Los violentos disturbios ocurridos en Santiago a partir de la tarde del viernes en protesta contra el alza del precio del Metro dejaron un balance de 308 detenidos y 167 personas heridas, de las que once son civiles y el resto agentes de Carabineros, cinco con lesiones graves, informaron fuentes oficiales.

Asimismo, 41 de las casi 140 estaciones del Metro de Santiago y 16 autobuses urbanos fueron quemados o siniestrados, según el primer balance realizado ayer en la mañana, después de que en la madrugada el presidente Sebastián Piñera decretara el estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, dejando el mando de las zonas afectadas al Ejército para tratar de controlar la situación.

Cerca de 500 militares intentaron ayer controlar 16 ejes principales de la ciudad. El general de división Javier Iturriaga del Campo, nombrado por el Presidente jefe de la Defensa Nacional para enfrentar la situación, dijo que hay más efectivos acuartelados y preparados para sumarse a las tareas de control y contención si es necesario. Agregó que la prioridad es "cuidar a la ciudadanía, que pueda ejercer sus derechos, y cuando haya violentistas que lo impidan, ahí tenemos que actuar".

El general Iturriaga agregó que la ciudad amaneció tranquila y que desde las 2 o 3 de la madrugada solo hubo desmanes aislados. "Tenemos que intentar que el lunes todo el mundo pueda volver al trabajo y hacer su vida normal", expuso, aunque horas después comenzaron incidentes en las calles.

La empresa de transporte subterráneo, que suspendió los servicios en todas sus líneas el viernes en la tarde, continuó con esta medida ayer y la mantendrá al menos todo el día de hoy, "por los graves destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de operación". Añadió, en su cuenta de Twitter, que realizarán "los trabajos necesarios" y evaluarán "las condiciones en que se retomaría el servicio" mañana. El Sindicato de Profesionales y Técnicos de Metro informó que muchos trabajadores están muy estresados tras los incidentes y llamó a quienes no estén en condiciones de asistir a sus puestos de trabajo a que "no lo hagan".

En muchas de las estaciones de Metro, grupos de protestantes rompieron el viernes puntos de carga, torniquetes, accesos y otros equipamientos, hicieron rayados y escribieron la consigna "evade", llamando a evadir el pago del pasaje, acción que grupos de estudiantes y jóvenes iniciaron el lunes y que fue escalando hasta el fuerte estallido social y la violencia del viernes. Metro expuso que estaba "evaluando los daños".

Ayer, equipos de municipios, militares, vecinos y otros comenzaron a primera hora a limpiar las calles, para retirar escombros dejados por las manifestaciones. La Unidad Operativa de Control de Tránsito reportó, además, que 52 semáforos estaban apagados por daños de diversa consideración.

Las clases aún no han sido suspendidas en toda la zona, aunque algunos municipios, como el de Santiago, implementarán la medida para sus establecimientos el lunes y el martes.

Desde el lunes, cientos de personas, sobre todo estudiantes, llevaron a cabo medidas de protesta por el alza de $30 en el precio de los pasajes del Metro, hasta los $830 pesos en hora punta y $750 en hora valle.

La radicalización de las protestas derivó el viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos. Hubo cuatro incendios que dejaron daños mayores, incluyendo el que afectó a parte del edificio corporativo de la empresa de distribución de energía eléctrica Enel, en el centro de Santiago, causado por "un grupo de desconocidos", según expuso la firma. Trabajadores fueron evacuados y nadie salió herido.

Sí resultó herida por un proyectil en la ingle en una manifestación en Estación Central una joven que a ayer en la tarde iba a ser sometida a una cirugía en una clínica. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó la información y dijo que "no debería encerrar ningún riesgo".

custodia de militares

Además del estado de emergencia, el Gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, la que regula los delitos contra la seguridad interior del país y que endurece las penas.

El estado de emergencia, que por 15 días confiere a la autoridad designada -en este caso el jefe de la Defensa Nacional- la facultad de regular las reuniones en lugares públicos y velar porque estas no alteren el orden interno, rige para las provincias de Santiago y Chacabuco, y las comunas de Puente Alto y San Bernardo.