Una reunión "franca" y "áspera" -como dijo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar- sostuvo el bloque sindical de la Mesa de Unidad Social con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, a quien plantearon demandas como hacer justicia a las "violaciones a los derechos humanos" y empujar una agenda social "más ambiciosa".

La Mesa de Unidad Social está formada por 142 sindicatos y organizaciones, como la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, sindicatos, agrupaciones medioambientales, de pueblos originarios, de pobladores y de migrantes, organizaciones gremiales de salud y confederaciones de estudiantes, y ha llamado a huelgas generales en el marco de la crisis que vive el país.

"hablamos de todo"

"Fue una reunión extensa, franca, donde hablamos de todos los temas (...) sobre todo las reformas sociales", comentó el jefe de gabinete después de la cita. Blumel explicó que se concordó "iniciar un diálogo en torno a temas prioritarios de la agenda social. Ellos nos plantearon su visión sobre nuestras reformas, fundamentalmente en ejes como los ingresos de los trabajadores y la protección del empleo, el acceso a la salud y los medicamentos, y los cambios en materia previsional".

El ministro expuso que si bien los representantes de la mesa social reconocieron que se haya aprobado el aumento de un 50% en las pensiones básicas, pidieron implementar "un sistema que responda mejor a las necesidades de los adultos mayores". Antes, el vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, dijo que Blumel se abrió a la posibilidad de "transitar" hacia un sistema de pensiones que integre el reparto, pero advirtió que "no basta con las palabras" y que "es fundamental detener la agenda legislativa" para hacer reformas profundas. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, pidió, de hecho, "una agenda social más ambiciosa".

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien llevaba un parche en el ojo en alusión a quienes han sufrido daños oculares por perdigones disparados por Carabineros, dijo que se planteó al Gobierno "cada uno de los casos (temas) donde hay insuficiencias" y enfatizó en que no están disponibles para negociar "a espaldas de la gente".

Blumel anunció que el diálogo con las organizaciones sociales "se va a canalizar a través de ministros sectoriales" y dijo que el Gobierno está "disponible a incorporar nuevas visiones a la agenda social", pero que la prioridad "es también garantizar el orden público".

Aunque ni Blumel ni los dirigentes sociales y gremiales se refirieron al tema constitucional tras la reunión, la Mesa de Unidad Social ha elaborado una propuesta que incluye realizar una Asamblea Constituyente paritaria y plurinacional. Asimismo, piden "justicia ante las violaciones a los derechos humanos" cometidas en el marco de la crisis.

Para la agrupación social, la asamblea debe ser "libre y soberana", y fijarse sus propias reglas para votar, en virtud de lo que prefiera la mayoría de quienes la conformen. Proponen distritos electorales, que elijan un total de 244 constituyentes y solicitan que se incluya el voto obligatorio para los mayores de 14 años en el proceso constituyente y a migrantes con al menos cinco años de residencia en el país.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, con 79 votos a favor, 70 en contra y una abstención, el fondo de la acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, con lo cual el libelo pasó al Senado, que deberá sancionarlo prontamente.

Después de rechazar la llamada cuestión previa, es decir, los argumentos entregados por el abogado del exsecretario de Estado, Luis Hermosilla, quien expuso que el texto presentaba "imputaciones genéricas y hechos no acreditados", la Corporación dedicó horas a debatir sobre si el exjefe de gabinete tenía responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales durante el estado de excepción decretado en varias zonas del país tras el inicio de la crisis social y de violencia el 18 de octubre.

La discusión partió con la intervención del diputado Gabriel Boric, quien representó ante el hemiciclo la postura de los acusadores. Explicitó: "No podemos permitir la impunidad (…) En Chile se han violado los derechos humanos en democracia (…) No se trata de hechos aislados, sino que se repiten patrones".

"Las políticas de seguridad patrocinadas por el exministro agravaron la afectación del orden público que se buscaba restablecer", acotó Boric, que cuestionó "el uso indiscriminado de elementos disuasivos" en las protestas masivas. Chadwick "permitió la comisión de graves violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile" y "es responsable por omitir tomar acciones para evitar la flagrante vulneración de los derechos constitucionales".

Hermosilla expresó: "Creo que es de una extraordinaria gravedad que se concentre todo en la persona de don Andrés Chadwick, como si fuera el único y total y gran responsable del relato que escuchamos aquí".