Apuntes constitucionales
El proceso constituyente que se avecina debe ser visado y discutido por todas las partes involucradas. Sólo así se sellará su validez. "Una sabia administración antes de hacer una innovación debe ilustrar la opinión, poniendo con claridad los bienes que pueden resultar, y los males a evitar".
La primera edición de la Revista de Valparaíso, publicada por la Imprenta del Comercio de febrero de 1848 -disponible en el sitio web de Memoria Chilena- recoge un interesante ensayo de 1834 titulado Teoría de un Sistema Administrativo y Económico para la República de Chile: Cómo podría establecerse la moral en la República, una suerte de reflexión sobre la necesidad de una nueva Carta Fundamental, discusión que hoy pareciera más vigente que nunca.
En aquel entonces, tras los reglamentos de la Patria Vieja, la Constitución provisoria de 1818 y la política de 1822, se sucedieron sendos ensayos constitucionales, cuales fueron los de 1823, las leyes federales de 1826 y la política de 1828. Entonces, ya en tiempos de la República, es cuando nacen las constituciones modernas, específicamente la de 1833, aprobada por la Gran Convención de ese año, basada en un texto de Mariano Egaña y con el apoyo de Gandarillas, Tocornal, Echevers y otros, estableciendo una República Presidencial, el Congreso Nacional bicameral como poder legislativo y la independencia de los tribunales, con el catolicismo como religión oficial. Duraría poco menos de un siglo, hasta la Constitución de 1925, promulgada por Arturo Alessandri Palma.
Es en ese contexto, la del primer quinquenio de José Joaquín Prieto (1831-1836), cuando se publica la siguiente reflexión, que apuntaba a la Carta Magna.
"Todas las instituciones, que se den a los pueblos serán inconsistentes si la moral de éstos es corrompida y viciosa. Las mejores leyes, los reglamentos más útiles, y las reformas más necesarias serán mal recibidas. Los gobiernos, para conseguir su objeto, inútilmente harán uso de todo su poder, la energía apresurará su ruina, y siempre los usos, los hábitos, y las costumbres triunfarán de (sobre) las más sabias empresas. Una nación no puede recibir otras instituciones, (más) que aquellas que se hallen en consonancia con su ilustración, cuya utilidad sea manifiesta, y cuyos resultados prometan verdaderos bienes. Obligar a los pueblos a recibir leyes que desconocen y contrarían sus costumbres es empeorar su suerte, y prepararlos al desorden y a la resistencia. Una sabia administración antes de hacer una innovación debe ilustrar la opinión, poniendo con claridad los bienes que pueden resultar, los males que se van a evitar, y suspender todo hasta no haber logrado un perfecto convencimiento de la utilidad de su planes. La oposición, que en un gobierno libre es indispensable, lejos de dañar la causa de la verdad, servirá a ponerla más a en claro con tal que haya libertad de imprenta".
Por lo mismo, casi 180 años más tarde y ad portas de un nuevo proceso basal para la historia del país, quizás sea bueno recuperar ese espíritu ilustrativo y educar -por todos los medios posibles- al país sobre los alcances, derechos y también deberes, de una nueva Constitución.
Tal tarea, obviamente, no puede quedar supeditada exclusivamente a los partidos políticos ni a los vociferantes.