Gonzalo Blumel está de dueño de casa en La Moneda. Mientras el Presidente Sebastián Piñera esté de vacaciones, él será el primer anfitrión en la casa de Gobierno. Han sido semanas movidas para el ministro del Interior y Seguridad Pública, porque aparte de coordinar al equipo político, en materia de orden público tuvo que abordar diversos flancos: desde el nuevo boicot a la PSU hasta las denuncias de golpizas que denunciaron jóvenes de Puente Alto y que terminaron hace 48 con la intervención de una comisaría entera.

Cuando no está en terreno, Blumel tiene en Palacio acceso a una sala de monitoreo y en diferentes pantallas puede tomar contacto con cada intendente para evaluar la situación del orden público. Esta semana, sin embargo, decidió acompañar personalmente al de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, cuando enfrentó las dos jornadas de acusación constitucional de las que salió vencedor. Al jefe del gabinete le importaba especialmente el proceso, porque "si prosperaba, ya habían anunciado una serie de acusaciones contra intendentes de distintas regiones, de Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Los Ríos. Eso podría provocar un efecto en cadena que debilite as facultades de las autoridades regionales para el cumplimiento de sus funciones de orden público. Hubiera sido muy grave", enfatiza el secretario de Estado.

El ministro Blumel explica que "desde la crisis del 18 de octubre hemos implementado una nueva estrategia de control de orden público. Primero, tener un trabajo más estrecho con los territorios. El trabajo que se realiza con las intendencias y los jefes de zona de la policía es muy importante. De hecho, se introdujo un cambio importante en Carabineros al implementar una reestructuración de lo que se conocía como las Fuerzas Especiales. Ahora se desarrolló una nueva Prefectura de Control de Orden Público, donde se pasa de un modelo centralizado de control de orden público que depende de Santiago, a un modelo descentralizado, donde las regiones tienen un rol importante: son los jefes de zona, a partir del mando que tienen por los intendentes, los responsables de cautelar la seguridad, la tranquilidad y el orden público en cada región. Junto con eso, estamos reforzando a las regiones en cuanto al equipamiento y las tecnologías, por ejemplo, con centros de monitoreo y drones, y la renovación de los equipamientos obsoletos".

-¿Han inyectado muchos recursos o prevén hacerlo? Uno ve algunas patrullas con todos vidrios trizados.

-Hemos tenido un deterioro importante. No solo al equipamiento de las policías, también a la integridad de los mismos efectivos policiales. A la fecha tenemos 4.224 carabineros lesionados desde el 18 de octubre. Algunos de gravedad. Hemos tenido 1.275 vehículos policiales atacados y 427 ataques a cuarteles policiales.

-¿Ha sido difícil controlar la seguridad en regiones?

-Yo creo que en todo el país. Toda región tiene una realidad diferente. Por eso hemos fortalecido el trabajo territorial con los Intendentes y jefes de zona, para atender cada realidad con su propia particularidad, aun cuando las cifras indiquen que desde octubre hubo un descenso grande en cuanto a los eventos graves. En octubre en promedio teníamos 100 eventos graves al día, como saqueos o incendios, en noviembre teníamos 40 eventos, en diciembre tuvimos entre tres y cuatro por día. En enero tuvimos tres eventos graves por día.

-En una escala de calificación simple, de nada a insostenible, ¿cómo situaría el nivel de violencia en el país?

-Aunque han disminuido los niveles de violencia de forma importante, todavía la situación está lejos de lo que queremos como Gobierno. Por eso hemos implementado una agenda en esta materia. Tiene tres pilares fundamentales: una agenda legislativa, que buscamos que reduzca la sensación de impunidad y que se sancione con penas más graves los delitos al orden público, como la ley antisaqueos. De hecho, en su primera semana de instalación, nosotros presentamos cinco querellas contra 42 personas y hay 16 imputados que quedaron con prisión preventiva o arresto domiciliario. El resto con otros tipos de medidas cautelares. Eso muestra que genera efectividad en reducir la impunidad ante estos tipos de delitos. Hay otros proyectos como la infraestructura crítica, la nueva ley de inteligencia y el proyecto de modernización de Carabineros, que son de carácter institucional, pero que son importantes para fortalecer estas instituciones, que son centrales para avanzar en orden público. Esperemos que en marzo se puedan aprobar. En segundo lugar, tenemos una nueva estrategia de orden público, con más presencia y tecnología en el territorio, con mecanismos de evaluación permanente para tener proceso de mejora continua en cuanto a la implementación de las estrategias policiales. Y lo tercero que convocamos un consejo para la reforma a Carabineros, que terminó la semana pasada su trabajo, emitió un informe que lo tiene el Presidente de la República.

