Cuestionamientos al sistema de inteligencia y a la convocatoria de la cita misma marcaron la reunión del Consejo de Seguridad Nacional efectuada el 7 de noviembre y solicitada por el Presidente Sebastián Piñera en medio de la crisis social y de violencia del país.

La Presidencia de la República liberó las actas del encuentro, el que sólo puede ser convocado por el Mandatario ante situaciones que comprometan la seguridad nacional.

Medidas del gobierno

En la cita, el Presidente defendió la respuesta del Gobierno ante las demandas ciudadanas, a través de la agenda social. También dijo que "los hechos de violencia y vandalismo" observados "han producido un grave daño al país y a los ciudadanos, con un grave impacto en la confianza ciudadana y la capacidad de crecimiento de la economía", y que por esto el Gobierno propuso una agenda de seguridad ciudadana.

Según el texto de la Presidencia, el Mandatario afirmó que, si no se hubieran decretado los Estados de Emergencia, él no habría cumplido con su deber, "dada la grave situación de violencia que vivía el país y su impacto sobre el orden público y la seguridad ciudadana". Piñera detalló los daños ocurridos hasta entonces y dijo que afectaban sobre todo a los sectores más vulnerables. "El desafío para las fuerzas policiales era de tal magnitud, que se requería contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas". Sebastián Piñera planteó que, al decretar los Estados de Emergencia, "una de las principales preocupaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue la protección de los derechos humanos de las personas".

Inteligencia

El sistema de inteligencia fue un tema relevante. El contralor general, Jorge Bermúdez, expuso que "poco se sabe sobre qué falló para que el país llegara a la situación en que está". A su juicio, se gastan muchos recursos en inteligencia, por lo que quiso saber qué ocurrió y por qué no se tomaron medidas para evitarlo.

Sobre el mismo tema se pronunció el líder de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Este sostuvo que la inteligencia "está atomizada en las distintas ramas de las policías y Fuerzas Armadas, por lo que existe un problema frente a la capacidad de adelantarse a los hechos".

Más adelante, el propio Presidente sostuvo que se requiere cambiar el sistema de inteligencia, pues el actual presenta graves falencias, y dijo que es vital que se apruebe el proyecto que lo reforma y moderniza.

Iván Flores, en tanto, planteó su preocupación sobre Carabineros, "sobrepasados por los hechos ocurriendo en las calles". El general director de Carabineros, Mario Rozas, reconoció, de hecho, que la labor de la entidad se vio sobrepasada una vez que estalló la crisis, la que consideró "sin precedentes", con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público. Añadió que Carabineros ha actuado respetando los derechos humanos.

Además, tanto el contralor general como los titulares de las dos cámaras del Congreso, Jaime Quintana (Senado) e Iván Flores (Diputados) criticaron la convocatoria a la reunión. Jorge Bermúdez preguntó, de hecho, si el orden público está considerado en la seguridad nacional. A ello el Presidente Piñera respondió que estimó relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades del país en tan complejo momento y que el concepto moderno de seguridad nacional refiere a aquello que impide el normal desenvolvimiento del Estado y la sociedad.

A la reunión también asistieron el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y los comandantes en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, la Armada, Enrique Larrañaga, y la Fuerza Aérea, Arturo Merino. Participaron invitados los ministros del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, y de Defensa, Alberto Espina.

Once diputados de oposición firmaron y presentaron una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, por supuestamente infringir la Constitución y las leyes y comprometer el honor del país.

Suscribieron los comunistas Carmen Hertz y Daniel Núñez, los socialistas Jaime Naranjo y Emilia Nuyado, el liberal Vlado Mirosevic, el humanista Tomás Hirsch, Jorge Brito (Revolución Democrática), Claudia Mix (Comunes), Gael Yeomans (Convergencia Social), Carolina Marzán (PPD) y Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social).

La acusación se funda, según Hertz, en "las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado en el último mes".

El texto es distinto a uno promovido por Pamela Jiles, debido a diferencias internas que motivaron a desechar la acusación impulsada por la periodista y diputada humanista.

Diputados oficialistas e incluso de oposición dijeron que no tiene viabilidad política.

Los presidentes de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, llamaron en conjunto a La Moneda a apurar los proyectos de la agenda social.

Desbordes planteó que, en un plazo máximo de dos semanas, hay que lograr un acuerdo en materia previsional. "Las movilizaciones sociales no van a terminar si la gente no ve soluciones en serio, de fondo, a los problemas que nos han planteado", expuso. Previamente, había dicho "si la gente no está alerta, muchos, sobre todo en mi sector, no van a hacer los cambios".

"Nadie está pidiendo que el Gobierno fracture las finanzas públicas", añadió Desbordes.

"Estamos disponibles para reunirnos desde hoy para que, en el plazo de una semana máximo, seamos capaces de demostrarle al país que no sólo en lo político, sino también en lo social, en lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, podemos actuar con sentido de país", dijo Chahín.

Gabriel Boric (Convergencia Social) también apuró la agenda social: "Todavía en Chile no hay condiciones para una vida digna. Movilizaciones no van a terminar mientras estos temas no sean resueltos".