Hasta el 10 de noviembre, según el municipio de Valparaíso, había una pérdida de $ 3.335.713.865 pesos exactos, este número incluiría pérdidas de activos, mercadería, infraestructura y el impacto en ventas para el comercio porteño. Sin embargo, conforme pasa el tiempo esta cifra se queda corta. Hoy podemos decir que la pérdida es aún mayor y que fácilmente se pudo haber duplicado en estos últimos días. Los saqueos, si bien han disminuido, no han parado. Luego, el comercio sigue sin levantar cabeza y tiene un panorama oscuro. Cada marcha (pacífica o no) deja una estela de locales que deben cerrar sus puertas, hoy por miedo más que por otra cosa.

Sin embargo, lo doloroso no son las cifras. De hecho, es una mirada económica que no refleja el problema real y el fondo que los grandes números no dejan ver. Me refiero a la escala humana del problema. No habrá plan económico que logre superar lo que significa este número detrás del comercio saqueado, quemado o robado. Cientos de familias porteñas o de la región que, con dolor, se quedarán sin trabajo en el corto plazo, cosa que ya está sucediendo. Un verdadero reguero de pólvora que, cuando estalle, devendrá en una muy triste Navidad y Año Nuevo.

En cuanto a quienes han propiciado mezquinamente la violencia como método de lucha política, la tristeza no será menor. Verán ineludiblemente que han fallado en propiciar un mundo mejor como creían hacerlo y, si la soberbia no se los impide, sentirán culpa por mucho tiempo. Después de todo, no es cierto que la justicia venga antes que la paz, sino que la paz social es el piso mínimo para que la justicia se desarrolle como una virtud de la sociedad organizada. Quienes creyeron que primero venía la justicia comenzaron hace años dos guerras mundiales, dejando a Europa hecha trizas y dividida. Parecido quedó la calle Condell de Valparaíso, sin ninguna bomba lanzada; sólo fue necesario el desquicio de un grupo que, camuflado en la búsqueda de la dignidad de otros, ha incendiado y saqueado todo.

Y el municipio es otro actor. Tendrá que destinar dinero que no tiene para reparar semáforos, plazas, bancas; otros fondos para intentar dejar Valparaíso igual que antes, ni siquiera mejor. Les dolerá a esos tomadores de decisión, porque por más que pregonen que la factura la debe pagar la administración del Estado, se les olvida que el municipio es parte de ella.

Este será un año para dejar en la memoria colectiva de nuestro país; no se deberá olvidar jamás la fragilidad de la democracia por muy robusta que parezca. Sin embargo, la esperanza radicará -como siempre ha pasado en momentos históricos- en aquellos hombres y mujeres que son conscientes de que no es compatible responder violencia con violencia. Esas personas se levantarán y articularán silenciosamente la paz y la dignidad perdidas en el país. Será ese Chile profundo el que enlazará lentamente y poco a poco un entramado social que devuelva Chile a Chile. Porque habrá otra factura que a muchos les dolerá pagar, esa factura se llamará voto democrático.

¡Vaya momentos se vienen para nosotros los ciudadanos! Todos y cada uno de los políticos de nuestro país, aquellos que por acción u omisión han alimentado la llama de la violencia, están en la retina del chileno y la chilena sencillos que lo único que querían era atención de salud eficiente y oportuna, pensiones para vivir mejor y un transporte que no les desangrara el bolsillo. Ya no hay vuelta atrás.

Los países con mayores niveles de desarrollo humano, social y material han concordado que la educación es la primera prioridad de política pública. Chile avanza tímidamente en este sentido y hay mucho camino por recorrer. La historia nos revela que nuestro país abandonó por muchos años a la educación pública, la maltrató y la pastoreó hacia un verdadero barranco, todo ello con graves consecuencias para los tiempos actuales y futuros.

La educación tiene efectos de muy largo plazo. Un estudiante de pedagogía que ingrese en 2020 trabajará hasta el año 2060 y la formación que entregue tendrá efectos, en una primera generación, hasta el año 2120 al menos. La falta de interés y desprecio que Chile ha tenido por la educación pública durante tantos años está pasando una cuenta muy grande. Las actuales generaciones son hijos de esa falta de visión política, una miopía inexcusable que no miró el futuro y tampoco quiso aquilatar que los impactos de una débil educación pública constituyen un pecado social que hipoteca a todo un país en el mediano y largo plazo. La educación escolar pública en Chile abarca al 92% de los estudiantes de los niveles básico y medio, esto es, la gran mayoría de la población.

En países como Finlandia, Suecia, Irlanda, Polonia, Noruega, Holanda y Dinamarca, entre otros, donde existe un activo rol del Estado, el interés por estudiar pedagogía es muy grande y la selectividad es rigurosa. Los profesores son líderes respetados y valorados por sus estudiantes, los padres y las comunidades, y tienen una gran autonomía profesional. Su reconocimiento es equivalente al de un médico, ingeniero o abogado, porque saben que ellos son los que permiten que se formen buenos profesionales, buenos ciudadanos, buenos emprendedores, personas respetuosas de la dignidad humana, conscientes del medioambiente y sociedades más democráticas.

