Pamela Boltei

A 44 días del estallido social en el país, con variadas movilizaciones pacíficas, pero también con saqueos, desmanes e incendios, un proceso constituyente en camino, una agenda social que busca perfeccionarse y dos acusaciones constitucionales contra el exministro Andrés Chadwick y el Presidente Sebastián Piñera, varios parlamentarios de la región abordaron las prioridades para avanzar en destrabar el conflicto.

Se les consultó sobre tres aspectos: si creían que las movilizaciones debían continuar igual o bajar su intensidad; si el momento de tramitar las acusaciones constitucionales era este o debía ser después, cuando se cumplieran las demandas y se estableciera mayor paz; y si estaban o no conformes con la Agenda Social y qué temas son los más urgentes. También abordaron cuál de estas tres materias es prioritaria.

1. Movilizarse o no

"Nadie puede impedir que la gente pueda expresar libre y públicamente sus demandas y dar opiniones de cómo deben ser llevadas a cabo. Si nos referimos a desmovilizarse, sólo en los casos de aquellos grupos ajenos a las movilizaciones pacíficas y que tienen destruido el país", dijo Andrés Celis, diputado RN.

El senador Francisco Chahuán (RN) planteó: "A esta altura y viendo los últimos episodios de violencia, destrucción y saqueo, el llamado es a que las personas puedan mantenerse su estado de alerta y petición de las demandas legítimas, entendido que esas peticiones son justas. Pero se hace muy complicado cuando se efectúa llamados a marchas o movilizarse en las calles, porque los delincuentes y lumpen se aprovechan".

El legislador UDI Osvaldo Urrutia afirmó que "viendo cómo han terminado las movilizaciones es mejor desmovilizarse ya que se ha desnaturalizado el movimiento original que buscaba plantear demandas sociales y ahora lo que vemos son manifestaciones que terminan en actos delictuales, saqueos y robos que no tiene nada que ver con el origen de estas demandas".

Para el diputado de RD Jorge Brito, "quien crea que puede hacer un llamado a acabar con las marchas no ha entendido nada. Hay varias formas de movilizarse, Chile debe encontrar la forma de ejercer presión para que haya cambios reales, pero también para no perjudicar al pueblo. Debemos construir un país mejor, hay que trabajar, pero si todos vuelven a encerrarse en sus casas nada va a cambiar".

En tanto, para el diputado DC Víctor Torres "las manifestaciones sociales constituyen un legítimo derecho que no podemos ni criminalizar ni limitar; sería el peor de los consejos o estrategia. Por el contrario, si no fuera por las movilizaciones, no estaríamos hablando de Nueva Constitución y Plebiscito ni mucho menos de las reformas estructurales que el país requiere con urgencia".

La senadora Isabel Allende (PS) comentó: "Yo no voy a criminalizar porque lo que ya ocurrido en la calle, que se ha manifestado tan masivamente son las legítimas demandas de una sociedad excluyente, segregadora, concentrada en su riqueza, que tiene a una parte importante de la población endeudada, sin acceso a buenos servicios, que se sienten además abusados porque lo que uno ve en este país son colusiones que pasan completamente impunes. Las marchas pueden continuar en la medida que son convocadas con legitimidad y pacíficas".

2. Acusación constitucional o no

Para el senador Kenneth Pugh (Ind.), "hoy tenemos prioridades más urgentes (que una acusación constitucional). Primero debemos solucionar los problemas de orden público que tienen a todo el país aterrado, estresado y desamparado, para así poder avanzar, no sólo en la Agenda Social sino también en una agenda paralela antiabusos, no sólo de los oligopolios, sino del mismo Estado que debe tratar, en todos los organismos públicos, mejor a las personas. Ya habrá tiempo para esclarecer las responsabilidades o recriminarnos por lo que hicimos o no hicimos".

Su par, Francisco Chahuán (RN), es más duro: "Este es el momento de abordar con sentido de urgencia los proyectos de ley que dicen relación con seguridad pública, con la agenda social y, por supuesto, aquellos que dicen relación con el camino institucional. Perder el tiempo del Parlamento en acusaciones constitucionales no es el camino. Hay un legítimo derecho en hacerlo, pero habrá tiempo para ello. Hoy la urgencia legislativa debe ser la urgencia social y por orden público y seguridad ciudadana".

La diputada de Comunes, Camila Rojas, expuso que "cuando se ha incumplido el mandato constitucional, las leyes y se pone en peligro la integridad de las personas, hay que establecer responsabilidades políticas. Si no ocurre a tiempo, es posible que no haya superación de la crisis. Hay uniformados responsables en las graves violaciones a los derechos humanos, como también hay civiles, quienes por acción u omisión permitieron que esto llegara hasta acá".

