La tasa de deforestación en la Amazonía está en su nivel más alto en más de una década, según indicó un reporte del gobierno brasileño publicado ayer. Entre agosto del 2018 y julio del 2019, llegó a 9.762 kilómetros cuadrados (3.769 millas cuadradas), un incremento de 30% sobre el año previo y el mayor total desde el 2008, señaló el Instituto Nacional de Estudios del Espacio de Brasil.

El área de deforestación es la mayor registrada desde 2008 y es un poco más grande que Puerto Rico. El estado brasileño de Pará representa casi 40% de toda la deforestación en el periodo de 2018-2019, pero la tala ilegal aumentó notablemente en los estados de Roraima y Amazonas, informaron las autoridades.

El reporte es una versión preliminar y los datos se confirmarán el próximo año. "Es inaceptable que la Amazonía siga siendo destruida", informó el organismo conservacionista WWF en un comunicado. La deforestación se acelerará al menos que el gobierno brasileño tome una acción enérgica para evitarlo, agregó. Las preocupaciones sobre la Amazonía aumentaron cuando el presidente derechista Jair Bolsonaro asumió el cargo en enero. El mandatario propone aflojar las protecciones sobre reservas naturales y tierras indígenas como forma de promover el desarrollo económico.

Los incendios en la Amazonía se diseminaron en julio y agosto a un ritmo no visto desde 2010, aunque se desaceleraron en septiembre. Los agricultores, urbanizadores y otros con frecuencia despejan con fuego la tierra deforestada para productos de soya o pastura.

Algunos líderes europeos han argumentado que los incendios en la Amazonía requieren una respuesta global por el rol crítico del ecosistema en la reducción del CO2 que atrapa el calor del medio ambiente.

Funcionarios del Ministerio del Medioambiente prevén reunirse el jueves con los gobernadores de la región de la Amazonía para discutir formas de reducir la deforestación.

Agencias

Los bloqueos de partidarios al expresidente Evo Morales en las afueras de las principales ciudades de Bolivia causaban desde ayer escasez de gasolina y de alimentos, lo que presiona al Gobierno interino que busca abrir un diálogo para poner fin a cuatro semanas de convulsión social y política. Hoy, además, es un día clave en el Parlamento, pues se convocó a una sesión para tratar la renuncia del exmandatario y para llamar a nuevas elecciones. Todo eso, sin embargo, está en peligro, pues no está claro si el Congreso aceptará la dimisión de Morales.

Ayer, los principales mercados y puestos de alimentos lucían cerrados en La Paz y eso comenzaba a preocupar a los comerciantes y consumidores, mientras las autoridades enfrentaban problemas para reabastecer de gasolina y gas a la ciudad, debido a los cortes de las rutas. La Paz es la principal afectada por el desabastecimiento desde hace cuatro días, cuando recrudecieron los enfrentamientos entre los seguidores del renunciado Evo Morales y las fuerzas de seguridad. La escasez también golpea a la ciudad oriental de Santa Cruz, motor agroindustrial del país.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó a la televisora ATB que estaban tratando de reabastecer la capital con un convoy, pero debían sortear bloqueos y zanjas que abrieron los manifestantes en la ruta.

La planta de energía en La Paz estaba rodeada de lugareños que levantaron barricadas para exigir el retorno de Morales, quien está asilado en México, y presionar por la renuncia de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez.

En Santa Cruz, productores denunciaron que las frutas y verduras se estaban pudriendo debido a que los bloqueos han impedido que los camiones cargados abastezcan los mercados. Algunos analistas aseguran que esto es parte de una maniobra de los seguidores de Morales para desestabilizar al gobierno transitorio.

"Es un plan que viene apoyado por Venezuela y también Cuba y muestra (que lo que) realmente quiere hacer es perjudicar el diálogo para pacificar el país", aseguró Alberto Bonadona, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés (pública) en La Paz.

El enviado de las Naciones Unidas, Jean Arnault, convocó a una "mesa de diálogo" a dirigentes y legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, con el objetivo de encontrar vías de solución, con apoyo de los obispos católicos, pero la muerte de nueve cocaleros seguidores de Morales a manos de las fuerzas de seguridad el viernes, fue uno de los momentos más letales de la crisis y puso en entredicho el llamado a la paz que formuló el Gobierno.

Las protestas han dejado al menos 23 muertos y más de 700 heridos.

La policía hongkonesa utilizó el lunes gas lacrimógeno y balas de goma para combatir a los manifestantes que intentaban romper un cordón policial que atrapaba a cientos de activistas en un campus universitario.

Los manifestantes avanzaron hacia la policía desde fuera del perímetro mientras otros salían del campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong, enarbolando sus emblemáticos paraguas. En algunos lugares, la policía intervino para reducir a manifestantes y detenerlos.

La semana laboral en Hong Kong comenzó con varias protestas que interrumpieron el tráfico y escuelas cerradas por motivos de seguridad. La Unión Europea (UE), en tanto, condenó la escalada de violencia y pidió "contención".

Los activistas pasaron días fortificando el complejo universitario para impedir el acceso de la policía. Ayer, arrinconados por las autoridades, intentaban salir, pero la policía los reprimió con gas lacrimógeno. Es un patrón que se ha repetido en los meses de protestas contra el gobierno en la ciudad: los manifestantes quieren evitar ser detenidos; la policía quiere arrestar al mayor número posible.

"Estos alborotadores también son delincuentes. Tienen que afrontar las consecuencias de sus actos", afirmó Cheuk Hau-yip, comandante del distrito de Kowloon Oeste, en una jornada en la que los manifestantes ganaron una batalla legal cuando el alto tribunal del territorio derogó una prohibición a las máscaras introducida por el gobierno. La corte dijo que, en este caso, la ley infringía derechos fundamentales más de lo razonablemente necesario.

Las protestas comenzaron de forma pacífica a principios de junio en respuesta a un proyecto de ley que habría permitido extraditar a sospechosos de delito a la China continental para juzgarlos allí. Para cuando se retiró la ley, las protestas habían crecido para convertirse en un movimiento de resistencia contra Beijing y el gobierno del territorio semiautónomo chino.

El presidente Donald Trump sugirió ayer que está dispuesto a declarar por escrito en la investigación de juicio político que se le sigue en la Cámara de Representantes por acusaciones de que presionó al gobierno de Ucrania a que investigara a sus rivales políticos.

En un par de tuits, Trump dice que "consideraré seriamente" la oferta de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, para declarar. "Ella también dijo que lo puedo hacer por escrito. Aunque no hice nada malo, y no quiero darle credibilidad a esta Farsa Sin Proceso Justo, me gusta la idea y, para que el Congreso se enfoque de nuevo, ílo consideraré seriamente!", agregó.

Pelosi declaró el domingo en la CBS que Trump puede acudir a la comisión legisladora que investiga "y decir todas las verdades que quiera".

"Si él tiene información que lo exculpe, y con ello quiero decir exculpar, que le quite culpa, entonces con mucho gusto queremos verla", dijo Pelosi.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, manifestó que Trump "debería venir a la comisión y declarar bajo juramento, y debería permitir que sus asesores vengan a la comisión y declaren bajo juramento". Señaló que Trump les ha prohibido a sus allegados testificar en el proceso. "¿Qué es lo que está escondiendo?".