Chile, en estos últimos 40 años, no ha apreciado esta muy fundamental y noble profesión; peor aún, la ha despreciado y maltratado. En 1990 un profesor ganaba al ingresar a trabajar 21 mil pesos de esa época, que era el sueldo que ganaban muchas personas sin estudios universitarios, y además debía devolver los créditos otorgados por el Estado.

El modelo planteado en Chile debe ser profundamente revisado porque existen áreas que son determinantes para un desarrollo más humano y socialmente responsable. Hemos construido un país desigual en muchas áreas, con claras inequidades, abusos y engaños, y ello se ha tornado más grave cuando constatamos que también lo hemos hecho en educación, porque ahí estamos arriesgando el futuro. Lo incomprensible es que sea el propio Estado el que preste estos servicios deficientes, con carencias y mal financiados.

Hay que reconocer que se han producido avances, como la carrera profesional docente que tiende a dignificar la profesión docente, aunque faltan ajustes. Sin embargo, es necesario un mayor apoyo a las universidades acreditadas que imparten carreras de pedagogía, porque hasta ahora tienen los subsidios a la demanda más bajos del sistema.

Chile no estaría sufriendo la profunda crisis social y política que hoy tenemos si no se hubiera descuidado tanto a la educación pública, en la que con verdadero orgullo nos formamos muchos de nosotros.

La polémica decisión del Consejo de Presidentes de Clubes y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de dar por finalizados los torneos de fútbol de Primera A, Primera B y Segunda División arrastró consigo la inexplicable medida de, en la práctica, ilegalizar las dos competencias de las últimas dos divisiones mencionadas, con lo cual los grandes perjudicados terminaron siendo Santiago Wanderers y San Marcos de Arica, líderes de sus respectivas categorías, y a los cuales se les impidió concretar el premio deportivo (y también económico) de ascender para la próxima temporada, tras los esfuerzos y méritos demostrados.

Al respecto, y luego de dar tumbos durante las últimas dos semanas, con propuestas tan descabelladas e irresponsables como la formación de una superliga que incluyera a 32 clubes o jugar las últimas fechas en el extranjero, y amparados en un quórum que ya se lo quisiera el Partido Acción Republicana, la ANFP cedió a los intereses de unos pocos clubes que optaron miserablemente por cautelar su tajada de los dineros del Canal del Fútbol (CDF), asestando una estocada mortal a una competencia y una actividad que, seamos realistas, lleva muchos años totalmente capturada por intereses empresariales, organizaciones delictuales disfrazadas de barras y oscuros personajes como el expresidente Sergio Jadue -hoy, radicado bajo protección del FBI en Miami a la espera de un juicio que no llega nunca- y tantos otros, como el propio exseleccionador argentino Jorge Sampaoli, que dejaron mucho que desear en términos éticos y personales tras su paso por el país.

Lo que resulta completamente inentendible es la porfía para protagonizar ridículos de corte mundial como hacer viajar a los equipos para luego suspender los partidos (Ñublense en Valparaíso, Cobreloa en La Pintana, por ejemplo), jugar otros para luego suspenderlos (La Calera vs. Iquique en La Florida) por un ataque de unos pocos delincuentes, o tomar una medida como la del último viernes, que no hará más que enardecer los ánimos de todos lo piños caturros de Valparaíso en el marco de una crisis social premunida de una violencia sin precedentes en las últimos 40 años.

Las respuestas a tal innecesaria provocación van desde la presentación de recursos de protección ante la justicia ordinaria, pasando la vía institucional de acudir al TAS (el tribunal superior deportivo) hasta la gran marcha (que todos sabemos cómo puede terminar) convocada por las barras para hoy en el Plan porteño.

Por último, y si alguien tiene algo de cerebro entre los responsables que queden, sabrá que los incidentes más escabrosos de los últimos años en el fútbol chileno se produjeron precisamente en Valparaíso, para aquel también frustrado partido de Wanderers vs. Colo Colo que terminó con una batalla campal, acuchillados y millonarios daños a la propiedad pública y privada en la ciudad, con todos los barristas saliendo en libertad sin mayores contratiempos y con la imperdonable inasistencia de los abogados de la Gobernación Provincial, que tras la salida de Omar Jara, perdió todo norte durante la gestión del exintendente Gabriel Aldoney.

Fue, en términos más políticos, un autogol de proporciones, pero bien sabemos que nadie se hará cargo de nada cuando el narco y las organizaciones criminales ocupen la causa wanderina para destrozar, saquear y hacer todo eso que con tanta perfección han hecho en el último tiempo.