Claudio Ramírez
Hace una semana fue el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso (CRCP), Pier-Paolo Zaccarelli, quien señaló que la actual crisis era producto de una falla sistémica, incluidos los empresarios. "Aquí todos fallamos", asumió.
Luego fue el turno del líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien realizó una autocrítica sentida al sector. "Yo creo que ya es hora que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel duras y efectivas", comentó a Radio Cooperativa, remarcando el perjuicio que tiene para el empresariado las malas prácticas de algunos pues terminan perjudicando a todos.
Problema grave
Al respecto, el presidente de la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), Ricardo Guerra, también reconoce un conflicto.
"Hoy tenemos un problema grave, el empresariado de algún modo tiene una imagen deteriorada en la comunidad y eso debe mejorar con realidades porque una cosa son los discursos y otra son los hechos" subrayó, añadiendo que es necesario interactuar más con la comunidad.
"Hay que cambiar esta imagen y que la gente pueda entender el verdadero propósito del empresariado como actor social. Desde ese punto de vista, me parece obviamente que cualquier delito o acto reñido con la ley que un empresario o un grupo de empresarios cometa, debe ser llevado a la justicia y ser sancionado".
Respecto a la sanción, comentó que las personas que han protagonizado los llamados delitos "de cuello y corbata" deben recibir el castigo que les corresponda en base al ordenamiento jurídico.
"Tenemos un poder judicial, tenemos leyes y normas. Y quienes están para aplicar la ley y las penas que correspondan, deben hacerlo. Lo que importa es que tenemos organismos fiscalizadores que tienen que hacer la pega. Porque yo creo que aquí también a los organismos fiscalizadores les han pasado un montón de goles", enfatizó.
¿clases de ética?
Sin embargo, reconoció que castigos como clases de ética ya no deben tener lugar. "Ese tipo de cosas no. Concuerdo que debemos tener sanciones de verdad, pero no sólo tiene que ser cárcel porque pienso que la cosa no va tanto por ahí. Tiene que ser una sanción ejemplarizadora, pero eso tiene que depender de la magnitud del delito que cometió la persona. Puede que la sociedad determine que en un cierto tipo de delito corresponda aquello, pero eso no significa generalizar", remarcó.
A su juicio, la mayoría de los temas que han ocurrido y que son de público conocimiento adolecieron de un trabajo profesional, ordenado y coordinado de todos los organismos fiscalizadores.
"Entonces por un lado creo que debemos tener reglas claras y tenemos que exigirles a todos que las cumplan, debemos tener un Estado eficiente que controle dicho cumplimiento", sostuvo.
El empresario del rubro alimentario, José Gil, se mostró de acuerdo con las palabras de Swett. "Coincido con la opinión del presidente de la CPC, en el sentido de que la ley hay que aplicarla por igual a cualquier ciudadano de este país no importando cuál sea su posición económica o política", subrayó.
Junto con ello lamentó que en la opinión pública se tienda a generalizar a partir de los sucesos conocidos. "Esto tampoco puede significar que porque unos cometen delito se va a enlodar a todo el empresariado porque no es así (...) En todas partes y en todas las cosas hay buenos y malos, el problema es cuando se tiende a generalizar", precisó.
"antiabuso"
Al cierre de la presente edición, el Presidente Sebastián Piñera presentó una serie de proyectos que se enmarcan dentro de la denominada "agenda antiabusos" (ver página 14).
"Es muy importante trabajar esa agenda antiabusos y cada acción, cada actividad que se desarrolle y que esté fuera del contexto de la ley, fuera de la norma regulatoria, debe tener una sanción. Ahora, ¿cuál es la sanción? Pienso que eso tiene que estudiarse y hay que ponerse de acuerdo entre la comunidad, la justicia y en definitiva la sociedad toda respecto a cómo se va a sancionar ese tipo de delitos", dijo Guerra.
Sanciones claras
En ese contexto, más allá de lo que se disponga, el líder de Asiva estima que lo principal es claridad y, a partir de eso, cumplimiento estricto y una fiscalización adecuada.
"Lo importante es que tengamos las sanciones claras. Si nosotros tenemos reglas conocidas por todos, organismos que fiscalicen que ellas se cumplan y que las sanciones sean aplicadas por igual dando lo mismo qué empresa es, qué apellido tiene y a qué grupo pertenece, vamos por el camino correcto", advirtió.
Reconoce asimismo que hay delitos más graves que otros, y que probablemente el Estado debe definirlos. "Y si eso afecta a toda la sociedad, el Estado puede determinar si eso merece cárcel. En ese caso tenemos que exigir que se cumpla", concluyó.
"Tiene que ser una sanción ejemplarizadora, pero eso tiene que depender de la magnitud del delito que cometió la persona"
Ricardo Guerra, Presidente de Asiva
