A. Paredes / F. Meneses
Las autoridades regionales han expresado su especial preocupación por el respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de las personas detenidas en las manifestaciones sociales. No obstante ello, se han registrado denuncias y querellas por parte de víctimas de los excesos ocasionados por las Fuerzas Armadas y de Orden durante el Estado de Emergencia y jornadas posteriores.
Las cifras levantadas hasta ahora por la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) del Ministerio Público de Valparaíso dan cuenta de la investigación de tres querellas en Quilpué presentadas por el INDH con cuatro víctimas. A ello se suman 25 denuncias registradas en distintas Fiscalías de la Región, dentro de las que se cuenta la realizada por 3 personas en Villa Alemana por apremios ilegítimos de funcionarios militares.
Una denuncia por 15 afectados en Viña del Mar heridos por perdigones; otra en la misma ciudad sin heridos y una tercera por herido de perdigón.
En Valparaíso existe denuncia una por maltrato de obra a Carabineros; una en Limache por agresiones; una en Quillota con un afectado por heridas de balín; 7 en San Felipe en audiencia de control de detención; 5 en Los Andes en audiencia; una en Quilpué; una en San Antonio y una de oficio en Quillota por perdigones.
Se suman otras dos denuncias directas en Los Andes y otra de un afectado por balín de goma en Valparaíso y que se interpuso en Villa Alemana.
El intendente Jorge Martínez insistió ayer en el apego de las fuerzas policiales al respeto de los derechos humanos y garantías de las personas detenidas, para lo cual existen estrictos protocolos para el proceder de Carabineros de la PDI.
La autoridad regional reconoció que el escenario de las manifestaciones es complejo, ante la existencia de "grupos violentistas que se apoderan y atemorizan a la población, que están actuando en forma sincronizada y con una preparación que preocupa mucho. Están actuando con hondas, con rodamientos y elementos de acero contra las fuerzas de Carabineros, alambres de púas y miguelitos en las calles para impedir el tránsito de los vehículos de las fuerzas policiales. Bombas molotov con acelerantes en grandes cantidades contra edificios públicos, vehículos policiales y personal a pie de carabineros".
190 a 300 detenidos
Las denuncias de represión indiscriminada a las movilizaciones pacíficas, por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas, han surgido con mayor intensidad después de lo ocurrido el domingo en Valparaíso, cuando la policía uniformada disolvió la marcha multitudinaria pacífica proveniente desde Viña del Mar.
Incluso, el propio alcalde porteño Jorge Sharp pidió que llegue a Valparaíso la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que vendrá al país a verificar las denuncias. A la vez el municipio pidió a quienes fueron a la movilización que compartan todos los registros fotográficos o de video, que detallen el comportamiento policial.
Desde el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), que ha trabajado sin descanso en estos días (ver entrevista en página 3), ante las cantidad de denuncias que reciben todos los días, no se ha podido sistematizar las cifras de detenidos en la zona.
"Mantenemos entre las 190 y 300 personas detenidas, que nosotros hemos visto fehacientemente que están detenidas. La cantidad de denuncias es mucho mayor y no hemos alcanzado a sistematizarlas y creemos que una vez que Carabineros nos entregue las cifras consolidadas de detenidos que ellos tienen, que se la hemos solicitado por oficio, va a ser aún mayor", dijo Fernando Martínez, director del INDH.
Aunque han recibido casos desde toda la región, a juicio de Martínez "nos llamó mucho la atención en los primeros días, que identificamos casos en donde las consecuencias del uso excesivo de la fuerza eran mayores y en una proporción más amplia en Quilpué, más que en Valparaíso".
Violencia sexual
Otro aspecto que se ha denunciado en estos días, se relaciona a los casos de violencia sexual que habrían sufrido manifestantes detenidas. Al respecto, el INDH ya presentó 6 querellas en la zona y se están preparando 10 libelos más para los próximos días.
"De las primeras 6 querellas, que corresponden a Quilpué, una de ellas refiere al caso de una mujer joven que en el momento de la detención sufrió violencia sexual y con posterioridad también sufrió amenazas estando en la comisaría", dijo Fernando Martínez.
Consultado acerca de si hay un patrón que se repite en estos casos, el director regional consideró que "no tenemos una cantidad de casos suficientes como para decir que corresponda a un patrón de actuación, pero sí tenemos una cantidad de casos que son preocupantes y no solamente ha pasado en Valparaíso", que han tenido como víctimas principalmente a mujeres.
Menores de Edad
Respecto de la detención de menores de edad en los últimos días, a raíz de las manifestaciones, Martínez detalló que "en Valparaíso es probable, y es una de las cosas que tenemos que sistematizar en algún momento, que también andemos en una proporción cercana al 10% del total de las detenciones que han afectado a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años".
Las cifras, según Martínez, irían en consonancia con las estadísticas producidas en estos días. "Hay que partir de la base de que a nivel nacional, el 11% del total de detenciones, que son 3.535, corresponden a niños, niñas y adolescentes".
Por último, Martínez anunció que el INDH regional está preparando una querella criminal, respecto de la detención de un menor de 18 años, acaecida en Valparaíso.
Rechazan recurso contra toque de queda
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó ayer el recurso de amparo presentado por el profesor universitario, Ibán Urgore de Rementería, en contra del jefe de la Defensa Nacional en dicha zona, contralmirante Juan Andrés de la Maza Larraín, por la dictación del estado de emergencia en la región de Valparaíso y la posterior disposición de toque de queda en la zona, por restringir de manera arbitraria e ilegal su derecho de libertad personal y de locomoción. En fallo unánime, la primera sala -integrada por el ministro Patricio Martínez, la ministra Inés María Letelier y el abogado (i) Fabián Elorriaga- no admitió a tramitación la acción de amparo que buscaba declarar la ilegalidad del acto que decreta el llamado "toque de queda". La resolución advierte: "Que discernir si, en teoría, un Estado de Excepción Constitucional confiere o no la posibilidad de decretar la medida de toque de queda, excede el ámbito que busca cautelar el recurso de amparo (...) máxime si no existen personas determinadas privadas o amenazadas en su libertad personal; acción constitucional que tampoco tiene por objeto dejar sin efecto un acto administrativo de carácter general que pueda dictar la autoridad competente.