Diputados bolivianos aprueban ley que favorecería a Morales
BOLIVIA. Iniciativa establece garantías para autoridades de Estado.
El expresidente boliviano Evo Morales, exfuncionarios de su Gobierno y líderes sociales podrían verse protegidos por una ley aprobada ayer por la Cámara de Diputados, que busca evitar su persecución a pesar de que el Gobierno interino ha dicho que no promulgará una norma que fomenta la impunidad.
Morales, quien renunció a la Presidencia el pasado 10 de noviembre y se encuentra asilado en México, es acusado por el Gobierno de transición de Bolivia de delitos como terrorismo y sedición. También se culpa a actuales funcionarios, exautoridades y dirigentes sindicales de haber participado en actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada.
No busca impunidad
"Quiero señalar firmemente que esta ley de garantías de los derechos constitucionales no es una ley que busca la impunidad", expresó el presidente de la Cámara baja, Sergio Choque, en un video difundido en redes sociales de la entidad.
"Esta ley no es más que la consolidación de los acuerdos que se llegaron con la participación de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y otros entes internacionales", agregó.
El proyecto legislativo del MAS que se analizó, pues el texto final aprobado no ha trascendido, puntualizaba en el artículo séptimo que no debe haber persecución política. Además, establecía garantías para las autoridades de Estado, como el presidente y vicepresidente, y autoridades de judiciales, entre otros.
"No va a promulgar"
La ministra interina de Comunicación, Roxana Lizárraga, ratificó la postura de la presidenta de transición, Jeanine Áñez, de que "no va a promulgar" esa norma.
El texto ahora está bajo la observación del Senado, también controlado por el MAS.
"Garantías constitucionales no pueden existir para personas, organizaciones, miembros que hayan causado daño a los bolivianos", recalcó la ministra.
"Si no promulga (el Gobierno), nosotros vamos a hacer respetar la Constitución Política del Estado", aseveró el diputado del MAS Henry Cabrera, que abrió la posibilidad de convocar a una nueva sesión del Parlamento para que sea esa instancia que ponga en vigencia la ley.