El Banco Central publicó ayer el Informe de Cuentas Nacionales correspondiente al tercer trimestre de este año, entre julio y septiembre, es decir, hasta antes de la crisis social que atraviesa el país, momentos en que la actividad económica creció 3,3%. En paralelo, la cadena de supermercados estadounidense Walmart presentó un recurso de protección por los daños sufridos en 105 locales, como saqueos e incendios.

El ente emisor informó que en el tercer trimestre la actividad económica creció 3,3% anual, registrando un 2,4% de aumento en la demanda interna. Esto se tradujo en un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) "en servicios personales (4,2%) y empresariales (4,3%) y, en menor medida, en la construcción (5,9%)".

Respecto al comercio exterior, "las exportaciones presentaron cifras positivas por primera vez en el año", señaló el Banco Central, creciendo 1,2%, mientras que las importaciones cayeron por segundo trimestre consecutivo (-1,8%).

Walmart

La multinacional Walmart, en tanto, presentó ayer seis recursos de protección, porque, "desafortunadamente, el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior (…) afectando las garantías constitucionales del derecho de propiedad y el derecho de ejercer libremente una actividad económica, garantías consagradas por nuestra Constitución Política de la República", señaló la compañía en un extracto publicado por el Diario Financiero.

La empresa agregó que ha "garantizado" que los trabajadores de los 105 locales afectados "van a tener continuidad en su fuente laboral sin ningún problema".

Horas más tarde, la misma firma declaró que "no pretende, ni ha pretendido, responsabilizar al Estado por los daños ocurridos en sus locales".

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, destacó ayer la oportunidad que supone el acuerdo para crear una nueva Constitución, recomendando, además, incluir en este nuevo texto la condena a la corrupción, que actualmente no está tipificada.

"Como las constituciones condenan el terrorismo, podríamos incluir condenas a la gran corrupción", dijo Precht a la agencia de noticias Efe y precisó que "vamos a proponer que la lucha contra la corrupción se incluya en la Constitución, ya que en general no está".

El responsable del capítulo chileno de Transparency International (TI), una Organización No Gubernamental (ONG) con presencia en más de 100 países, agregó que "los chilenos tenemos la oportunidad de construirla (nueva Carta Magna) con nuestras propias manos y voces", por lo cual destacó la importancia del "derecho a la información, a la privacidad y al cuidado de nuestros datos" durante el proceso.

"Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo que las instituciones siguen siendo relevantes, que la política puede solucionar problemas en un mundo en el que vemos que los populismos emergen con fuerza", puntualizó Precht desde Berlín, donde participa en la reunión anual de TI.

Economía y bienestar

El abogado, en la misma línea, se refirió al supuesto bienestar que reflejaba la economía nacional frente al mundo, hasta antes de las manifestaciones: "Si uno ve los números macroeconómicos de Chile, son bastante admirables, pero hay una distancia en que eso llegue a la gente. Claramente hubo poca consciencia en las élites de que la macroeconomía no era lo único que explicaba el bienestar del país".

"También hay una sensación de abuso importante por parte de las instituciones, sobre todo con la persecución penal dispar. Los chilenos sienten que van a ser tratados distintamente según el delito que cometan, aunque el otro sea mayor", agregó Pretch.

Los legisladores de oposición Raúl Soto (independiente) y Jorge Brito (RD) entregaron ayer una carta al Presidente Sebastián Piñera para pedir la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, a causa del actuar de los uniformados durante las manifestaciones del último mes, solicitud que el fin de semana hicieron miembros del PS y el PPD.

Los diputados señalaron que "la policía uniformada ha sido ineficaz, tanto para cautelar el ejercicio del derecho de reunión, como para identificar y aislar adecuadamente a quienes cometen actos delictuales. Esto se no se trata de protocolos más o protocolos menos, es una situación límite que pone en duda el aprendizaje de nuestro sistema institucional y su capacidad para promover y proteger los derechos humanos de los habitantes de la República".

"Frente a la necesidad de dar una señal clara de que el poder civil se encuentra realmente comprometido con la plena vigencia de los derechos humanos (solicitamos) proceda a la remoción del general director de Carabineros (...) por su responsabilidad de mando en el actuar desmedido de la fuerza policial a su cargo", afirmaron los legisladores, a quienes se sumó la senadora DC Yasna Provoste. El Gobierno respondió que Rozas "tiene la confianza del Presidente".

Redacción

La Agencia de Calidad de la Educación informó ayer que, finalmente, la prueba Simce a los estudiantes de cuarto básico será aplicada este miércoles y jueves, tras ser aplazada casi un mes por la crisis social que atraviesa al país. Originalmente la medición estaba calendarizada para los días 22 y 23 de octubre.

"La situación del país requiere que la aplicación sea flexible y como institución nos adaptaremos y tomaremos providencias necesarias para la seguridad y bienestar de los estudiantes", señaló el organismo estatal en su cuenta de Twitter, después de comunicar que la prueba se ejecutará los días 20 y 21 de noviembre.

"El Simce que se aplicará esta semana será sólo para fines de diagnóstico e investigación y, por las condiciones especiales en que se tomará, no tendrá consecuencias para las escuelas", afirmó el secretario ejecutivo de la agencia, Daniel Rodríguez.

La oficina encargada de la calidad de la enseñanza indicó que "monitorear los aprendizajes de los estudiantes del país en lectura y matemática es una labor esencial y un deber al que la agencia no puede renunciar", ya que "los cuestionarios que se envían a estudiantes, profesores, directores, padres y apoderados serán un insumo fundamental, a través de ellos conoceremos cómo los estudiantes han sido afectados en materias como convivencia escolar y formación ciudadana en las últimas semanas".

"La situación del país requiere que la aplicación sea flexible. Las comunidades viven situaciones diversas y la Agencia de Calidad de la Educación se adaptará y tomará todas las providencias necesarias para buscar las mejores soluciones", agregó la entidad.

Mineduc: "es oportuna"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, dijo que la decisión se "ha comunicado de una manera que a nosotros como ministerio nos parece que es oportuna (...)".

"Los apoderados quieren información sobre los aprendizajes en las escuelas, la gran mayoría de los colegios está funcionando hoy día. Del mismo modo, no hay que olvidar que cuando se toma el Simce también se miden indicadores de desarrollo personal, que van a ser tremendamente importantes hoy día, de ver de qué manera están afectando las situaciones actuales, la convivencia, el bienestar de los niños, la formación ciudadana", agregó la secretaria de Estado.

Una vez conocida la nueva fecha, la filial metropolitana del Colegio de Profesores llamó a los apoderados a un "boicot al Simce", pidiendo no enviar a los niños a las escuelas y colegios este miércoles, "como repudio a la insensibilidad mostrada por las autoridades" ante el contexto social del país.