El diputado Rodrigo González (PPD) sostuvo que "la acusación contra el ministro Chadwick no se puede detener, está en curso, debe continuar y culminar. Es el principal y único responsable de la incapacidad que ha tenido el Gobierno de asegurar el orden público en este periodo de manifestaciones. Aquí en Chile se ha producido un daño a los derechos humanos que no pasó en Hong Kong, que no ha pasado en Francia. La acusación contra el Presidente también está en curso y si es que hay soluciones podría adquirir otro rumbo, pero lo que se requiere hoy es que el Gobierno acepte en primer lugar una agenda social importante, y que el nuevo ministro del Interior esté dispuesto a reorientar mejor el accionar de Carabineros".

Brito (RD) abordó el tema manifestando que "no puede ser que las mejoras sociales o el proceso constituyente vengan manchados con sangre. Si para eso es necesario que las autoridades políticas asuman su responsabilidad, me parece muy bien y nosotros lo promovemos. Los suboficiales, los cabos que han disparado contra la población civil no son los únicos responsables de la violencia, hay autoridades políticas y nosotros exigimos que asuman su responsabilidad. Es sabido que para que las soluciones ocurran muchas autoridades van a tener que hacerse a un costado, o vamos a tener que hacernos a un costado".

3. Agenda social

Para el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), "aquí no hay nada que cortar, sino que priorizar y partiría por pensiones, no sólo a la Pensión Básica Solidaria, que hay un reajuste del 50% que se aprobó ahora y se empieza a pagar en diciembre, sino también a la pensión del llamado Pilar Contributivo o de la Reforma de Pensiones y eso hay que hacerlo a la brevedad. Una prioridad es eso y lo segundo es ir avanzando en salud. Aquí nosotros acordamos con el Gobierno modificaciones al actual proyecto de reforma tributaria que hay en el Congreso, de uno que recaudaba poco a uno que va a recaudar 2 mil millones de dólares y se introdujeron impuestos a los más pudientes en Chile. Acordamos revisar con el ministro Briones una serie de exenciones tributarias".

De acuerdo al diputado Diego Ibáñez (CS), "la agenda social debe ser distributiva de la riqueza. Pienso en impuesto a los súper ricos. A ese 0,1% que acapara el 19% de todas las riquezas, mientras rebajamos IVA a productos de primera necesidad y remedios. Hoy tienes la mayor tasa de suicidios en mayores de 70 por abandono y pensiones miserables. Si esto no se soluciona pronto, la herida queda abierta y la derecha pierde su posibilidad histórica de modificar sus ideologismos capitalistas. Si no lo hace Sebastián Piñera, arrastra a todo su sector al abismo".

Andrés Celis, por su parte, dijo que "generalmente, las demandas comienzan con una agenda social específicamente apretada, centrada en los puntos más demandantes, pero a medida que ésta va teniendo repercusión e indicios de cumplimiento, comienzan a sumarse otras y otras. Debemos concentrarnos, con urgencia, en comenzar por mejorar esa sociedad total y absolutamente abandonada y de ahí hacia arriba. Subir el estatus de quienes están en el fondo y de ahí invertir en los estratos siguientes".

La diputada Camila Flores (RN) afirmó que "hay urgencias como la salud, pensiones, sueldo mínimo y el sobreendeudamiento de los estudiantes, pero sobre todo la seguridad y el restablecimiento del orden público. Esto implica que la gente puede transitar tranquila por las calles, que los delincuentes paguen por los delitos que cometieron con ciertas penas que sean ejemplificadoras, donde finalmente demos una fuerte batalla en contra del narcotráfico".

Por su parte, Osvaldo Urrutia aseveró: "Tenemos que ser responsables, todas las demandas pueden ser legítimas, pero para satisfacerlas hay que tener los recursos y el Gobierno debe priorizar. No cabe duda que lo primero es pensiones, ingreso mínimo, fármacos y listas de espera en salud, rebaja de tarifas y mejoramiento del transporte público. Esas son las prioridades sociales y si es necesario reasignar recursos, habrá que hacerlo. Luego tenemos que hacer una agenda legislativa potente para sancionar los abusos, como las colusiones, las actitudes monopólicas".

"Las manifestaciones sociales constituyen un legítimo derecho que no podemos ni criminalizar ni limitar; sería el peor de los consejos"

Víctor Torres, Diputado DC

"La prioridad está en la Agenda Social, pero también hay que tener en perspectiva que la gente quiere una constitución nueva"

Isabel Allende, Senadora PS

"Lo primero es pensiones, ingreso mínimo, fármacos y listas de espera en salud, rebaja de tarifas y mejoras al transporte público"

Osvaldo Urrutia, Diputado UDI