Paola Passig

Para el analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, el último discurso del Presidente la noche del domingo dio cuenta de tres aspectos: confirmó que el martes 12 pensó en decretar estado de emergencia; segundo, condenó la violación a los Derechos Humanos -lo que, según él, marca una inflexión en lo que venía siendo un discurso ambiguo de La Moneda en este tema- y tercero, anunció que se avanzará más allá del 20% en la pensión básica solidaria.

- A un mes del estallido social que derivó en crisis política, ¿cómo evalúa el fenómeno?

- Surgen varias interrogantes acerca de cómo evolucionarán los hechos. El proceso constituyente en los próximos días deberá comenzar a resolver los detalles que quedaron en manos de una Comisión Técnica convocada para los efectos. Ahí se resolverán varias dudas acerca de las reglas en relación con el proceso, pero la mayor incertidumbre tiene que ver con la pregunta acerca de qué rol va a cumplir el Presidente de aquí en adelante. No son pocos los frentes abiertos.

- ¿En qué sentido?

- En los hechos, el programa de gobierno terminó el 18 de octubre junto con el inicio del estallido. Sin programa, relato ni sustento ideológico, y en medio de una suerte de cogobierno con el Parlamento, el objetivo de La Moneda se reduce a darle sustento a la imagen del Presidente. Se dice que un nombre aparecerá en la próxima constitución, pero quizás su objetivo clave sea conseguir terminar su mandato en marzo de 2021.

- ¿Este acuerdo político, que incluye cierto cronograma, calmará las aguas?

- Creo que al ser una solución institucional, que busca reconfigurar un nuevo pacto político a partir del cambio constitucional, va en la dirección de ofrecer una salida desde la política a la crisis. Es probable que no logre la desmovilización social y ciudadana completamente, pero el itinerario definido contribuirá a dar gradualidad a la pacificación de los ánimos.

- ¿Se necesita sumar una agenda social más profunda?

- En la base del movimiento de indignación y de los malestares expresados durante casi semanas y de los conflictos que se pueden poner sobre la mesa hay dos componentes: abuso y desigualdad. Estos requieren de correcciones más profundas, pero a través de una serie de iniciativas como las anunciadas en la llamada agenda social se pueden comenzar, en parte, a resolver los abusos y desigualdades. Se requiere, eso sí, terminar con la lentitud del Gobierno con la que se enfrentan las soluciones, ya que se precisa levantar una agenda de acciones concretas e inmediatas contundentes. Aquí también se requiere de la política. Hasta ahora, ésta ha aparecido desacompasada del tiempo social y de la urgencia cotidiana que la política pareciera no ver.

- ¿Cómo evalúa el esfuerzo de la derecha para aprobar un plebiscito y una convención constitucional que, en el fondo, opera como asamblea constituyente?

- En un escenario de correlación de fuerzas que a la derecha y al Gobierno hoy le resultan adversas, el espacio de maniobra le resulta muy escaso. Podía seguir oponiéndose, pero a un costo insospechado. En este cuadro, el margen de acción se veía menguado. La derecha tenía que ser parte de la solución y no sólo del problema. Esta dosis de realismo llevó tempranamente a sectores del oficialismo (especialmente en RN y Evópoli) a desmarcarse de la estrategia de mano dura que se insinuó el martes 12, antes del discurso del Presidente, y que nada bueno hacía presagiar. El fantasma de una salida a la boliviana estuvo en el ámbito esa larga noche previa a la comparecencia de Piñera ante la ciudadanía a través de una cadena de radio y TV. La Presidenta de la UDI anuncio a que llamará a votar No en el plebiscito de entrada, buscando tempranamente amarrar el voto duro del sector que estará en disputa. Habrá que ver cómo se mueven RN y Evópoli, que actuaron como bisagras en esta crisis.

- ¿Ve letra chica en este acuerdo político? ¿Los dos tercios, por ejemplo?

- La solución óptima es muy difícil de alcanzar en una negociación política. Dado que ésta es el resultado de una transacción política entre actores, tiende a primar el "second best" en el sentido que es la alternativa que genera mayor nivel de consenso entre los actores la que finalmente se logra imponer. Por ahora, como quedó establecido, el acuerdo genera incentivos para participar.

- ¿Considera que esta vez el Congreso sí jugó un rol gravitante que le pueda devolver la legitimidad?

- A pesar de la fuerte impugnación de la elite política y de instituciones como el Parlamento, sabíamos que la solución era necesariamente política. Más que cuestionarse a la democracia, lo que se criticaba severamente era a la política y la elite del poder. Quienes tenían que representar los intereses y demandas de los ciudadanos dejaron de hacerlo. Por eso que la gente buscó expresarse a través de otros mecanismos no instituciones como los que posibilita "la calle". El Parlamento cuestionado, con un clima de protesta en ascenso y presionado por el momentum político a que los convocó el Presidente con su llamado a una acuerdo por la paz, sumado a los mensajes que se habrían escuchado desde los mandos militares, llevó a los parlamentarios, después de cuatro semanas, a buscar con urgencia y celeridad un acuerdo. Fueron impulsados y condicionados por ese momentum para actuar el que finalmente logró concretar el acuerdo que conocimos.

- ¿Qué implicancia tiene que se haya restado el PC? Para muchos es el que maneja la calle.

- Está por verse si el PC gana o pierde con su decisión de automarginarse del acuerdo. Su postura busca recuperar el liderazgo de la izquierda más refractaria a este tipo de acuerdos y que tiene una agenda más anclada en el movimiento social y de protesta. También busca poner un dique o cortafuegos al vaciamiento de ese electorado que había comenzado a migrar hacia el Frente Amplio después de la política de alianzas del PC cuando se incorpora a la ex Nueva Mayoría. Es probable que ajuste su postura conforme nos acerquemos al plebiscito. Algo similar ocurrió cuando se buscó una salida institucional a la dictadura vía plebiscito el año 1988. Es probable, entonces, que llame a votar en abril, pero a su vez buscará no sentirse comprometido.

- Si sigue la violencia, ¿es factible que el Gobierno vuelva endurecer su postura?

- Es un escenario posible que la salida institucional no consiga desmovilizar totalmente, pero ya había comenzado un proceso de saturación de la violencia en parte importante de la ciudadanía y también de muchos movilizados. La gente en escenarios de polarización como el que se estaba instalando en Chile busca el centro. La actual salida institucional, no siendo la óptima, es la razonablemente posible y permite retomar la agenda social en paralelo con el avance gradual que propone la salida institucional.

"El programa de gobierno terminó el 18 de octubre con el inicio del estallido. Sin programa, relato ni sustento ideológico, y en medio de una suerte de cogobierno con el Parlamento, el objetivo de La Moneda puede ser que Piñera termine su mandato" "Si la elite política cree que su labor concluyó con el acuerdo, seguiremos en problemas. A ellos les compete construirle apoyo y legitimidad al acuerdo y realizar acciones concretas para procesar demandas y ofrecer soluciones"