Nicolás Reyes A.

Ayer se vivió un nuevo episodio en el caso de contaminación ambiental ligada al crudo iraní y que complica a Enap desde el año pasado, cuando se produjeron emergencias ambientales en la bahía de Talcahuano y el cordón industrial Quintero-Puchuncaví-Ventanas, presuntamente luego del incidente con la sustancia antes mencionada.

Y es que el Juzgado de Garantía de Talcahuano rechazó la prisión preventiva presentada por la parte querellante y, en cambio, acogió las medidas de arraigo nacional y firma mensual para los seis ejecutivos imputados, tras la contaminación provocada por la receptación y manejo de petróleo proveniente de Irán. El tribunal fijó un plazo de 18 meses para realizar la investigación.

Buscan apelar

En la parte querellante indicaron que si bien quedaron conformes con la resolución, igualmente esperarán a tener en sus manos el detalle de la resolución para estudiar las medidas que llevarán a cabo. De todas formas, destacaron que la resolución fue "contundente".

El abogado que representa a la municipalidad de Quintero, Luis Araya, destacó que "si bien no se acogió la prisión preventiva que pedía el resto de las partes querellantes, igualmente la resolución es contundente en cuanto a reconocer que hubo un actuar delictivo por parte de los ejecutivos de Enap, que incurrieron en las conducta que relató el Ministerio Público en la formalización. En ese sentido, es un gran paso, toda vez que se entendió que la necesidad de cautela era efectiva y, por eso, se decretaron esas medidas".

Así y todo, el jurista recalcó que "igualmente estamos estudiando la posibilidad de presentar una apelación, ya que sentimos que hay fundamentos para ello. Nosotros solicitamos prisión preventiva o arresto domiciliario total, con la finalidad de que se pudiera evitar cualquier intervención por parte de los ejecutivos y que pudiera estorbar las diligencias de investigación, porque nosotros sí entendemos que ellos ocultaron información, que es una situación que obstaculiza el proceso. Los posibles fundamentos de una apelación, irían en esa línea".

Sus palabras fueron replicadas por el alcalde de la comuna, Mauricio Carrasco, quien comentó que "al igual que las familias afectadas, vamos a estudiar desde el lunes con el abogado la apelación de las medidas del tribunal, manteniendo la prisión preventiva o domiciliaria".

"Creemos que sí hay delito contra las personas, así que aportaremos todos los antecedentes para que haya una responsabilidad de verdad y sea un precedente en Chile, para que esto no vuelva a ocurrir ni en esta zona ni en ninguna otra que exista una gran cantidad de empresas", remarcó el jefe comunal.

Resolución contundente

Al igual que su colega, Remberto Valdés, quien representa a a 1176 querellantes de Quintero y Puchuncaví, señaló en un comunicado, que los argumentos de la jueza Antonia Flores fueron "demoledores" para los acusados.

"Los fundamentos de la resolución son un potente triunfo para mis representados, porque destrozan todos y cada uno de los conceptos que los abogados de los ejecutivos de Enap crearon para intentar convencer a la jueza Flores de la inocencia de estas personas", remarcó Valdés, agregando que "hace un año teníamos sólo la desesperanza y el dolor de los más de mil cien habitantes de Quintero y Puchuncaví que confiaron en nosotros para que los defendiéramos. Hoy tenemos a seis altos ejecutivos de Enap enjuiciados, con una resolución que es magnífica para la sed de justicia de mis representados ya que tiene un gran desarrollo jurídico".

A pesar del buen panorama que vislumbra, también hace hincapié en que las penas que arriesgan los trabajadores de la estatal son muy bajas, aunque indicó que eso se trataba más bien de un problema legislativo.

"Como tenemos la razón y la verdad está de nuestro lado, vamos a seguir trabajando para que los ejecutivos de Enap paguen con cárcel el daño que le han hecho a las más de mil cien personas que representamos y para que reciban la indemnización que a cada una le corresponde por lo que han sufrido. La batalla recién comienza", sentenció el letrado.

Visión de la empresa

Un escenario muy distinto es el que ven dentro de la estatal, donde señalan que "la decisión del tribunal deja en evidencia la irresponsabilidad por parte de algunos abogados querellantes de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Esto, considerando que se basaba en antecedentes incompletos o derechamente falsos".

Respecto de las cautelares dictadas por el tribunal, la empresa remarca que "comprueba que los trabajadores imputados no son un peligro para la sociedad y que como indicó el tribunal en una decisión que valoramos, la solicitud de la parte querellante era ciertamente desproporcionada. Seguiremos insistiendo que no actuaron con dolo, no ocultaron ni omitieron o falsearon información, como pretendieron instalar algunos abogados querellantes. Por el contrario, todos ellos actuaron correctamente y colaboraron de manera activa para entregar los antecedentes necesarios tendientes a aclarar los hechos".

También fueron enfáticos en señalar que todas las instancias judiciales que se han llevado a cabo "han confirmado que no es posible atribuir responsabilidad a los trabajadores de la compañía por estos eventos, lo que se refuerza además por el hecho de que luego de que las instalaciones de la empresa fueron detenidas, los casos de intoxicación continuaron, con más de 1.300 atenciones en centros de salud posteriores a la paralización de la empresa. Por eso el tribunal indica expresamente en su resolución que "hace perder fuerza" a las alegaciones de los querellantes el hecho de que existan casos de atenciones de salud posteriores a la detención de operaciones en el terminal de Enap y declara su interés en indagar otras posibles causas".

"Esta etapa de la investigación permitió a Enap demostrar que el crudo iraní es un insumo altamente comercializable a nivel mundial y que las seis personas imputadas manejaron ese producto adecuadamente y en condiciones de operaciones seguras, tanto para los trabajadores, como para las instalaciones y para los vecinos", remarcan.

El abogado de los trabajadores, Cristián Muga, discrepa con el hecho de que sus representados hayan incurrido en algún delito, manteniendo la no participación en los hechos y la corrección de sus funciones.

De la misma forma, Muga destaca dos aspectos de la resolución: "En primer lugar, el hecho declarado por el tribunal, de que no se puede establecer ninguna vinculación entre lo expuesto por el Ministerio Público con los daños que las víctimas dicen haber sufrido en cada una de estas regiones. Y en segundo término, nos parece muy valioso también, tanto en la resolución judicial de hoy como la disposición del Ministerio Público, a investigar causas alternativas a estos hechos. Eso lo ha dicho hoy el tribunal y nosotros como defensa lo valoramos".

"Aportaremos todos los antecedentes para que haya una responsabilidad de verdad y sea un precedente para que no ocurra ni en esta ni ninguna otra zona de Chile"

Mauricio Carrasco, Alcalde de Quintero

"Seguiremos insistiendo que no actuaron con dolo, no ocultaron ni omitieron o falsearon información. Por el contrario, todos actuaron correctamente"

Enap