Luego de ordenar sanciones económicas contra Turquía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió enviar a Ankara a su vicepresidente, Mike Pence, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, para promover un alto al fuego y poner fin a las operaciones militares turcas contra las milicias kurdas en el norte de Siria.

"Será en las próximas 24 horas, solo puedo decirles que será muy pronto", indicó un alto funcionario de la Casa Blanca a la agencia Efe y otros periodistas. Agregó que que EE.UU. "está molesto" con la ofensiva turca en Siria.

Pence también expresará a las autoridades turcas la "preocupación" de EE.UU. sobre un posible "desastre humanitario en la zona con violaciones a los derechos humanos".

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige la Alta Comisionada Michelle Bachelet, señaló al grupo armado Ahrar al Sharqiya, afiliado con las fuerzas turcas, como posible responsable de las ejecuciones sumarias de soldados cautivos y de una líder política kurda que fueron grabadas en vídeos y publicadas en redes sociales.

La ofensiva turca, que comenzó el pasado 9 de octubre, se dirige contra las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), integrante principal de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y aliadas de EE.UU. en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico (EI), aunque Turquía las considera terroristas.

Mientras las fuerzas de Bashar al Asad han tomado el control de ciudades como Manbech, que estaba bajo control kurdo, patrullas rusas han aprovechado la retirada estadounidense para marcar presencia y fortalecer a Moscú como eventual negociador en el conflicto. Trump, en cambio, pidió el lunes a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, que detenga las acciones bélicas.

En siete días, la ofensiva turca ha dejado 70 civiles y 135 combatientes kurdos muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que también reportó 120 combatientes pro Turquía. Unas 160 mil personas han sido desplazadas, de acuerdo con la ONU.

Ecuador amaneció ayer con los valores de los combustibles y las tarifas del transporte urbano en los mismos niveles que antes de las protestas, una vez que el Gobierno derogó el decreto por el que eliminaba el subsidio de los carburantes.

Las estaciones de servicio lucían carteles que daban cuenta de un valor de 1,85 dólares por galón de gasolina "extra", la de mayor consumo, mientras que el diesel quedó en 1,03 dólares. Con la eliminación de subsidios, habían trepado hasta 2,39 y 2,27 dólares, respectivamente.

Por disposición de las autoridades, también la tarifa del transporte urbano bajó los diez centavos en que se había incrementado. El costo de pasaje quedó en 0,25 centavos.

El Presidente Lenín Moreno derogó el lunes el decreto 883 que desató desde el 3 de octubre las protestas, que durante once días dejaron ocho muertos, según actualizó ayer la Defensoría del Pueblo, así como millonarias pérdidas económicas. Asimismo, provocaron heridas a 435 agentes policiales y daños a 108 vehículos de esa fuerza del orden, informó el Gobierno.

Ayer, el presidente Moreno designó a dos altos mandos militares en sustitución del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del comandante general del Ejército. En el primer cargo, nombró al general Luis Lara Jaramillo, y en el segundo, al general Luis Altamirano Junqueira.

El lunes, Ecuador retomó la normalidad una vez que el Gobierno y los líderes indígenas lograron un acuerdo, el que puso fin a las protestas. Ayer, miles de estudiantes de colegios y escuelas retomaron sus actividades tras varios días de suspensión.

Agencias

Las movilizaciones independentistas continuaron ayer en Cataluña con nuevos cortes de calles, autopistas y vías férreas, efectuados por miles de manifestantes que protestan contra la sentencia judicial que condenó a prisión a nueve líderes separatistas por sedición.

El Tribunal Supremo español (TS) les impuso el lunes penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el proceso independentista ilegal de 2017 en esa región española, que goza de una amplia autonomía.

Cientos de personas cortaron ayer la Gran Vía de Barcelona para dirigirse al centro de la ciudad, en la segunda jornada de protestas contra la sentencia condenatoria, lo que causó desvíos de tráfico, informó la policía local. En la noche, la manifestación derivó en violentos enfrentamientos.

En la provincia de Gerona las fuerzas de seguridad desbloquearon la autopista AP-7, con algún pequeño incidente, después de que unos 500 manifestantes interrumpieran la circulación unas tres horas, al igual que en otras carreteras.

El aeropuerto de Barcelona, el punto principal de las protestas e incidentes del lunes, recuperó la normalidad después de que grupos de secesionistas bloquearan los accesos en medio de disturbios, lo que obligó a cancelar 110 vuelos, mientras que ayer se anularon al menos 45.

Varios grupos de jóvenes gritaron como consigna que intentarán repetir las protestas de Hong Kong, en referencia a las movilizaciones de la región china de estatuto especial.

Las protestas dejaron 131 heridos en varios disturbios el lunes, principalmente en el aeropuerto de Barcelona. Incluso un hombre perdió un ojo el lunes en el recinto; el hospital de Bellvitge aseguró que la herida es compatible con el impacto de una pelota de goma, que usa la Policía Nacional.

"TSUNAMI DEMICRàtic"

El Ministerio del Interior español investiga al autodenominado movimiento independentista "Tsunami Democràtic", que no tiene responsables conocidos y convoca en las redes sociales lo que llama acciones de "desobediencia civil" de "no violencia" y movilizaciones como la del aeropuerto barcelonés. El grupo se presentó en septiembre distribuyendo este mensaje: "No somos una nueva organización, somos una campaña constante, continua e inagotable. Hay respuesta. Hay estrategia. Comienza una nueva ola y tú eres el protagonista. Tú eres el Tsunami".

Según el diario español "El Mundo", detrás del movimiento están los principales partidos políticos independentistas.

Las protestas callejeras seguirán, se presume, toda la semana, hasta la huelga general del viernes convocada por varios sindicatos soberanistas.

Alumnos de instituto y universitarios catalanes, muy activos en las manifestaciones independentistas, iniciarán hoy un paro de 72 horas organizado por el Sindicato de Estudiantes, aunque muchos no asisten a clases desde el lunes.

Las sedes catalanas de los partidos no independentistas Ciudadanos (liberales), Socialista y Popular (conservador) aparecieron pintadas con mensajes como "fascistas" y con esvásticas, símbolo del nazismo.

Autoridades

Los llamados a la movilización contra la sentencia por parte del Gobierno catalán y las alteraciones de orden público recibieron el reproche del Ejecutivo español. El presidente regional catalán, Quim Torra, se reafirmó en que los independentistas no aceptan la sentencia y se comprometió a no abandonar el ejercicio del "derecho a la autodeterminación".

La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo español, Carmen Calvo, pidió responsabilidad a los cargos públicos y responsables políticos. La portavoz del Gobierno regional de Cataluña, Meritxell Budó, dijo que comprende y comparte las movilizaciones contra la sentencia, que fueron mayoritariamente "de manera cívica y pacífica", y resaltó que la Policía catalana llegó al aeropuerto "para proteger a los manifestantes".