-Manuel Monsalve dijo que su bancada, la del Partido Socialista, no daría los votos al proyecto de infraestructura crítica. ¿Cómo ve esta acción?

-Espero que recapaciten. En general, hay sectores de izquierda que no han colaborado definitivamente. Buscan obstaculizar el avance de la agenda de seguridad y el orden público. Por ejemplo, la ley antibarricadas fue rechazada el Frente Amplio, el Partido Comunista y el PS en la Cámara de Diputados. Uno espera que, en vez de obstaculizar en un tema central para la ciudadanía, todos los sectores políticos tuviéramos la capacidad para acordar darle herramientas a las instituciones de orden. Hay que reflexionar que el orden público es una garantía democrática fundamental. Sin esto no es posible la convivencia ciudadana. Sería un grave error si no solo obstaculizan, sino que votan en contra de un proyecto que busca darles más atribuciones a las instituciones del Estado, para proteger el orden público.

-¿Reconoce que estamos ante un nivel de violencia nuevo, cuando se amenaza una jueza, revelan su dirección y llaman a funarla a su casa; o cuando amenazan a autoridades?

-La crisis del 18 de octubre gatilló una crisis social muy profunda, que tiene tres hechos fundamentales: una grave crisis de legitimidad y confianza en las principales instituciones de nuestro país; un debilitamiento de la promesa meritocrática y una sensación de trato injusto de abuso muy profundo; y el elemento más nuevo y grave, que hay ciertos sectores y actores que legitiman la violencia. Me refiero a que se validen las funas a las personas, a dirigentes sociales o políticos, solo por expresar su opinión o ejercer sus facultades de funcionario público, como los jueces, cuando se hace un homenaje a los encapuchados de la primera línea en el Congreso o cuando parlamentarios se mofan o validan ataques a efectivos policiales. Eso es gravísimo. No debemos aceptarlo. Tenemos que cumplir de forma explícita y el Pacto por la Paz, donde los que participaron se comprometieron a rechazar la violencia, apoyar la recuperación del orden público con pleno respeto a los Derechos Humanos. Hay que aislar las voces que avalan la violencia.

-Hay algunos que firmaron el acuerdo y que ya están de lado más de la violencia que de la paz.

-Diría que en general la mayor parte de la ciudadanía rechaza la violencia. Uno ve la encuesta CEP y entre el 70% u 80% de las personas rechazan los actos violentos. Pero hay voces que de una forma u otra la han validado y apoyado, y eso es antidemocrático, raya en el fascismo.

-Dentro de poco van a empezar los eventos masivos, como las eliminatorias, Lollapalozza. ¿Cómo van a enfrentarlos?

-Acá hay dos cosas. Por una parte estos eventos importantes tienen que tener el máximo compromiso de seguridad de los organizadores de los eventos. En el fútbol, el responsable es el club, así lo establece la ley. Pero como Gobierno, tenemos un compromiso con el orden público para que estos shows se realicen. Si bien en noviembre y diciembre tuvimos problemas, como no terminar el campeonato de fútbol, desde enero implementamos una nueva estrategia en materia de orden público, con mayor planificación, evaluación y con un uso más intensivo de los mecanismos de inteligencia que tienen las instituciones, que permite sacar adelante los distintos eventos o hitos relevantes de estos meses. como la PSU.

-¿Cuál es su evaluación a Carabineros? Fuad Chahín dice que la situación en la institución es ingobernable.

-Hay que reconocer que Carabineros se ha visto exigido como nunca con situaciones de violencia que no habíamos enfrentado. Han sido víctimas de ataques muy violentos. Hemos tenido dificultades muy complejas en orden público y denuncias de situaciones graves de violaciones a los derechos humanos, que son intolerables y que no van a tener impunidad.

-En concreto, ¿de qué trata la reforma? ¿Vieron otras experiencias?

