen una serie de antecedentes, también en la carpeta de investigación, que dan cuenta que durante esos mismos días y con posterioridad, son otros los elementos químicos que se encuentran en el medioambiente y todo eso se hará valer en el proceso investigativo", subrayando en este sentido que los informes serán presentados al tribunal.
"Yo creo que todas las personas que están en este proceso deben ser separadas de sus cargos para que no interfieran en la investigación"
Mauricio Carrasco, Alcalde de Quintero
"Resulta razonable que estas personas dejen de tener influencia dentro de la operación de Enap durante la investigación"
Remberto Valdés, Abogado querellante
"Desvincularse podría ser una alternativa, pero a lo menos debieran marginarse de la toma de decisiones"
Francisco Chahuán, Senador (RN)
"Si está abierto un proceso contra ellos, corresponde que sean suspendidos de sus funciones"
Diego Ibáñez, Diputado (CS)
Intoxicaciones
El 21 de agosto de 2018 se produjo el primer evento por síntomas de intoxicación en Quintero y Puchuncaví. Un total de 38 niños y 2 adultos fueron afectados.
El 23 de agosto de 2018 se registró el segundo hecho contaminante. Síntomas de intoxicación, principalmente en menores, afectaron a 130 personas.
El 4 de septiembre de 2018, cuando los menores retornaron a clases luego de una extendida suspensión por polución, acaeció el tercer caso, afectando a casi 100 personas.
El 20 de agosto de este año se detectaron nuevos casos en Puchuncaví. Más de 40 personas, principalmente niños, fueron afectados.
El 1 de octubre de este año, más de 20 escolares sufrieron síntomas de intoxicación en el colegio Santa Filomena, de Quintero.
1.700 personas presentaron síntomas de intoxicación el año pasado por diferentes eventos contaminantes. El primero fue el 21 de agosto de 2018.
4 de agosto de 2018 se registró una "nube tóxica" que afectó al Mall del Trébol, ubicado en Talcahuano. En esa ocasión acusaron un fuerte olor a gas.
27 de septiembre de 2018, el fiscal nacional, Jorge Abbott, sumó a la fiscal del Biobío Ana María Aldana, experta ambiental, a la investigación por contaminación en Quintero y Puchuncaví.