Redacción

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), afirmó que el proyecto de ley enviado por el Gobierno para permitir a las Fuerzas Armadas custodiar la infraestructura crítica del país está "mal hecho".

La iniciativa, firmada por el presidente Sebastián Piñera, busca que las FF.AA. protejan dicho tipo de infraestructura sin necesidad de un Estado de Emergencia Constitucional, lo que La Moneda ha justificado en orden a liberar a un significativo número de carabineros para que se encarguen del orden público y la seguridad ciudadana, que han estado en jaque estas últimas semanas en el marco de la crisis social y de violencia. El objetivo es resguardar infraestructura como líneas de transmisión y plantas eléctricas, plantas de agua potable, sistema de telecomunicaciones, hospitales, puertos y aeropuertos, entre otros.

"asumido" por gobierno

"Este proyecto, que ha sido bastante anunciado y permite a las Fuerzas Armadas participar de la custodia de la infraestructura crítica, está evidentemente mal hecho. A esta altura ha sido asumido por todo el Gobierno. El propio ministro de Defensa (Alberto Espina) ha manifestado algún grado de disponibilidad para ingresarlo de nuevo", sostuvo el titular de la Cámara Alta en entrevista con radio Cooperativa.

La iniciativa debe ingresar como "una reforma constitucional, que es como debe ser, porque las facultades de las Fuerzas Armadas no están en la ley orgánica. Que ellos (las Fuerzas Armadas) estén a cargo de la seguridad nacional, es un tema que está en la Constitución, por lo tanto, ahí es donde hay que hacer la modificación y esperamos que eso ocurra pronto", planteó Quintana.

Consultado sobre si se inclina por decretar un nuevo estado de excepción para que sean los militares quienes controlen la violencia, respondió: "No quisiéramos que los militares salgan a la calle. La primera experiencia de estado de excepción no fue positiva, por lo tanto, el Gobierno debe agotar todos los medios para lograr el control del orden público y la seguridad a través de las policías. Las Fuerzas Armadas no están preparadas, no tienen formación en el control del orden público, no tienen armas ni herramientas para la contención de manifestaciones ni para enfrentar a grupos que quieran confrontar su acción".

El presidente del Senado insistió en que es contrario al estado de excepción, pero advirtió que si el Gobierno considera que "no tiene más remedio" que decretarlo, "que lo haga, pero que lo haga bien (...) Que sea con estándares altísimos en derechos humanos, no pasando a llevar la libertad de desplazamiento de las personas, con información permanente al Congreso, (y con presencia de militares) acotada a territorios específicos".

Constitución

Sobre la opción de abrir la convención constituyente a los pueblos indígenas mediante escaños reservados, Quintana dijo esperar que haya conciencia en todos los partidos de la importancia de hacerlo.

Además, sostuvo que "el gran enemigo de nuestro país es la desigualdad" y que por esto aún hay que avanzar en una agenda social más potente, que se haga cargo del CAE, los pensionados del pilar contributivo y los medicamentos, entre otros temas.

Carabineros anunció que interpondrá acciones civiles y penales contra Mon Laferte tras las declaraciones de la cantante en las que acusó a los uniformados de participar en los incendios del Metro de Santiago en el inicio de las protestas.

En un comunicado hecho público a través de la red social Twitter, Carabineros expresó que la institución también pidió a la Fiscalía Nacional que llame a declarar a Laferte en el marco de las investigaciones sobre la quema de más de una veintena de estaciones del tren subterráneo capitalino.

Junto a la cantante, la Policía también solicitó las mismas medidas contra el abogado Klaus Dreckmann Kimelman, por acusaciones similares. Este profesional se desempeñaba como asesor jurídico de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que terminó su contrato el pasado 26 de noviembre.

Carabineros dijo rechazar "categóricamente las graves imputaciones expresadas por las personas ya señaladas".

Entrevista en tv

Laferte realizó las declaraciones durante una entrevista realizada en el canal Univisión en las que afirmó que "hay muchos casos donde la misma Policía y los militares fueron quienes estuvieron incendiando".

