Esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó las cifras de informalidad laboral del último trimestre 2019, revelando una tasa de ocupación informal de 30,4%, su valor más alto en los últimos 3 años.

Según estos datos, la informalidad se concentra en adultos mayores y mujeres (55,1% y 31,9%), parte de los grupos más vulnerables del país. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia representan el 49,7% del total de ocupados informales.

Sin duda, se trata de cifras preocupantes que podrían agudizarse dado el contexto social actual, donde aumenta la informalidad y la precarización de las condiciones laborales y sociales.

Pese a lo extensivo del fenómeno, se trata de una problemática invisibilizada por muchos años y que no ha sido prioritaria para el diseño de políticas públicas que permitan dar mayor protección a este sector, que representa a más de un millón de trabajadores.

Desde nuestra experiencia en Fondo Esperanza, donde trabajamos con 128 mil emprendedores de sectores vulnerables, vemos día a día los riesgos y desprotección a los que se enfrentan producto de la precariedad, tratándose en su gran mayoría de mujeres, informales y autoempleadas.

El trabajo por cuenta propia representa una alternativa para sacar adelante a familias completas. Sin embargo, no existe un marco de seguridad social que asuma las particularidades de esta realidad. Ejemplo de ello son las mujeres emprendedoras que no cuentan con garantías que le permitan conciliar su trabajo con el cuidado de los hijos. Por ello, es clave que proyectos que hoy se discuten, como sala cuna universal y otros, consideren al sector informal.

Es imperativo que reconozcamos esta realidad como sociedad e impulsemos -desde el mundo público, privado y la sociedad civil- los cambios necesarios para la desprecarización de la informalidad, la eliminación de los prejuicios que conlleva y el reconocimiento de la dignidad de miles de mujeres y hombres que han visto en el emprendimiento una posibilidad de transformar sus vidas.

Una dura refriega ocurrida en el borde costero viñamarino durante el fin de semana mostró las complejidades que tiene el combate y control del comercio ambulante en las ciudades de la Región. El incidente, que según servicios policiales involucró a más de 150 personas, surgió tras la detención de un vendedor ambulante en el sector de la Plaza San Martín, uno de los paseos peatonales más transitados durante el verano, ubicado cerca de la Playa El Sol. El procedimiento policial derivó en una extensa pelea que enfrentó a vendedores y turistas con los efectivos policiales que llegaron para apoyar a la pareja de carabineros que se encontraba en el lugar. En el conato, 14 funcionarios de la institución resultaron lesionados. Más allá del contexto social imperante, el hecho muestra con ciertas pinceladas de dramatismo las dificultades que enfrentan las autoridades para poner orden en el uso adecuado del espacio público.

Pese a los reiterados reclamos del comercio establecido y a las advertencias hechas por los propios vecinos del sector, preocupados por los problemas de aseo y seguridad que llegan asociados a dicha actividad, la proliferación de vendedores sin permiso en las avenidas del borde costero ha recrudecido este verano, y tanto inspectores municipales como representantes de la fuerza pública se han visto sobrepasados e ineficaces en su tarea.

El fenómeno -que se vive con mayor agudeza en Valparaíso y Viña del Mar, pero que está presente en todas las comunas con alta densidad urbana- tiene un origen multidimensional y su abordaje debería reunir las mismas características, esto es, sumar los esfuerzos tanto de los responsables de la seguridad y control de los espacios públicos, como de aquellas instituciones vinculadas a estudiar y enfrentar el empleo informal y los trabajadores a cuenta propia, así como los organismos dedicados al trabajo con el comercio establecido. En otras palabras, no solo deben sentirse convocados a buscar una solución los alcaldes y gobernadores, sino todos aquellos personeros relacionados con los problemas del mundo del trabajo. Bajo este prisma, el trabajo mancomunado tendría varios impactos positivos. El más evidente y urgente es la recuperación de los espacios públicos para el disfrute de los propios vecinos y visitantes, en comunas cuyos ingresos dependen intensamente de la actividad turística. Otros efectos irán desde la identificación de las redes que se aprovechan de la precariedad laboral para delinquir, a las oportunidades y sinergias que abran caminos de solución al problema del desempleo.

151 años | 12 de febrero de 1869

Chilena muere en California

Una joven nacida en este puerto ha muerto en San Francisco de California. En un periódico de esa ciudad, se informa que doña Isabel Quinteros de Roemer, de 24 años de edad, natural de Valparaíso, falleció de viruelas el pasado 2 de febrero, dejando a su esposo, 4 hijos de tierna edad y a su madre, en medio de un gran dolor.

101 años | 12 de febrero de 1919

Población civil de Francia disminuye

PARIS, 11.- En los últimos cuatro años la población civil de Francia ha disminuido en algo más de tres cuartos de millón. Ello, sin considerar, sin tomar en cuenta, las muertes producidas entre personas que laboraban en la zona norte del territorio, ni las pérdidas registradas en el conflicto bélico que acaba de terminar.

51 años | 12 de febrero de 1969

No hay sobrevivientes del buque "Santa Fe"

Tripulantes del patrullero "Lautaro" de la Armada, desembarcaron en la isla Guamblin sin encontrar vestigio de vida en ese inhóspito lugar del sur. Con ello, la Armada puso término oficial a cualquiera rebusca de posibles sobrevivientes del buque metalero "Santa fe", que desapareció en los mares australes, en agosto de 1967.