Desde el año 2012 que la Fiscalía Marítima de la Armada está indagando los varamientos de carbón en la playa de Ventanas, en Puchuncaví, tiempo que -según precisó el diputado Andrés Longton- , es excesivo y a la fecha -pese a que siguen ocurriendo hechos contaminantes- no hay responsables.

Está situación, para el parlamentario es preocupante por lo que informó que está realizando gestiones para disminuir los plazos de las investigaciones sumariales y encontrar responsabilidades respecto a los hechos contaminantes.

"Lo que me llama la atención y que tiene que ver con la reglamentación y el Decreto de Ley 2222, es que en el fondo tienen un procedimiento que es laxo desde el punto de vista que es muy flexible, que no tiene etapas definidas para poder llevar los procesos con tiempos acotados. Eso hace que, en el fondo, la autoridad marítima tenga la capacidad de extender eternamente los procedimientos producto de que la contraparte presenta nuevos reclamos, nuevas pruebas", dijo Longton.

Acotó que "se van presentando prueba tras prueba y no se va cerrando nunca el proceso. Me parece que acá hay un problema de cómo están establecidas las reglas lo que hace que los procedimientos se alarguen eternamente. Además, las sanciones son muy bajas porque este decreto no se ha actualizado".

REUNIÓN CON MINISTRO

Por esta razón, precisó Longton, "tengo visto reunirme con el ministro de Defensa (Alberto Espina) para plantear la situación, precisamente para poder actualizar el decreto de ley y por otro lado, lo más importante, actualizar las normas de procedimientos para que no se alarguen eternamente. Además, oficiaré a la Armada para tener mayores antecedentes".

Longton, precisó que la situación se debe controlar cuanto antes porque día a día hay más varamientos de carbón. Este año los episodios llegan a casi 200 casos, número mayor que el 2018.

Cristián Rodríguez F.

La quema de una bandera de Chile instalada en el frontis del edificio de la Intendencia Regional de Valparaíso, ubicada en calle Melgarejo 669, volvió a abrir la discusión respecto de las condiciones de seguridad que brinda el inmueble a los cientos de funcionarios que allí trabajan.

Sólo un día antes, el recinto había sido testigo de uno de los enfrentamientos más violentos desde el estallido social, cuando cerca de 300 manifestantes las emprendieron contra personal de Carabineros y el mobiliario público y privado de la plaza Aníbal Pinto durante la madrugada del Año Nuevo.

El problema, sin embargo, es que diferentes testigos aseguraron que antes de los destrozos los encapuchados justamente habían intentado incendiar la sede del Gobierno Regional, a la que le lanzaron una gran cantidad de bombas molotov y piedras. De hecho, una de las principales barricadas que se levantó en esa noche fue en la intersección de calle Blanco con Melgarejo.

Un nuevo incidente que se suma a una larga lista que arrastra el edificio de la Intendencia desde el inicio de las movilizaciones sociales en la región. Ya a mediados de diciembre el recinto también había sido atacado con bombas molotov, mientras que al inicio del estallido fue una de las primeras instituciones en ser vulnerada por los manifestantes.

Edificio "vulnerable"

La compleja situación ha sido discutida en varias oportunidades por las personas que trabajan en el edificio, que además suele estar con un alto flujo de gente por los distintos trámites que allí se realizan.

Y si bien el gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, aseguró que a la fecha no se ha reportado ningún trabajador lesionado, tanto las asociaciones de funcionarios como los representantes de distintos servicios y organismos han advertido sobre las complejas condiciones de trabajo en que se encuentran.

"Es preocupante que en determinadas oportunidades el ingreso se ha visto forzado por los manifestantes. Aparentemente el personal de guardias administrativos no alcanza a contener las situaciones, y aunque la mayoría de las veces hay personal policial, no siempre están", expuso el presidente del Consejo Regional, Juan Arriagada, cuyo salón plenario se encuentra alojado en el cuarto piso.

A juicio del titular del Core, el edificio de Melgarejo "no fue construido con especiales condiciones de seguridad y, por lo mismo, es bastante vulnerable, lo que hace que exista siempre la posibilidad de que pueda ser ocupado por la fuerza".

En ese contexto, Arriagada recordó que décadas atrás, mientras se desempeñaba como seremi de Gobierno, "hubo pisos que fueron ocupados y tomados a la fuerza por manifestaciones políticas, por lo que efectivamente la seguridad de los trabajadores y del público es un tema a analizar".

Por lo mismo, instó a que los encargados de la administración del edificio -que recae en un concesionario privado- puedan definir nuevos protocolos de seguridad y de evacuación ante cualquier situación. Asimismo, propuso que se solicite la opinión de Carabineros y un informe con carácter de urgente a Bomberos, para así conocer con exactitud las condiciones de seguridad del concurrido inmueble.

Asociaciones en alerta

Desde que se inició el estallido social en la zona el pasado 19 de octubre, la principal preocupación ha estado puesta en los primeros dos pisos del inmueble, donde funciona la administración del edificio conocido como Esmeralda, y las oficinas regionales del Servicio de Impuestos Internos (SII).

De acuerdo a lo que relató a este Diario uno de los guardias privados del recinto, quien prefirió omitir su nombre, la situación en los últimos dos meses y medio "ha sido bastante compleja porque no contamos con los medios para evitar el ingreso de los encapuchados".

"Estamos bien preocupados, porque cada noche se queda sólo un guardia con un funcionario de Carabineros al interior del edificio. Ahora se ha reforzado un poco más, pero las condiciones de seguridad no son las mejores, y por lo mismo el edificio ha sido vulnerado varias veces", relató.

En la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Valparaíso, en tanto, también aseguraron estar monitoreando la situación, precisando que "diariamente nos hemos preocupado por la seguridad de nuestra gente", disponiendo del término anticipado de las jornadas laborales durante las primeras semanas del estallido social en la región.

"Lo primordial es el resguardo de la seguridad personal de los funcionarios, y eso está consagrado en el propio Estatuto Administrativo y en dictámenes de la Contraloría", expusieron en la asociación.

Justamente uno de los asuntos que más se ha recalcado durante estos meses al interior del edificio es que los funcionarios tienen el derecho a abandonar sus puestos de trabajo -previo aviso a sus jefaturas- si es que consideran que su integridad corre peligro.

De todas maneras, y pese a los ataques que ha recibido el recinto y los inevitables cuestionamientos por parte de los funcionarios, el gobernador de Valparaíso calificó como "positiva" la seguridad entregada.

Sin daños estructurales

"Pese a que hemos tenido jornadas bastante complejas en las que se ha intentado quemar o ingresar al edificio, la verdad es que la respuesta que hemos brindado -gracias al compromiso del personal que trabaja en el interior y el apoyo de las policías- nos ha permitido no sufrir alteraciones mayores", destacó el gobernador.

En cuanto al personal dispuesto en el inmueble, Le Dantec precisó que la mayor o menor presencia de funcionarios policiales "depende de las estrategias que se vayan definiendo en función de la contingencia". Además, aseguró que existe una coordinación entre los encargados de seguridad de cada piso y los jefes de servicio, para que "se den las facilidades a todos los trabajadores para evacuar de forma segura en caso de que sea lo más conveniente en ese minuto".

"El edificio no fue construido con condiciones de seguridad especiales. Por lo mismo, es bastante vulnerable, lo que hace que exista siempre la posibilidad de que pueda ser ocupado por la fuerza"

Juan Arriagada, Presidente del Core