En esa misma entrevista, la intérprete de "Tu falta de querer" había dicho: "Yo no apruebo ningún tipo de violencia. Ahora, si me preguntas a mí personalmente, si tengo que ir a quemar un supermercado que me ha robado toda la vida para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago". También expuso: "La atención no debería irse en los daños materiales sino en los daños emocionales que van a quedar para siempre en la memoria de Chile".

Tras hablar sobre la Policía y su presunta vinculación con los incendios, la institución dijo en Twitter: "Nos reservamos la posibilidad de presentar acciones legales contra quien sin fundamento divulgue estas imputaciones".

Ayer, finalmente, Carabineros ratificó su decisión: "Carabineros de Chile ha oficiado al fiscal nacional, del Ministerio Público, a objeto de que ambas personas sean citadas a la brevedad, a prestar declaración ante los fiscales que tramitan los casos sobre incendios en el Metro de Santiago, con objeto de que aporten todos los antecedentes con que cuentan para formular tales graves imputaciones".

través de los municipios

En estas semanas se ha planteado con fuerza la necesidad de avanzar hacia un trato más igualitario entre los distintos sectores de la sociedad. Esto tiene varias caras y buena parte se centra en las demandas por un trato más igualitario desde el Estado hacia las personas. Una prioridad es la desigualdad que existe entre la cantidad y calidad de bienes y servicios públicos locales que el Estado entrega a través de los municipios. La cara más visible de esta desigualdad se refleja en los presupuestos que administra cada municipalidad. Hoy, entre los municipios de más de 50.000 habitantes, los 10 de mayores recursos cuentan en promedio con $ 440.000 por habitante, mientras que los 10 de menores ingresos disponen de $ 108.000 por habitante.

Con eso en mente, el Gobierno ha planteado dentro de su agenda social un rediseño al Fondo Común Municipal. A través de este fondo hoy se redistribuye el 34% del total de recursos que administran nuestros municipios. A él todos los municipios aportan recursos que recaudan -con algún grado de progresividad, en cuanto a que los que históricamente han contado con mayores recursos aportan más-, los que luego son transferidos a los municipios, mayoritariamente sobre la base de indicadores que reflejan el nivel de pobreza de cada uno de los territorios. Pero así y todo se mantienen importantes diferencias.

Para poder avanzar efectivamente en una mayor equidad territorial se requiere abordar los problemas estructurales que están presentes en el financiamiento municipal.

El principal son las exenciones que la ley fija al pago del impuesto territorial. Estas exenciones se traducen en que el 22% de las viviendas pagan contribuciones. Así, hoy se recaudan $1.400 mil millones menos de los que se debieran recaudar en caso de no haber exenciones, lo que representa un 1/3 del total de los recursos del sector municipal.

El efecto de las exenciones en cada una de las comunas es dispar. Por ejemplo, en el caso de la comuna de Las Condes, menos del 2% de las propiedades están exentas del pago de contribuciones, mientras que en las comunas de Puente Alto y La Florida esta cifra se eleva a 92% y 66% respectivamente. Dado que estas exenciones son fijadas por ley, debe ser el gobierno central el que compense directamente a los municipios por estos menores ingresos. Sólo así se podrá ir avanzando hacia una mayor equidad territorial desde el Estado.

Pero todo nuevo recurso para nuestros municipios debe ir acompañado de una reforma que vele por su buen uso, de forma tal que realmente se traduzca en un mejor servicio a la comunidad y no en un aumento o bien encarecimiento de la burocracia local. Para eso, se debe avanzar en una mayor transparencia respecto del destino de los recursos con indicadores que permitan, en forma comparable entre municipios, conocer en qué se ejecutan los mismos. De lo contrario, cualquier esfuerzo fiscal adicional para allegar mayores recursos a este sector no se traducirá en más y mejores beneficios para la ciudadanía.

*Bettina Horst es subdirectora de Políticas Públicas en Libertad y Desarrollo.