La Sala de la Cámara de Diputados aprobó ayer en general y en particular el proyecto que moderniza el sistema notarial y registral chileno, propuesta ingresada a trámite en septiembre de 2018 por el Ejecutivo, por lo que ahora pasó segundo trámite legislativo.

La iniciativa, que reúne en un solo cuerpo aspectos de otros proyectos de ley que ya habían iniciado su tramitación en 2012 y 2013, propone un nuevo sistema de nombramiento, que reduce las barreras de entrada y disminuye la discrecionalidad en el nombramiento.

Asimismo, encarga la fiscalización del sistema a la Fiscalía Judicial, institución ya existente en el Poder Judicial y que dentro de sus funciones se encuentra vigilar la conducta funcionaria de ministros, tribunales y empleados del orden judicial.

El proyecto también promueve la obligación de contar con sistemas tecnológicos y medios telemáticos que permitan realizar trámites y consultar información de forma remota, suscribir instrumentos mediante firma electrónica y su interconectividad con otros sistemas y plataformas.

Resta facultad

Cabe consignar que el proyecto define el procedimiento para proveer los cargos de notario, conservador y archivero, los cuales serán resueltos finalmente por un Consejo Resolutivo encargado de manera específica para esta materia, tras una terna propuesta por la Corte de Apelaciones respectiva.

Sobre este punto se detallan normas para impugnación de las resoluciones y, en forma complementaria a la norma principal, el texto resta la facultad al Presidente de la República de realizar permutas o traslados respecto de los notarios, conservadores y archiveros.

Para la creación de nuevas notarías, el Jefe de Estado deberá considerar necesariamente que la actividad económica así lo requiera; que sea necesario para brindar un adecuado acceso a las gestiones y servicios notariales a los habitantes de un determinado territorio, comuna o agrupación de comunas; y contratos realizados por cada notaría en cada territorio jurisdiccional, entre otras consideraciones. En cualquier caso, el Presidente de la República requerirá de informes de la respectiva Corte de Apelaciones y del Ministerio de Justicia.

La iniciativa también crea la figura de "fedatarios", esto es, un ministro de fe, con competencia a nivel nacional y con presencia en cada una de las comunas de país, facultado para realizar algunas de las funciones hoy de ejercicio exclusivo de los notarios, en particular.

El proyecto que precisa la infracción por estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas en situación de discapacidad, sin tener derecho a ello, quedó en condiciones de convertirse en ley de la República.

La moción, respaldada por unanimidad, precisa dicha falta y unifica criterios, hasta ahora distintos, contenidos en las leyes de igualdad e inclusión social de personas con discapacidad y del tránsito, para sancionar el estacionarse en un lugar destinado exclusivamente para personas con discapacidad.

En este sentido, una califica como infracción o contravención grave "usar indebidamente estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad", mientras que la otra determina como menos grave "estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello".

Para resolver el punto, el proyecto arraiga la sanción sólo a la disposición que la define como una falta grave, por lo que ahora los infractores deberán cancelar entre 1 y 1,5 UTM.