En teoría, pintaba bien. Después de doce años de concesión, el accionista mayoritario de Santiago Wanderers -el empresario viñamarino Nicolás Ibáñez Scott- decidía devolver el club a los socios. Cuando la sociedad anónima caturra recibió el equipo, arrastraba una deuda de casi dos mil millones de pesos y había descendido a Primera B. Hoy la determinación era entregarlo sin pasivo alguno, por medio de un inédito proceso de cesión accionaria, con el 2020 totalmente financiado y el club recientemente ascendido a la Serie de Honor, tras un largo pataleo ante las medidas iniciales tomadas por la ANFP después de la forzada finalización de los torneos producto del estallido social.

En ese escenario, parecía algo bonito, generoso, hasta épico. ¿Qué podía salir mal? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué terminó el presidente, Rafael González, convertido en candidato a la Corporación y enfrentado con Mario Oyer? ¿Por qué volvieron al Puerto la desconfianza y los rumores sobre la "letra chica"?

Una serie de decisiones cuestionables respecto de la forma en que se haría este traspaso de acciones a la Corporación Santiago Wanderers -agrupación que congrega a los abonados del club- crispó los ánimos y provocó que las diferencias se agudizaran.

Sin pretender dictar cátedra alguna, menos en los tiempos que corren, la lectura que hacen del país los dueños y administradores del club pareciera estar anclada en el pasado, tal vez en los noventa, o quizás en los días previos al 18 de octubre de 2019. Lo cierto es que los cambios vertiginosos que se han vivido en los últimos meses no fueron tomados en cuenta por Ibáñez y, lo que no deja de sorprender, tampoco por ninguno de sus asesores más cercanos, quienes insisten en una lógica binaria propia de la Guerra Fría y el viejo clivaje de izquierda vs. derecha.

Y eso es muy raro, porque finalmente terminan siendo una suerte de Jorge Sharp y compañía, pero del otro lado del espejo.

Centrar la discusión en la capacidad económica de las personas para otorgarles derechos (cual fue la última exigencia de Sports Entertainment International sobre la postergación de los socios sin capacidad de pago, la cual fue rechazada por la Corporación) parece un debate de otro siglo, de otro Chile.

Por lo mismo, los legítimos reparos que se podrían realizar a un sistema electoral que decidiría el futuro del club parecieran diluirse en la torpeza de las formas, transformando esto en una zafacoca de entidades y personas que debieran estar unidas por sus colores, lo que es visto con preocupación en el resto del país.

No es exagerado decir que hay inquietud en la dirigencia del fútbol chileno por lo que ocurre en Wanderers. El ejemplo del Decano, que pudo ser virtuoso, podría ser el germen que desestabilice al resto de los clubes, todos manejados hoy por S.A.

Hasta ahora, los coletazos de la crisis social fueron graves para la industria futbolística, pero sus decisiones -con correcciones y reprogramaciones mediante- le permitieron seguir con vida.

Sin embargo, la base del sistema que es la Ley 20.019, que creó las sociedades anónimas deportivas y, en la práctica, privatizó este deporte, no ha sufrido cuestionamientos de fondo.

El empoderamiento que podría generarse por parte de los wanderinos, unido a casos como el de Deportes Concepción, que vuelve al profesionalismo como una S.A. de propiedad de sus hinchas, demuestran que otro fútbol es posible.

¿Qué fútbol es ése? Tal es la gran incógnita a responder.