-Miramos la experiencia propia, aquellas cosas que funcionan y aquellas que no, en particular en los últimos tres meses en materia de orden y derechos humanos. También nos reunimos con expertos de policías extranjeras del Reino Unido, España, Alemania y Latinoamérica, para conocer sus éxitos y sus fracasos. Sin adelantar lo que el Presidente propondrá en unas semanas más, se propone un conjunto de principios orientadores de lo que constituye una policía moderna. En segundo lugar, cambios en temas esenciales, como la formación, mecanismos de evaluación y control del poder civil y la estrategia de control de orden público con enfoque en derechos humanos. Y lo tercero son propuestas de cambios institucionales, incluyendo un cambio en la institucionalidad política, como por ejemplo la creación de un Ministerio de Seguridad Pública.

-Una corte acaba de autorizar el uso de balines en algunos tipos de protesta. Las lesiones oculares se acabaron cuando se prohibieron. ¿Qué le parece esta decisión?

-Lo primero es que las policías tienen que usar la fuerza en función de ciertos principios de proporcionalidad y necesidad. Para lograrlo, cuentan con el monopolio de la fuerza, que le entrega la Constitución y la ley, y lo tienen que hacer guiados por esos principios. Previamente al 18 de octubre, ya habíamos actualizado en marzo 2019 los protocolos de uso de la fuerza de acuerdo con las instrucciones que surgieron de una solución amistosa en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), producto de un caso del asesinato de un joven mapuche en 2002. Lo que hemos visto post 18 de octubre es que tenemos dificultades en ese sentido y por eso también se han actualizado esos protocolos. Hay que evaluar qué medidas adicionales hay que tomar para asegurar que en las actuaciones en el control del orden público se respeten los derechos humanos. Valoramos que las cortes reconozcan el deber y el derecho de Carabineros de actuar con la fuerza legítima cuando corresponda. El derecho a reunión y manifestación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, pero igual el derecho fundamental que se debe ejercer sin violencia y sin arma.

-¿Reconoce que esta crisis destapó algún problema en el profesionalismo en Carabineros?

-Esta crisis mostró algo más profundo que eso y Carabineros no escapa del contexto general.

-¿Qué le pasa cuando un bloque como el Frente Amplio le dice que si no saca al general Mario Rozas lo va a acusar constitucionalmente en marzo?

-Uno actúa en la vida y especialmente en política por convicción. Mi deber como ministro del Interior y Seguridad Pública es cumplir con mis obligaciones: darles seguridad y resguardo a los derechos de las personas. Yo voy a seguir cumpliendo. Espero que después del rechazo a la acusación del Intendente Guevara podamos avanzar hacia una nueva etapa y dejemos atrás esta etapa de permanente confrontación y disputa entre los distintos sectores políticos. Las personas esperan soluciones, espero que el Frente Amplio se sume y no siga en esta estrategia de polarizar, que en poco contribuye.

-En ese sentido, Mario Desbordes ha iniciado un camino de más diálogo y más contacto con la oposición, pero tampoco le fue muy bien por la UDI y Evópoli.

-Como coalición hemos enfrentado dificultades importantes en la última semana y en los meses para mantener la unidad. Lo que hemos dicho como Gobierno es que necesitamos una coalición unida y por eso el diálogo es siempre bienvenido, pero desde la base de poder encausar a través de una acción coordinada y unitaria, que es fundamental para poder avanzar en la agenda.

-¿Se puede conversar con la actual oposición?

-En la oposición hay que distinguir las distintas vertientes. Hay una oposición que claramente desde el día uno de la crisis solo ha buscado agudizar los conflictos e incluso provocar quiebres institucionales. El presidente del PC pidió la renuncia del Presidente de la República el mismo 18 de octubre. Hay algunos que plantean atajos institucionales, adelantar elecciones, distintas alternativas que no recogen nuestra tradición institucional y que muestran una convicción democrática muy débil. Esa es una parte de la oposición, esperamos que cambie. Es poco probable, porque es una conducta permanente. Por otra parte, hay una oposición mucho más institucional, que es democrática, que se ha sumado al diálogo.

"En general hemos tenido una coalición que actúa en unidad. Hemos tenido dificultades en las últimas semanas y meses. Nos costó superarlas, tuvimos que conversar mucho y tomar ciertos acuerdos".

José Francisco Montecino

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SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Gonzalo Blumel visitó el viernes la 20 comisaría de puente alto, que fue intervenida.

Jose Francisco Zuñiga /AGENCIAUNO