L|a ley de presupuestos 2020 fue presentada por el Gobierno a fines de septiembre. Prontamente entrará a discutirse en ambas Cámaras. Sin embargo, desde su presentación, el pueblo chileno ha salido a manifestarse masivamente en torno a la consigna "no más abusos". Así, resulta conveniente revisar nuestro presupuesto a la luz de estos últimos hechos. Creo además que la Región de Valparaíso es una muestra real de las contradicciones y problemas a nivel país que requieren soluciones urgentes.

En términos ambientales, existen tres nudos críticos. En primer lugar, la zona de Quintero-Puchuncavi: se deben materializar las disposiciones que ordenó la Corte Suprema, y que requieren recursos. Tenemos escasez hídrica. Se debe aumentar la dotación de personal de fiscalización y recursos de la DGA, para reducir la extracción ilegal de agua. Del mismo modo, a través del aumento del presupuesto de INDAP se debe descomprimir la situación de pequeños agricultores y crianceros, principales afectados por la falta de agua. En tercer lugar, dada las condiciones de sequía y de la ciudad de Valparaíso, deben proveerse fondos adecuados para la prevención y combate de incendios.

Vivienda debe ser otro foco prioritario para la región. De acuerdo con datos de Techo-Chile en la última década hubo un aumento en un 189% de campamentos en la zona. Si bien el presupuesto del SERVIU aumenta un 7% respecto del año anterior en la región, vemos con preocupación que el programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda no logra alcanzar siquiera los niveles de inversión del año 2015. La vivienda digna es una deuda importante a nivel local.

En salud, los tres servicios existentes en la región experimentan recortes presupuestarios de un 7,5% en promedio. A modo de ejemplo, los profesionales de la salud del Hospital Van Buren han expuesto a la opinión pública una grave crisis. No se dispondría de los elementos básicos para atender a los pacientes. Por ello, la reducción del presupuesto de servicios de salud nos parece inadecuada.

Por último, en octubre de 2018 se presentó el Plan de Desarrollo Regional. Entre sus ejes, se encontraba la idea de generar más dinamismo, crecimiento económico y empleos. En el contexto actual será fundamental el apoyo a las Pymes. Han jugado un rol importante en el abastecimiento de la población. Sin embargo, dado que no nos encontramos en un contexto normal, han debido asimilar diversos costos, para los cuales no siempre se encuentran preparadas. El presupuesto regional deberá hacerse cargo de esto, poniendo recursos a disposición de su resguardo y reactivación.

Los puntos anteriores representan prioridades que consideramos importantes relevar y dotar de una adecuada asignación presupuestaria. Los problemas ambientales, de vivienda, salud y de activación económica en la pequeña industria son parte del núcleo de las demandas ciudadanas por corregir situaciones de abuso en el país. La ley de presupuestos es la instancia exacta para dar las señales que exige la ciudadanía: más en una región que encarna muchas de las demandas que se oyen a nivel nacional.

La última asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), realizada el último jueves en la comuna santiaguina de La Granja, marcó un antes y un después en la relación de los alcaldes con la crisis social que ya se extiende por más de tres semanas y la errática reacción, tanto del Gobierno como del Congreso, para contenerla. Como ya había sido explicitado en estas mismas páginas durante los primeros días del estallido de demandas y violencia, los jefes comunales han levantado la voz para ser partícipes de una posible solución, entendiendo que quién más que ellos está cerca de la ciudadanía y sus problemas territoriales específicos y que, además, reciben (de acuerdo con la última encuesta Cadem del pasado 4 de noviembre) poco menos del doble de confianza ciudadana que el Presidente, sus ministros, los parlamentarios y los partidos políticos, los peor evaluados del país; superando asimismo a Carabineros, las organizaciones religiosas, Fuerzas Armadas, Tribunales de Justicia y al empresariado.

La propuesta surgida en La Granja, una consulta ciudadana para el próximo sábado 7 y domingo 8 de diciembre, intenta de esta forma canalizar el verdadero sentir ciudadano de al menos 330 de las 346 comunas del país. Básicamente, el plebiscito -en ningún caso, vinculante- pretende saber la opinión sobre la creación de una nueva Constitución, marcar las prioridades sociales (hoy tan extensas y revueltas) e identificar demandas estrictamente locales, en lo que debiera ser el gran acierto de la misma, entendiendo las amplias diferencias entre cada uno de los municipios, su población y sus problemas. De la misma forma, casi todos los alcaldes (salvo el de Valparaíso) han condenado la violencia sin matices desde el día uno, no cayendo tampoco en cálculos políticos de poca monta.

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, el ente encargado de echar a andar los "diálogos ciudadanos", suerte de cabildos oficialistas que -por lo menos en esta Región- aún no han sido "bajados" a los medios ni a la población, aplaudió la decisión de la AChM. "Queremos ser facilitadores y ponernos a disposición. Entre más actores hagan estas conversaciones, mejor", dijo el ministro Sebastián Sichel.

Un nuevo pacto, como bien decía ayer el sociólogo español Manuel Castells en el Parque Cultural de Valparaíso, debe cumplir dos condiciones mínimas: la primera, debe hacerse la discusión; la segunda, ésta debe ser pausada y de cocción lenta, no sea cosa que nos terminemos quemando. Con todo, la reacción del Gobierno en toda esta crisis es llamativa. La falta de respuestas del poder central -con responsabilidades que se entienden mayúsculas- no puede extenderse al Gobierno Regional y a los seremis, los grandes ausentes de toda esta crisis, invisibilizados en algún rincón del edificio de calle Melgarejo y convertidos en tibios espectadores de los balances diarios de daños del intendente Jorge Martínez o de la agilidad del gobernador (s) Gonzalo Le Dantec para evitar mayores daños a la propiedad pública, privada y la seguridad de la ciudadanía.