"Es mejor que los recorridos sean reemplazados cuando funcionan mal".
Gloria Hutt
Ministra de Transportes, al anunciar implementación del sistema RED en el recorrido Valparaíso-Placilla
"Vamos a seguir haciendo diligencias con empresas del cordón industrial".
Ana María Aldana
Fiscal del Biobío, quien encabeza investigación por varamientos de carbón en la bahía de Quintero
En la hoja de ruta de los violentistas, lógicamente está un boicot contra el Festival de la Canción. No se necesita Big Data ni cosa parecida para sacar esa conclusión tras el análisis de decenas, cientos de mensajes en redes sociales "funando" el tradicional certamen viñamarino.
Es comprensible que así sea, pues el Festival es parte de la liturgia del neoliberalismo y merece ser enviado a la hoguera, idea consecuente con la acción de los grupos que usan, junto a consignas odiosas, el fuego como arma liberadora. Además, la versión 2020 del espectáculo, nacido en 1960, es una expresión de normalidad y la lucha de los últimos meses rechaza la normalidad y busca alterar sus manifestaciones; caso concreto, la maltratada PSU.
Bueno, pero la función debe continuar, viejo dicho de la farándula y con atención hay que seguir pistas en el ciberespacio con el fin de ir definiendo amenazas concretas, estrategias, organizaciones y, cosa difícil, autores.
La PDI, mediante su unidad del Cibercrimen, está alerta ante las amenazas, afirma el prefecto Iván Villanueva, responsable de la seguridad del recinto del Festival. Da cuenta que la misma tarea preventiva se ha realizado para el Festival de Las Condes y el reciente de Olmué, que cerró sin mayores problemas. Advierte el policía que las amenazas detectadas en las redes "quieren generar miedo" y agrega que la información recogida es entregada al Ministerio Público y en caso que proceda se detiene a "cualquier responsable que pudiera comprometer la seguridad de alguien".
Pero la seguridad no sólo inquieta a las policías, también preocupa a los concejales de la Municipalidad, en último término, propietaria del Festival. Pamela Hodar, UDI, pide extremar las medidas de seguridad, mientras que Marcela Varas, PPD, llama a una acción mancomunada al interior de la Corporación y Carlos Williams, independiente cercano a RN, insiste en la seguridad para evitar "hechos que después estemos lamentando".
La seguridad refiere al acceso al recinto de la Quinta Vergara y también a la realización misma del espectáculo, considerando la presencia de 15 mil personas y sus reacciones en diversas situaciones, más allá de antorchas y gaviotas. Las pifias y pancartas -próspera industria de estos días- buscarán pantalla, como buscan pantalla también quienes desde el anonimato del ciberespacio quieren sabotear el evento.
Los artistas, desde el escenario, tendrán sin duda preparado algún discurso "consecuente" que, se espera, no caiga en la trampa de la consigna fácil. En fin, todo eso es parte del Festival que no se puede sustraer a la realidad actual, lo que significa seguridad preventiva y reactiva, cautelando tanto la integridad del público como la normalidad del espectáculo.
La Intendencia busca ahorrar en gastos de escuelas, haciendo empastar textos de enseñanza escolar a detenidas en la Casa Correccional. Esta labor permite alargar la vida útil de los libros encuadernados y empastados, al ínfimo precio de 2 centavos cada uno, y da ingresos a las mujeres encerradas, lo que muy apreciado.
El vapor "Rosita" con una carga de combustible con destino a Talcahuano, a poco de zarpar de Valparaíso esta mañana ha sufrido un principio de incendio, lo que constituye una gravísima situación. La Gobernación Marítima ha enviado al remolcador "Mataquito" para auxiliar a la tripulación y cooperar en la extinción del fuego.
Treinta menores de un total de 51 víctimas han perecido por inmersión en 23 días transcurridos de este mes, en playas, tranques, canales, ríos y lagos del país. Este número corresponde a los partes de la Dirección General de Carabineros. La cifra es alta, pero es posible que los muertos en aguas sean aun más.
En Chile, más de 545 mil personas, entre 18 y 44 años, presentan alguna situación de discapacidad, De esta población, sólo el 9,1% cuenta con estudios superiores, a diferencia del 20% de las personas sin discapacidad, lo que se debe en gran medida a las barreras para el acceso y más aún para el desarrollo en un sistema educativo que les permita egresar e incorporarse al mundo laboral, ya sea de manera dependiente o independiente.
Lo anterior constituye una brecha y un incumplimiento de nuestro país con las personas con discapacidad, ya que la Convención Internacional sobre los Derechos de esta población, ratificada por Chile en 2008, obliga a los estados a garantizar una inclusión en la educación que sea transversal a todos los niveles.
Con relación al acceso en la educación superior, este año ocurrió un hito en la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria, ya que se aprobaron 1.324 solicitudes de adecuaciones y apoyos de personas con discapacidad, lo que permitió doblar la cantidad de estudiantes en esta situación que rindieran la prueba. Sin embargo, esto no agota las posibilidades para que las y los estudiantes con discapacidad puedan ser parte de una educación inclusiva tanto en la etapa escolar como en el nivel superior.
En la actualidad, la Ley N° 20.422 establece que las instituciones de educación técnico-profesional y universitaria deben garantizar ajustes razonables para el acceso de las personas con discapacidad y para el óptimo desempeño de estas en el aula. No obstante, se desconocen los estándares para este tipo de iniciativas.
Es así, que las recomendaciones para una política pública efectiva en esta materia apuntan directamente a elaborar una reglamentación específica que asegure el acceso y participación de estudiantes con discapacidad, generando mecanismos que favorezcan la transición desde la enseñanza media a superior, fomentando un trabajo colaborativo que articule a los actores del ecosistema de educación para que esta población tenga claridad de la ruta y apoyos existentes no sólo para el ingreso, sino para la permanencia y egreso en igualdad de condiciones.
Por último, urge contar con una línea de base que nos permita identificar el estatus actual de inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel superior y, a su vez, contar con una sistematización de datos para el diseño de políticas y programas focalizados en derribar las barreras que hoy no les permiten ser parte del desarrollo de manera autónoma como sujetos de derecho y no de protección.
En esta línea, es que Fundación Descúbreme, como aliado oficial de Zero Project en Latinoamérica, iniciativa internacional de investigación y conocimiento compartido sobre políticas y prácticas de inclusión social de personas con discapacidad, traerá en el mes de junio la conferencia del mismo nombre a Santiago, para poder acercar a gobiernos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil en la región a las 84 prácticas y políticas innovadoras de educación inclusiva que fueron premiadas de un total de 316 postulantes a nivel global y que dan paso a la construcción de un mundo sin barreras para las personas con discapacidad.